Trabajadores del equipo de Seguridad Comunitaria de la facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), que llevaban adelante tareas de contención con los niños y adolescentes del barrio cercano a la casa de estudios, denunciaron que fueron despedidos. Este martes a las 17, realizarán una asamblea abierta en la plazoleta de la memoria ubicada en la entrada del predio universitario de Riobamba 250 bis.
Los trabajadores que vienen llevando a cabo sus tareas hace tres años en un dispositivo que fue creado en 2013 con su principal objetivo de «trabajar en la promoción de los derechos de las niñas, niños y adolescentes que transita el predio de la facultad», denunciaron que fueron despedidos la semana pasada.
En el comunicado los trabajadores recordaron que “a comienzo de este año el recorte empezó con una oferta laboral que conllevaba una disminución del salario de entre el 25% y el 65%; reducción de horas y no prevé un lugar físico”. “El lugar de trabajo fue vaciado sin avisar y estas cosas no fueron devueltas, allí había elementos de trabajo; informes; documentación de las familias con las que se trabaja; así como también elementos que organizaciones estudiantiles habían prestado (mesa, ropa, juguetes etc.) y elementos personales”, señalaron en el texto enviado a la prensa.
Según reseñaron, la semana pasada les informaron que la facultad “no llevará más adelante esta política pública y que por ende no necesitarán más de sus servicios”. Los trabajadores informaron que no cobran el sueldo desde noviembre de 2015. Desde la gestión les indicaron a partir de febrero de 2016 se encontraron «desobligados».
“A lo largo de este proceso se trabajó con aproximadamente 32 niñas niños y adolescentes, y sus respectivas familias. En un recorrido que comenzó desde la contención logramos, trabajando articuladamente con las instituciones, organizaciones sociales, políticas y estudiantiles de la facultad y el barrio abordar problemáticas complejas como la reescolarización, salud, deporte y cultura. Entendimos que el trabajo de seguridad comunitaria debía centrarse en aquellas personas en mayor estado de vulneración de derechos”, sostienen los trabajadores.
Y agregan: “Entendemos a nuestro trabajo como un espacio puente que a través de vínculos y conocimiento pueda reconstruir, mejorar y promover la garantía de los derechos básicos consagrados en las leyes de Protección Integral y la ley de Salud Mental”.
Por tal motivo en un comunicado elaborado por los mismos trabajadores exigen:
Continuidad del programa o cualquier otro tipo de trabajo centrado en las protecciones integrales de los niños, niñas y adolescentes.
Designación de un lugar físico de trabajo en la facultad de Psicología o un lugar fuera si es en el marco de un convenio ampliado con la Universidad o con la Provincia.
Pago de los sueldos adeudados que equivalen a parte de noviembre, y el total de diciembre, enero y febrero.
La inmediata devolución de las cosas que se encontraban en el espacio de trabajo.
Designación de un encargado cotidiano de articulación con las instituciones y esa persona debería cumplir horario diurno (de 10 a 16).
Posibilidad de buscar y construir convenios con distintas áreas del Estado Municipal, Provincial y Nacional a fin de conseguir recursos, promover derechos y afianzar la responsabilidad en el estado y no en la facultad.
El aumento de nuestros salarios basado en los acuerdos anteriores que equivalían al 35% más que el de un empleado de resguardo patrimonial. Con el incremento del 10% que no fue entregado desde septiembre y que correspondía a un acuerdo paritario anterior a esta gestión.
