En 2014 la oposición intentó derrocar al gobierno con violencia en las calles, que dejó un saldo de 43 muertos. Luego plantearon una enmienda constitucional, pero la Justicia no la aceptó. Ahora juntan firmas para convocar un referéndum revocatorio en medio de apagones, saqueos e inflación galopante.
El grito “¡Sí se puede, sí se puede!” ya es casi un lugar común, una consigna remanida que ciertas formas antipolíticas de la política tomaron prestada de la autoayuda. Primero la usó el presidente de EEUU Barack Obama durante su campaña electoral. Luego, con su gestión, dejó bien en claro que ante los poderes fácticos no pudo. Después la utilizó, también en campaña, Mauricio Macri, entre globos amarillos y pasos de baile. Y por estos días suena en Venezuela, mientras el pueblo sufre cada vez más penurias y la oposición intenta sacarse de encima el gobierno de Nicolás Maduro.
En medio de los apagones, la escasez de alimentos, saqueos y el repiqueteo incesante de los medios hegemónicos al servicio de los poderes fácticos, la oposición venezolana emprendió un nuevo camino para intentar destituir al presidente Nicolás Maduro –elegido para gobernar hasta el 2019–: el referéndum revocatorio.
El camino que ahora eligieron los golpistas es uno de los tres mecanismos que venían evaluando, junto a la enmienda constitucional y la destitución a través de una farsa de juicio político.
Envalentonada con el triunfo en las elecciones legislativas, y tras asumir la mayoría en la Asamblea Nacional, la oposición se puso como objetivo fundamental sacarse de encima al chavismo. Como parte de la misma embestida golpista, se profundiza por estos días la guerra económica contra el gobierno, con desabastecimiento e inflación galopante. Además, la crisis energética y los apagones sumaron otro ingrediente explosivo.
Los corte del suministro de energía ya llevan más de un mes, producto de la histórica sequía provocada por el fenómeno El Niño, que afectó gravemente el embalse de la hidroeléctrica Guri, generadora de más del 70 por ciento de la electricidad de Venezuela. Esta crisis obligó al gobierno a reducir el trabajo en el sector público y las escuelas.
En octubre de 2015, el revoltijo de partidos y organizaciones que componen la oposición, reunidos en el marco de la llamada Mesa de la Unidad Democrática (MUD), presentó una “Hoja de ruta 2016”, en la que se detallan las acciones a emprender para sacar al presidente del poder. En realidad, habían anunciado que iban a elegir uno de los tres mecanismos para lograr la destitución. Pero como no pudieron ponerse de acuerdo ni siquiera en eso, señalaron que intentarían con los tres caminos.
Primero probaron con la enmienda constitucional, pero no pudieron. El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela rechazó el documento aprobado por la Asamblea para recortar el mandato presidencial porque “no puede ser aplicada al actual mandatario”. Por eso, y luego de acusar de “chavista” al TSJ, la oposición intenta ahora la vía del referéndum revocatorio.
El primer paso para llegar al referéndum es recolectar una cantidad de firmas equivalente al uno por ciento del padrón, unas 195.721. Si se alcanza esta cifra y se activa el mecanismo, deberán recogerse luego unas 4 millones de rúbricas para que efectivamente sea convocada la consulta. Para ganar el referéndum y lograr la destitución, deberá obtener una cantidad de votos que supere los 7.587.532 con los que fue elegido Maduro.
“Venezuela va a salir de este mal gobierno”, aseguró el gobernador de Miranda y líder de la oposición, Henrique Capriles, durante la recolección de firmas en las calles.
Por su parte, Maduro consideró que esta nueva embestida de los golpistas carece de viabilidad política. “Aislemos a los violentos, que vayan presos todos los violentos, sean los que sean, estén donde estén”, señaló el mandatario.
“Nada de lo que están haciendo tiene viabilidad política, y la revolución aquí se va a continuar y va a tener a este presidente por lo menos hasta el 2018”, manifestó Maduro.
Por su parte, el diputado por el Bloque de la Patria, Diosdado Cabello, denunció un plan de golpe de Estado contra el Ejecutivo planificado desde EEUU, según informó el portal venezolano del canal Telesur. El legislador agregó que el plan es financiado por el ex ministro de Alimentación de Venezuela, Hebert García Plaza, quien enfrenta acusaciones por corrupción y está radicado en territorio estadounidense.
“García Plaza, con los reales que se robó aquí, está financiando un golpe de Estado contra Venezuela”, señaló el parlamentario, al tiempo que aseguró que García Plaza suministró a la Administración para el Control de Drogas (DEA) y al Pentágono información precisa sobre el armamento militar venezolano y planificó el 15 de mayo como la fecha para derrocar al presidente Nicolás Maduro.
La oposición golpista que responde a los poderes fácticos quiere que se vaya el presidente Maduro, y lo quiere ya. Quiere terminar con la Revolución Bolivariana. Quiere borrar el “populismo”.
Ya lo intentaron por la fuerza, con las “guarimbas” (barricadas) de febrero de 2014, que dejaron un saldo de 43 muertos y 800 heridos. Pero ahora, tras ganar las elecciones legislativas de diciembre, con una mayoría calificada de 112 diputados contra 54 del chavismo, están intentando lo que denominan, con mucho cinismo, “salida democrática de Maduro”.
