El presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, respondió en un extenso comunicado la acusación de Elisa Carrió (Cambiemos) sobre enriquecimiento ilícito.

El texto, publicado hoy por el Centro de Información Judicial, señala que “hay que pensar más en el país, en los que esperan que nosotros actuemos como estadistas (…) y no como actores mediocres que se agravian unos a otros en un juego que en nada beneficia a quienes debemos servir”.

Además, el tribunal decidió enviarle a la legisladora las declaraciones juradas de los integrantes de la Corte que, aclararon, de todos modos están publicadas en Internet.

La diputada de Cambiemos Elisa Carrió había denunciado pública y penalmente al titular de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, por presunto enriquecimiento ilícito, al igual que a otro funcionario del máximo tribunal, de confianza del juez rafaelino. Lo que sigue es el texto completo del descargo:

El  respeto  de  la  libertad  de  expresión,  la  transparencia,  el  acceso  a  la información y el gobierno abierto han sido principios fundamentales defendidos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación durante mi presidencia.

 

Por eso, he  aceptado  en  silencio  todo  tipo  de  opiniones  acerca  de  mi  desempeño  y publicado  todo  lo  que  hago  para  que  cualquiera  pueda  controlarlo. Hay  que pensar  más  en  el  país,  en  los  que  esperan  que  nosotros  actuemos  como estadistas, preocupados por los grandes temas que interesan a los ciudadanos y no como actores mediocres que se agravian unos a otros en un juego que en nada beneficia a quienes debemos servir.

 

Estos  son  los  valores  que  explican  mi  silencio,  ya que  no  deseo  que alguien se vea impedido o limitado en sus expresiones, y porque es la manera de tener una sociedad mejor. 

 

También es necesario defender la independencia del Poder Judicial y de sus   magistrados.   En   estos   años   hemos   sido,   como   otros   argentinos, investigados,  denunciados,  presionados  reiteradamente,  y  siempre  hemos resistido en silencio para cumplir nuestra función y proteger a la población.

 

No hace   mucho   tiempo   que   se   intentó   desprestigiarnos   calificándonos   de “chorros”,  lo  que  fue  masivamente  criticado,  ya  que  era  un  ataque  a  la independencia  del  Poder  Judicial.  Cambian  las  personas  pero  siguen  las mismas  prácticas  agraviantes,  y,  por  eso,  lo  que  antes  nos  parecía  incorrecto también  debe  serlo  ahora,  porque  debemos  ser  coherentes  con  nuestros principios. 

 

Siempre  hay  personas  que  pretenden  debilitar  la  gobernabilidad  o desprestigiar las instituciones para beneficios que no son los del ciudadano.  

 

En  virtud  de  todo  ello,  explicaré  algunas  cuestiones  que  han  sido mencionadas públicamente en los últimos tiempos:  

 

  1. I) La administración en la Corte Suprema. Pretender que informemos sobre las licitaciones del comité de inversión del Consejo de la Magistratura implicaría que la Corte invada esferas de un organismo autónomo.

 

La administración de la Corte Suprema es transparente y controlada por la  Auditoría  General  de  la  Nación,  porque  ha  sido  contratada  aún  sin obligación legal. Todos los dictámenes de este organismo de control han sido  elogiosos  y  no  se  han  detectado  irregularidades.  Todos  están publicados  debidamente  tanto  en  la  Corte  Suprema  como  en  la  AGN, con la firma de Leandro Despouy, quien fuera su titular hasta fin del año 2015. 

 

La  administración  del  Consejo  de  la  Magistratura  es  absolutamente independiente  de  la  Corte,  y  todo  su  proceso  licitatorio  responde  a  ese organismo. El denominado “Comité de inversiones”, que se constituyera entre  las  administraciones  de  la  Corte  Suprema  y  el  Consejo  de  la Magistratura,  tuvo  por  finalidad  agilizar  las  obras  en  beneficio  del servicio  de  justicia,  pero  las  decisiones  y  las  licitaciones  las  decide  el Consejo y no la Corte, como corresponde constitucionalmente. 

 

La  Corte  Suprema  ha  defendido  la  independencia  del  Poder  Judicial  y sus  funciones  de  superintendencia.  Con  mala  fe  se  ha  dicho  que  hubo un “pacto” entre la Corte Suprema y el anterior gobierno sobre la “caja”. Esa afirmación no sólo fue desmentida por la documentación firmada por todos  los  ministros  de  la  Corte  y  por  la  mayoría  de  los  presidentes  de Cámara de todo el país. También hubo una denuncia formulada por una legisladora,  hablando  de  un  pacto  ilícito  para  apropiarse  de  los  fondos del Poder Judicial, lo que fue desestimado en primera instancia y luego por  la  Cámara  Federal,  que,  en  su  sentencia  del  29.5.15,  dijo  que  se evidencia la carencia de sustento. 

 

La  Corte  Suprema  defendió  la  independencia  del  Poder  Judicial  y  las funciones de superintendencia que le correspondían como cabeza de un poder  del  Estado.  Las  notas  presentadas  con  ocasión  de  la  reforma judicial fueron refrendadas por todos los presidentes de Cámara y luego, como  es  público,  la  Corte  declaró  la  inconstitucionalidad  de  la  referida reforma    en    la    causa    “Rizzo”,    defendiendo    el    principio    de    la independencia  del  Poder  Judicial  y  resolviendo  que es  inconstitucional juzgar  a  un  juez  con  mayorías  simples.  Además,  oportunamente,  la Corte  rechazó,  con  la  firma  de  todos  sus  ministros,  toda  denuncia  de pactos   y   respaldó   la   actuación   de   su   presidente,   como   fuera oportunamente publicado en el CIJ. 

 

La Corte Suprema defendió al ministro Fayt como lo hizo con todos sus integrantes. En su retiro se le rindió homenaje que el juez agradeció y la relación continúa siendo fraternal.

 

Todo  esto  está  respaldado  por  la  documentación  publicada  y  también por decisiones judiciales firmes. 

 

II). Cuestiones personales

En el comienzo del año, el día 1 de enero, pintaron injurias en la esquina de la casa de mi madre en Rafaela, le sacaron una foto, y esa foto apareció en mi  celular  personal,  enviada  desde  otro  celular.  Eso  no  lo  hace  un  particular, sino alguien que posee una organización. 

 

Así  comenzamos  este  año,  con  presiones  e  injurias  de  todo  tipo,  cuyo origen  no  conocemos,  pero  que  tienen  la  obvia  intención  de  desprestigiar  y debilitar.  En  enero  hubo  una  denuncia  por  enriquecimiento  ilícito  contra  mi persona  y  contra  el  secretario  general  de  Administración,  Daniel  Marchi.  Hicimos  lo  que  correspondía:  solicitar  a  la  AFIP  que  aclare  nuestra  situación fiscal,  informando  ese  organismo  que  no  hay  irregularidades,  lo  que  fue presentado  al  juez.

 

Voluntariamente  ofrecimos  toda la  documentación  que pidieran  las  autoridades  judiciales.  Asimismo,  el  fiscal  de  la  causa  adoptó  las medidas  correspondientes  para  aclarar  los  hechos  denunciados  llegando  a  la conclusión  de  que  no  había  algo  que  objetar.  A  la  misma  conclusión  llegó  el juez,  ya  que  la  documentación  era  absolutamente  clara.  Luego  de  ello  se declaró  el  sobreseimiento.  La  denunciante no  presentó  objeción  alguna. 

 

Cabe observar que se trata de los mismos hechos que denunciara la gestión anterior.  De  manera  que  la  denunciante  conoce  nuestra  situación  patrimonial mejor que nadie, ya que ha tenido acceso a diez años de declaraciones juradas personales.  No hay nada irregular en nuestra situación fiscal y patrimonial. Estos son los hechos. 

 

Las declaraciones basadas en imputaciones genéricas, agravios, ofertas a  personas  para  que  declaren  falsamente,  las  denuncias  infundadas,  las llamadas  telefónicas  y  visitas  a  los  jueces  y  fiscales  exceden  claramente  la libertad de expresión y afectan la independencia del Poder Judicial. 

 

Debe existir un mínimo de respeto y seriedad para que las instituciones puedan funcionar.  Finalmente,  quiero  aclarar  que  hace  muchos  años  que  conozco  al  Dr. Horacio  Rosatti  y  a  su  familia,  y  me  une  con  él  una  relación  de  mutua consideración, por lo cual desmiento absolutamente que hubiera alguna gestión en contra de su nominación.

 

Públicamente he declarado que ambos nominados son  bienvenidos,  y  que  nosotros  no  podemos  intervenir  en  las  decisiones  del Honorable Senado de la Nación.   Con esta declaración daré por terminada toda manifestación sobre este tema.

 

Ricardo Luis Lorenzetti, 

Buenos Aires, 19 de mayo de 2016.

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