El alegato de la fiscalía

El fiscal federal Adolfo Villate dijo este miércoles en el inicio de su alegato del juicio oral por el secuestro y homicidios de los militantes justicialistas Osvaldo Cambiaso y Eduardo Pereira Rossi, ocurridos sobre el final de la última dictadura, que el objetivo fue “instalar la idea de un rebrote subversivo”.

Villate inició el alegato final de la Fiscalía ante el Tribunal Oral Federal 2 (TOF2) de Rosario en el juicio por los crímenes de Cambiaso y Pereira Rossi en el que los principales acusados son el último presidente de facto, Reynaldo Benito Bignone, y el excomisario bonaerense Luis Abelardo Patti.

La audiencia, que comenzó la mañana de este miércoles y concluyó cerca de las 18, continuará el miércoles próximo cuando se espera que la Fiscalía culmine el alegato.

Villate se refirió al intento de la dictadura por convertir el secuestro, las torturas y los asesinatos de los militantes justicialistas de Intransigencia y Movilización Peronista en un enfrentamiento entre “subversivos” y una patrulla policial.

Tras desandar las pruebas en contrario ventiladas a lo largo del debate oral, el fiscal consideró que el objetivo de la dictadura fue instalar en la opinión pública la idea de “un rebrote subversivo”.

“Los asesinatos de (Raúl Clemente) Yaguer, Cambiaso y Pereira Rossi permitieron las condiciones políticas para la ley de autoamnistía de Bignone”, sostuvo el fiscal.

Los tres integraban la organización Montoneros sobre el final de la dictadura y Yaguer fue asesinado en abril de 1983, mientras que Cambiaso y Pereira Rossi fueron secuestrados el 14 de mayo en Rosario y asesinados ese mismo día, aunque la policía dio aviso recién el 17 de ese mes, según la investigación.

Pereira Rossi y Cambiaso fueron “levantados” por una patota de civil de un bar céntrico de Rosario, trasladados a un galón de las afueras de esta ciudad donde los sometieron a torturas y asesinados en un camino rural de la localidad bonaerense de Lima.

El fiscal recordó que la investigación que se inició tras la aparición de los cadáveres recayó en el entonces juez penal de San Nicolás, Juan Carlos Marchetti, quien procesó a Patti y a los suboficiales Rodolfo Diéguez y Juan Amadeo Spataro.

De acuerdo a la versión oficial de la dictadura, los tres se habían tiroteado con las víctimas, aunque los policías resultaron ilesos.

Villate puntualizó que a partir de un informe de peritos de la Policía Bonaerense, el mismo juez les dictó el sobreseimiento el 18 de octubre de 1983, “sin prueba distinta” a la empleada para procesarlos.

Recordó que la autopsia realizada por forenses de la Corte Suprema encontró, en cambio, rastros de “pasaje de electricidad” en los cuerpos de las víctimas y escoriaciones en muñecas y tobillos, que representaban signos de tortura.

Dijo que antes del sobreseimiento de Marchetti, Bignone había dictado la ley de autoamnistía, por la cual las Fuerzas Armadas se perdonan a sí mismas los posibles delitos cometidos en “la lucha contra la subversión”.

“Si Patti, Diéguez y Spataro fueron el brazo ejecutor (de los asesinatos), es razonable que recibieran su protección garantizándoles la impunidad, atento a que la policía se encontraba bajo el control operaciones del Ejército”, resumió Villate.

Además, de Patti, Spataro y Bignone, la causa tiene otros ocho acusados entre militares retirados y ex Personal Civil de Inteligencia del II Cuerpo de Ejército, para quienes la querella particular pidió la semana pasada al tribunal la pena de reclusión perpetua.