Tras la salida del presidente elegido democráticamente, la restauración conservadora dio lugar al típico e indigesto menú neoliberal: represión, criminalización de la protesta social, suba de tarifas, privatizaciones y recortes en salud y educación. Monsanto y el agronegocio, cada vez más fuertes.
Algunos medios hegemónicos siguen negándose a utilizar el término “golpe”. Otros hablan de “golpe blando”. Pero lo que ocurrió hace tres años en Paraguay fue un golpe de Estado, e interrumpió un proceso político que intentó realizar cambios profundos en un país donde las desigualdades sociales son notorias.
La derecha local e internacional, los medios hegemónicos al servicio de los poderes fácticos y el agronegocio lograron dar un golpe de Estado y dieron rienda suelta a una restauración neoliberal, con todos sus amargos ingredientes: represión, criminalización de la protesta social, ajustes, aumentos de tarifas y privatizaciones.
Es decir, en Paraguay los poderes fácticos se dieron el gusto. Lograron lo que vienen intentando perpetrar –con distintas estrategias y bajo distintas circunstancias– en Venezuela, Ecuador, Bolivia, Brasil y Argentina. Una misma matriz golpista asoma en toda la región. Los gobiernos progresistas, los que intentan una redistribución de las riquezas y la recuperación de soberanía están en la mira.
El 22 de junio de 2012 el presidente Fernando Lugo fue destituido a través de una maniobra urdida por los poderes Legislativo y Judicial, que utilizaron la denominada “Masacre de Curuguaty” para iniciar una parodia de juicio político que terminó con el mandato de Lugo por supuesto “mal desempeño de sus funciones”.
Tras la salida de Lugo se produjo una típica restauración conservadora, un retorno al “orden neoliberal” que Lugo intentó modificar.
Luego del golpe, asumió el entonces vicepresidente, Federico Franco, quien en el marco de un gobierno ilegítimo, llevó adelante políticas neoliberales que luego profundizó el actual mandatario, Horacio Cartes, que ganó las elecciones del 21 de abril de 2013. De esa forma, con el triunfo de Cartes, el orden neoliberal restaurado por la fuerza consiguió, al menos, legitimarse en lo formal, a través de las elecciones.
La masacre de Curuguaty se produjo el 15 de junio de 2012, cuando en el marco de un desalojo de unas tierras ocupadas fueron asesinados 11 campesinos y 6 policías.
Las víctimas de la matanza siguen con su reclamo de justicia, reparación y recuperación de las tierras usurpadas por la empresa Campos Morombí. Pero el gobierno continúa haciendo oídos sordos a estas reivindicaciones y defendiendo los intereses del agronegocio, un modelo que se profundiza cada vez más.
El sitio de noticias paraguayo Ea hizo un recorrido por las secuelas del golpe de Estado y sus consecuencias, que están muy presentes hoy. La represión, la persecución de los campesinos y la criminalización de la protesta social se han profundizado. Y la matanza de Curuguaty no fue un hecho aislado ni excepcional, sino todo lo contrario.
Por ejemplo, recuerda el portal Ea, el 17 de agosto de 2013, dos días después de la asunción Cartes, en una estancia en el departamento de San Pedro aparecieron muertos cuatro peones y un policía. El oficial, en su “tiempo libre”, trabajaba como guardia armado en un establecimiento ganadero. Pero el ataque fue atribuido por el gobierno al Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP).
El gobierno de Cartes, además, avanzó en materia de ajustes y recortes en salud y educación. Se aprobó la Ley de Alianza Público-Privada (APP), que permite al poder Ejecutivo concesionar al sector privado de manera unilateral todos los bienes y recursos públicos por plazos de hasta 40 años.
Los tarifazos también han estado a la orden del día en el gobierno de Cartes. Los peajes aumentaron hasta un 300 por ciento. Subió asimismo el precio del transporte urbano y se anunciaron aumentos del gas y la electricidad. Las organizaciones sociales denuncian que estas medidas son la antesala de la privatización.
La estratagema es muy conocida. Se apunta a dañar la imagen de las empresas estatales que brindan estos servicios, con tarifas altas y deficiencias en las prestaciones, para así tener una buena excusa para privatizarlas. Nada nuevo, sino todo lo contrario. Es la consabida receta neoliberal que hace estragos en cada lugar donde se aplica.
Publicado en El Eslabón
