A las imputaciones de patovicas y policías por la muerte de Gerardo Escobar se sumaron vínculos de un controlador de La Tienda con la barra de Newell’s y la banda de Los Monos. El dueño del bar, también propietario de la bailanta Yamper, lugar de ocio de los Cantero. Abogados que niegan lo que luego es evidencia y una fiscal que recalcula.
Un patovica ligado a la barrabrava de Newell’s, un presunto hilo conductor entre el controlador y Los Monos y otro entre el dueño del bar La Tienda y la banda de zona sur liderada por los Cantero complejizan la trama investigativa de la muerte de Gerardo Ezequiel Escobar, el empleado municipal de 23 años que desapareció la madrugada del 14 de agosto tras salir de ese boliche y apareció muerto en el río Paraná una semana después. La causa judicial, en la que están imputados con prisión preventiva tres patovicas y dos policías provinciales, continuará en la Justicia rosarina por decisión del juez Luis María Caterina, quien rechazó un recurso de incompetencia para que el caso fuera investigado bajo la figura de desaparición forzada de persona en los tribunales federales. Curiosamente esa decisión, en la que coincidieron la fiscal Marisol Fabbro y las defensas de los cinco acusados, beneficia a patovicas y policías puesto que uno está imputado por homicidio simple y los cuatro restantes por encubrimiento, delitos que poseen un monto de pena menor que la desaparición forzada, castigada por el código argentino con reclusión perpetua.
Un conflicto similar –aunque con resultado opuesto- se planteó en el caso de Franco Casco, el joven de Florencio Varela desaparecido en octubre pasado tras ser detenido en la comisaría 7ª y, también, encontrado muerto en el río Paraná, en el que un fiscal provincial intentó por todos los medios aferrarse al expediente en el que había policías implicados. La causa está desde principios de año en el juzgado federal Nº 3 de la ciudad.
Los casos Casco y Escobar –ninguno resuelto aún- perfilan con los datos conocidos hasta ahora, un espantoso récord de dos jóvenes asesinados y arrojados al río en diez meses en hechos que involucran a empleados del Estado cuya función consiste en garantizar la seguridad pública.
Acap leproso
A través del defensor general de Santa Fe, Gabriel Ganón, esta semana se conoció que uno de los patovicas imputados por el caso Escobar integró la barra de Newell’s. Se trata de José Luis Carlino, alias Tarta, quien en septiembre de 2010 fue incluido en una lista judicial conformada por un centenar de barras leprosos con prohibición de ingresar al Coloso del Parque Independencia, en la que también aparece el nombre de Monchi Cantero, el hermano de crianza de Los Monos, cuyo nombre es Ramón Machuca.
Esa restricción fue el resultado de una denuncia presentada por el líder de la barra, Diego Panadero Ochoa, luego de que un grupo de hinchas liderado por Maximiliano Quemadito Rodríguez y Matías Pera lo bajara a trompadas de un paraavalancha el sábado 4 de septiembre de 2010, lo dejara en calzoncillos y lo obligara a abandonar el estadio.
El Tarta Carlino, referente del barrio Saladillo en la barra leprosa, quedó afuera del estadio por participar del grupo que intentó desplazar al Panadero Ochoa, quien en su denuncia dijo que sus rivales querían vender estupefacientes en la barra. “Lo que ellos quieren es agarrar a esos referentes para venderles droga… Hay más negocios como tener relación con los policías”, denunció el humillado barrabrava.
En la causa que el juez Javier Beltramone instruyó contra Ochoa por el asesinato del Quemadito Rodríguez –hijo del autor del triple crimen de Villa Moreno, Sergio Quemado Rodríguez-, acreditó que Maximiliano administraba un búnker de venta de drogas con la cooperación de Ariel Máximo Cantero, alias Guille, uno de los jefes de Los Monos. El 5 de febrero de 2013 un disparo en la cabeza a corta distancia terminó a los 25 años con la intensa pero breve vida del Quemadito.
Esta semana Ganón recordó el pasado barrabrava de Carlino, quien se recicló como Agente de Control de Admisión y Permanencia (Acap) en La Tienda, el bar de Tucumán 1149 que fue el último lugar donde se lo vio con vida a Escobar.
La fiscal que investiga la muerte de Pichón, Marisol Fabbro, imputó esta semana al patovica Cristian Jesús Rivas como presunto autor del crimen de Escobar. A Carlino y a otro Acap del after hour, Maximiliano Amiselli, les endilgó el encubrimiento del hecho, del mismo modo que lo hizo con dos policías que prestaban servicio adicional en el boliche: César Ampuero y Luis Alberto Noya. El juez Caterina les dictó a los cinco prisión preventiva sin plazo.
Tal vez la periódica aparición de policías involucrados en delitos que deberían prevenir o reprimir ayude a la naturalización del mundo del revés. Pero en la investigación por la muerte de Escobar hay dos policías adicionales que, al advertir la golpiza de un patovica a un joven, en vez de actuar conforme a la ley cooperan con el personal de seguridad para encubrir el delito que debían amonestar.
De Yamper a La Tienda
El personal de seguridad del bar no estaba registrado, según dijeron desde el sindicato que agrupa a los patovicas, quienes pidieron al Estado regular la actividad para evitar casos como el de Escobar. En 2010 el Concejo Municipal de Rosario aprobó una ordenanza que establece una serie de requisitos para quienes desarrollan la tarea de control y admisión en la actividad nocturna, delimita sus funciones e impone sanciones por incumplimiento.
Según el concejal Diego Giuliano, el municipio no controló, al menos en lo que va de este año, al personal de seguridad del after hour. “La Tienda ha tenido una sola comprobación en el año 2015, relacionada con una insuficiente cantidad de sillas y mesas. Nunca se comprobó que funcionaba como after, a pesar de que era una tergiversación evidente, un boliche bailable con todas las letras y que abría fuera de horario”, dijo, al presentar un pedido de informes sobre el cumplimiento de la ordenanza que regula la actividad de los patovicas.
Ahora, tras la insólita declaración del secretario de Control y Convivencia Urbana del municipio, Pablo Seghezzo, quien el 21 de agosto, unas horas antes de que apareciera el cuerpo de Escobar flotando en el río Paraná, dijo que “no hay hasta ahora ningún tipo de vinculación entre La Tienda y la desaparición de Gerardo”, la Intendencia decretó la caducidad definitiva del cuestionado bar.
También se hizo público esta semana que el dueño del after hour –rubro que no existe en la legislación de la actividad nocturna de Rosario- es el comerciante Bautista Yassogna, titular de Event-Sur SRL, la firma que explotó la conocida bailanta Yamper de la zona sur. En la puerta de ese boliche de Ovidio Lagos 4564 hubo varias balaceras y en junio de 2013 murió tiroteado un policía que, otra vez, realizaba servicios adicionales. Finalmente fue clausurado por el municipio.
Según la crónica del diario El Ciudadano de esa madrugada, un rato antes del tiroteo que terminó con la vida del policía Jorge Currier, de 27 años, se había producido un altercado con –otra vez- un barra de Newell’s: Matías Pera.
El amigo del Quemadito Rodríguez había querido ingresar, sin suerte, a Yamper. Los patovicas del lugar le impidieron el acceso, Pera fue a su auto y buscó un arma, según la crónica del diario. Terminó detenido en la seccional 18ª. Una hora después, el policía Currier murió por un disparo que le ingresó por el hombre y terminó en la cabeza, al tirotearse con dos jóvenes armados que estaban en una moto frente al local bailable.
Fuentes consultadas para esta nota recordaron que al VIP (donde van las “personas importantes”) de Yamper concurrían de un modo más o menos frecuente algunos de los integrantes de la banda narco Los Monos. La noche del 26 de mayo de 2013 en que cuatro balazos interrumpieron la existencia de Claudio Pájaro Cantero, hermano de Guille, el también jefe de la banda de zona sur había estado en Yamper antes de ir al boliche de Villa Gobernador Gálvez Infinity Night, en cuya puerta fue baleado.
De acuerdo a una publicación del diario El Ciudadano del 16 de junio de 2013, el apoderado de Yamper estaba vinculado sentimentalmente con una empleada de planta de Ministerio de Seguridad, cuyo domicilio fue allanado en la investigación del juez de instrucción Juan Carlos Vienna contra Los Monos. La mujer es amiga de Vanesa Barrios, la mujer de Guille Cantero.
Cambio de boga
El 25 de febrero de 2008 Bautista Yassogna, que el 21 de noviembre próximo cumplirá 80 años, constituyó la sociedad Event-Sur SRL junto a un socio con el que se repartió la mitad de las acciones. Esa sociedad que se inició con un capital de 40 mil pesos –y con el tiempo fue cambiando de accionista pero siempre mantuvo a Yassogna como socio- es la que explotó la bailanta de Ovidio Lagos al 4500 bajo el nombre de fantasía Yamper.
El hombre de Yassogna reapareció una vez más vinculado a la crónica policial cuando el municipio informó que es quien explota el after hour La Tienda, cuyo personal de seguridad está imputado por la muerte de Escobar. Entre ellos, como se dijo, había un ex barrabrava de Newell’s y dos policías acusados por encubrimiento, uno con carpeta médica psiquiátrica.
Tras la desaparición del joven empleado municipal, el abogado Maximiliano Nicosia se presentó como el apoderado del boliche La Tienda. Su función, además de entregar voluntariamente a la Justicia las filmaciones de las cámaras de seguridad del comercio que no fue allanado para secuestrar los videos, fue despegar al Yassogna del caso.
Para eso, el abogado negó lo que con el tiempo fue evidente. En declaraciones a Radio Dos rechazó que Escobar hubiera sido golpeado –versión coincidente con la de la fiscal Fabbro tras la autopsia del cuerpo- y sembró dudas sobre la víctima: “Aportamos las imágenes a la Justicia. El chico no se fue bien, estaba tambaleante. Se retira corriendo y sobresaltado”.
En una entrevista con el programa Trascendental, de LT8, Nicosia negó enfáticamente ante la consulta del periodista José Maggi que en el local hubiese un empleado policial con carpeta médica, como luego se comprobó. Es conveniente aclarar que el abogado es una parte interesada en un caso.
Esta semana, otro abogado apareció públicamente como apoderado del bar de Yassogna. Ignacio Carbone, quien defendió a Mauricio Chupín Palavecino en la causa por el triple crimen de Villa Moreno y también patrocina al Panadero Ochoa en otro expediente, también intentó desligar al propietario de La Tienda del caso Escobar.
“Estamos en una etapa prematura de la investigación. La fiscal ha dicho que tuvo varias líneas de investigación y se inclinó sobre una, que debe ser acreditada y profundizada con pruebas. Hasta ahora, es una conjetura que tiene la fiscal que deberá demostrarse”, sostuvo sobre la imputación a los patovicas del local.
“Sin perjuicio de ello, el titular de La Tienda no va a ser responsable de actos dolosos que ocurren afuera de su alcance”, afirmó el joven abogado.
En la misma línea, argumentó que “no se puede extender una responsabilidad penal a un establecimiento. Nosotros hemos colaborado y seguiremos colaborando para esclarecer lo ocurrido, pero este hecho no se produjo dentro del local. Se dio en la vía pública”.
La investigación
Mientras tanto, los investigadores de la muerte de Escobar –cuya razón aún continúa siendo “indeterminada” para la Justicia- aguardaban, al cierre de esta edición de el eslabón, los resultados de pericias de laboratorio que pudieran determinar el motivo del deceso.
Prematuramente, la fiscal Fabbro había asegurado que el cuerpo no presentaba signos de golpes. El defensor Ganón contrarió esos dichos públicamente y recordó que había presuntas evidencia en los genitales, por lo que se realizaron extracciones enviadas a analizar a laboratorios ubicados fuera de la ciudad.
Luego de la audiencia del miércoles pasado, en la que el juez Caterina rechazó el pase de la causa a la Justicia Federal y le dictó prisión preventiva a los cinco acusados, Fabbro dijo que a partir de videos de cámaras de seguridad y de testimonios se pudo comprobar que “existió una secuencia de golpes” de, al menos, un patovica contra el joven.
La fiscal también dijo que “apareció gente que ya había declarado con anterioridad y que ahora agrega detalles sobre todo respecto a la golpiza, y hay nuevos testimonios también”.
Confrontada con sus declaraciones del día siguiente a la autopsia, Fabbro ratificó que “mantenemos el preinforme” del forense, pero agregó: “Eso no quiere decir que los golpes no hayan existido, porque dado el grado de putrefacción del cuerpo es difícil comprobar los edemas. La causa (de la muerte) aún no se sabe”, concluyó.
Pista falsa
El testimonio prestado por un chofer de colectivo de la línea 103 cuando Gerardo Escobar aún permanecía desaparecido resultó una pista falsa en la investigación. El trabajador dijo que había llevado al joven desde el centro hasta Paraguay y 27 de Febrero y lo reconoció en fotos y videos. En coincidencia con el abogado de La Tienda (ver nota central) sostuvo que estaba “como perdido” y que no se encontraba “muy bien”.
Un operador judicial consultado por el eslabón cree que a la pista falsa del colectivo “la plantó la cana”.
La fiscal Mariso Fabbro, por su parte, dijo: “Yo creo que la opciones son dos: o es gente que quiso desviar la investigación o es gente que quiso colaborar con la investigación”. De todos modos, no consideró prioritario determinar si quiso ser engañada: “Hoy por hoy no es prioridad para la fiscalía determinar en torno a eso”, aseguró.
“El tiempo que se pierde es la verdad que se aleja”
El defensor general de Santa Fe, Gabriel Ganón, consideró “fantásticos” los argumentos del juez penal Luis María Caterina para rechazar su recurso de incompetencia con el fin de que la investigación de la muerte de escobar se instruya en la Justicia Federal, bajo la figura de desaparición forzada de persona. Y adelantó en diálogo con el eslabón que va a apelar la medida. Igual se lamentó: “Vamos a apelar, pero estos tiempos que se pierden es la verdad que se aleja”.
“Son fantásticos los argumentos que utilizó Caterina, dijo que la diferencia con la causa Ávalos (de un joven que desapareció en 2003 en Neuquén y una década después la Corte resolvió pasar la causa al fuero federal como desaparición forzada) es que en ella habían pasado 11 años y había irregularidades en la investigación. Es un poco absurdo, ¿la familia de Escobar tiene que esperar 11 años?”, dijo Ganón.
Además, sostuvo que de acuerdo al criterio de la Corte Suprema de Justicia nacional y a los pactos internacionales suscriptos por la Argentina, “cuando se sospecha la desaparición forzada los hechos tienen que investigarse así”.
Recordó que en el caso hay policías involucrados y que el cuerpo estuvo una semana sin aparecer. Además, reveló que “las señales de GPS colocan a seis patrulleros en la zona” del bar La Tienda, y “uno es de la Policía Federal, que se ve en una de las filmaciones”.
“No se identificó a ninguno de los patrulleros, ni siquiera el de la Federal”, cuestionó el defensor general.
Por último, Ganón volvió a apuntar al rol de la fiscal Fabbro: “Nos sigue llamando la atención la coincidencia entre la Fiscalía y la defensa; no calificar los hechos como desaparición forzada de persona favorece a los acusados. Nos llama la atención que a Fiscalía tome esa determinación”.
Fuente: El Eslabón
