El proyecto para que las mascotas pequeñas pudieran ser transportadas en cajitas en el transporte urbano no encontró eco en la última sesión del Concejo. La situación era esperable, después de que el tema se instalara como debate de la semana en los medios de comunicación. ¿Qué habría de interés de análisis en este caso? No mucho a primera vista. Sin embargo, y siguiendo las pistas que dejó un avezado trabajador del lugar, la reflexión arranca: “al proyecto lo descuartizaron”, dijo. Y desocultó el asunto. Por insólito que parezca, nunca se consideró el verdadero objetivo del proyecto de traslado de mascotas pequeñas. Su autor, el concejal y veterinario Carlos Cossia, explicó que la iniciativa estaba destinada a las cinco líneas del transporte urbano que unen las barriadas populosas con el Instituto Metunicipal de Salud Animal (Imusa).
“Era para que quienes necesitan llevar sus mascotas al Imusa, porque no tienen recursos para pagar atención privada ni vehículos, pudieran utilizar cinco líneas de colectivos, con cajas que no superen los 45 metros cúbicos”, explicó el edil, al solicitar que su proyecto volvía a comisión. Y recordó que se trataba de una prueba piloto y que no iban a quedar los colectivos, a todas horas, atestados de jaulitas.
¿De qué se habló en la semana a través de los medios inundados de mensajes de oyentes? ¿De cómo pueden hacer quienes no tienen recursos para la tenencia responsable de mascotas? ¿De buscar alternativas a la idea, quizás embrionaria, que planteó Cossia? No. Las ristras de llamadas a las radios locales y comentarios en portales y redes sociales, reiteraban el enojo, competían en agudeza y confirmaban una vez más el poder de las corrientes de opinión, capaces de neutralizar análisis y miradas.
El manejo de las tierras públicas
Escasa y tironeada entre el interés especulativo y la función social, las tierras públicas de la ciudad tienen quien las ordene. O mejor decir, tenían. En 1997 y por iniciativa del actual diputado provincial, Oscar Urruty, se creó por ordenanza el Fondo Municipal de Tierras, con un objetivo de máxima, constituir una reserva de estos predios, a través de la implementación del Programa de Recuperación Ecológica y Urbanística y de Rehabilitación Urbanística para la Vivienda de Interés Social. Desde su creación en 1997, sólo hubo dos reuniones, en julio y agosto de 2011.
“La ordenanza plantea que la administración de ese Fondo de Tierras debe ser llevada a cabo por un Directorio, encargado de fijar normas, objetivos y las políticas y acciones a seguir y del que forman parte cuatro ediles”, dijo la concejala Fernanda Gigliani en el recinto. Y sorprendió al contar que “los cuatro concejales que lo conformamos estamos por fuera de las decisiones que se toman con respecto al Fondo de Tierras”.
Gigliani consideró que es potestad y deber de la Municipalidad administrar las tierras de su propiedad, especialmente porque el recurso suelo es un eje fundamental, y a su alrededor se articula la organización del espacio y las actividades urbanas. Y no pasó por alto que amplios sectores de la sociedad tienen dificultades para acceder a un combo que marca la calidad de vida: tierra, vivienda, infraestructura y servicios. ¿Quién sino el Estado para articular esas necesidades?
“No puede ser que se estén tomando decisiones de manera unilateral sobre las tierras de la Municipalidad. Hoy, desde el Concejo no sabemos cuánto dinero hay en la cuenta del Banco Municipal del Fondo de Tierras, cuántas tierras municipales hay, ni cómo se administran ni qué uso se hace de ellas, porque ni siquiera nos contestan los pedidos de informe que hemos hecho hace más de 4 años”, tronó Gigliani.
La edila logró que el Cuerpo acompañara su pedido a la intendenta Mónica Fein para la reactivación del Directorio del Fondo Municipal de Tierras, que está compuesto por nueve miembros, representantes de las secretarías de Planeamiento, Hacienda, Obras Públicas y Gobierno, además de un cuarteto de concejales. “Desde su creación en 1997, sólo hubo dos reuniones, en julio y agosto de 2011,
Aprender a vigilar
Precedido por extensos debates en el marco de la meneada movida nocturna, esta semana vio la luz una iniciativa de los concejales Norma López y Roberto Sukerman, del Frente para la Victoria (FpV), que regula las acciones y formación del personal que realiza controles de admisión en los lugares de diversión (patovicas).
“Proponemos una modificación en la norma vigente, que es una buena ordenanza, para que las personas que quieran desempeñarse en esta tarea obtengan un certificado de actitud psicológica”, dijo Sukerman y explicó que la iniciativa votada también apunta a reforzar las exigencias de los cursos de capacitación, para los que ahora se requerirá la homologación por parte del Consejo Federal de Educación.
Los alcances de éste último requisito están a la vista. “Que no sea un cursito para una mera formalidad, sino que puedan dar la calificación necesaria”, comentó el edil, que dejará su banca en diciembre, después de haber terciado por la intendencia en las últimas elecciones.
Entre la restricción para realizar esta tarea, es decir, haber sido condenado por delitos dolosos cometidos en el desempeño de la actividad, la modificación agrega a quienes hayan recibido penas privativas de la libertad que superen los tres años.
Las ordenanza votada también crea un Padrón Único de Empleadores y Trabajadores de Admisión y Permanencia, que para mayor transparencia y publicidad, deberá publicarse en la página de internet de la Municipalidad y en los negocios habilitados para que esté al alcance público. “Esto que estamos generando no va en contra de las personas que realizan esta actividad. No pretendemos estigmatizarlos, sino que no paguen justos por pecadores”, explicó Sukerman. Y agregó que afinar las medidas de control también ayudará a la formalidad de esta actividad. “Si buscamos capacitarlos, realizar sus exámenes psicológicos, generar el padrón y ayudar a formalizar su trabajo para que no estén en negro, creemos que estamos contribuyendo a que esta función se pueda realizar mucho mejor y que en el futuro evitemos hechos lamentables como los que conocimos en la ciudad de Rosario”, fundamentó el edil.
Aprobados
Entre otros temas, se aprobó una zona de detención para motos, a fin de prevenir accidentes de tránsito que suelen ocurrir en las intersecciones de las calles donde hay semáforos. La idea consiste en establecer una franja paralela y contigua a la senda peatonal, que se trazará en las principales avenidas. La idea corresponde al concejal del PRO, Alejandro Roselló, y tiene el carácter de prueba piloto por seis meses, tratando de replicar los “buenos resultados que una medida similar tiene en Buenos Aires y Carlos Paz”, comentó su autor.
También vio la luz una resolución que solicita al Ministerio Público de la Acusación de la provincia que se establezca un registro de datos sobre violencia de género y femicidios (diez en total en el 2014 y 18 en lo que va del año en el territorio santafesino).
Chisporroteo
En medio de la sesión, el concejal Carlos Cardozo (PRO), trajo un tema que no había logrado el proveído en la Comisión de Derechos Humanos. Se trata de un proyecto de radical Daniela León (FPCy S), para repudiar las expresiones del ministro de Economía de la Nación, Axel Kicillof cuando le dijo a la diputada Victoria Donda que “si necesitaba prensa se ponga plumas”. La menta fue piedra de toque para una discusión en la que argumentaron varios ediles y hasta estuvo a punto de generar una cuestión de privilegio porque Cardozo se sintió agraviado.
Entre las voces, la edila Norma López aclaró que no se puede estar de acuerdo con las expresiones de Kicillof, pero había doble vara si no se recordaba los dichos del compañero de partido de Cardozo, Miguel del Sel, hacia la presidenta Cristina Fernández. En general, las participaciones de los ediles coincidieron en repudiar por igual todos los casos de violencia verbal de género, y sobre todo, “no utilizarlos políticamente”, según dijo María Eugenia Schmuck, poniendo los puntos sobre las íes.
