El presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, respondió en un extenso comunicado la acusación de Elisa Carrió (Cambiemos) sobre enriquecimiento ilícito.
El texto, publicado hoy por el Centro de Información Judicial, señala que “hay que pensar más en el país, en los que esperan que nosotros actuemos como estadistas (…) y no como actores mediocres que se agravian unos a otros en un juego que en nada beneficia a quienes debemos servir”.
Además, el tribunal decidió enviarle a la legisladora las declaraciones juradas de los integrantes de la Corte que, aclararon, de todos modos están publicadas en Internet.
La diputada de Cambiemos Elisa Carrió había denunciado pública y penalmente al titular de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, por presunto enriquecimiento ilícito, al igual que a otro funcionario del máximo tribunal, de confianza del juez rafaelino. Lo que sigue es el texto completo del descargo:
El respeto de la libertad de expresión, la transparencia, el acceso a la información y el gobierno abierto han sido principios fundamentales defendidos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación durante mi presidencia.
Por eso, he aceptado en silencio todo tipo de opiniones acerca de mi desempeño y publicado todo lo que hago para que cualquiera pueda controlarlo. Hay que pensar más en el país, en los que esperan que nosotros actuemos como estadistas, preocupados por los grandes temas que interesan a los ciudadanos y no como actores mediocres que se agravian unos a otros en un juego que en nada beneficia a quienes debemos servir.
Estos son los valores que explican mi silencio, ya que no deseo que alguien se vea impedido o limitado en sus expresiones, y porque es la manera de tener una sociedad mejor.
También es necesario defender la independencia del Poder Judicial y de sus magistrados. En estos años hemos sido, como otros argentinos, investigados, denunciados, presionados reiteradamente, y siempre hemos resistido en silencio para cumplir nuestra función y proteger a la población.
No hace mucho tiempo que se intentó desprestigiarnos calificándonos de “chorros”, lo que fue masivamente criticado, ya que era un ataque a la independencia del Poder Judicial. Cambian las personas pero siguen las mismas prácticas agraviantes, y, por eso, lo que antes nos parecía incorrecto también debe serlo ahora, porque debemos ser coherentes con nuestros principios.
Siempre hay personas que pretenden debilitar la gobernabilidad o desprestigiar las instituciones para beneficios que no son los del ciudadano.
En virtud de todo ello, explicaré algunas cuestiones que han sido mencionadas públicamente en los últimos tiempos:
- I) La administración en la Corte Suprema. Pretender que informemos sobre las licitaciones del comité de inversión del Consejo de la Magistratura implicaría que la Corte invada esferas de un organismo autónomo.
La administración de la Corte Suprema es transparente y controlada por la Auditoría General de la Nación, porque ha sido contratada aún sin obligación legal. Todos los dictámenes de este organismo de control han sido elogiosos y no se han detectado irregularidades. Todos están publicados debidamente tanto en la Corte Suprema como en la AGN, con la firma de Leandro Despouy, quien fuera su titular hasta fin del año 2015.
La administración del Consejo de la Magistratura es absolutamente independiente de la Corte, y todo su proceso licitatorio responde a ese organismo. El denominado “Comité de inversiones”, que se constituyera entre las administraciones de la Corte Suprema y el Consejo de la Magistratura, tuvo por finalidad agilizar las obras en beneficio del servicio de justicia, pero las decisiones y las licitaciones las decide el Consejo y no la Corte, como corresponde constitucionalmente.
La Corte Suprema ha defendido la independencia del Poder Judicial y sus funciones de superintendencia. Con mala fe se ha dicho que hubo un “pacto” entre la Corte Suprema y el anterior gobierno sobre la “caja”. Esa afirmación no sólo fue desmentida por la documentación firmada por todos los ministros de la Corte y por la mayoría de los presidentes de Cámara de todo el país. También hubo una denuncia formulada por una legisladora, hablando de un pacto ilícito para apropiarse de los fondos del Poder Judicial, lo que fue desestimado en primera instancia y luego por la Cámara Federal, que, en su sentencia del 29.5.15, dijo que se evidencia la carencia de sustento.
La Corte Suprema defendió la independencia del Poder Judicial y las funciones de superintendencia que le correspondían como cabeza de un poder del Estado. Las notas presentadas con ocasión de la reforma judicial fueron refrendadas por todos los presidentes de Cámara y luego, como es público, la Corte declaró la inconstitucionalidad de la referida reforma en la causa “Rizzo”, defendiendo el principio de la independencia del Poder Judicial y resolviendo que es inconstitucional juzgar a un juez con mayorías simples. Además, oportunamente, la Corte rechazó, con la firma de todos sus ministros, toda denuncia de pactos y respaldó la actuación de su presidente, como fuera oportunamente publicado en el CIJ.
La Corte Suprema defendió al ministro Fayt como lo hizo con todos sus integrantes. En su retiro se le rindió homenaje que el juez agradeció y la relación continúa siendo fraternal.
Todo esto está respaldado por la documentación publicada y también por decisiones judiciales firmes.
II). Cuestiones personales
En el comienzo del año, el día 1 de enero, pintaron injurias en la esquina de la casa de mi madre en Rafaela, le sacaron una foto, y esa foto apareció en mi celular personal, enviada desde otro celular. Eso no lo hace un particular, sino alguien que posee una organización.
Así comenzamos este año, con presiones e injurias de todo tipo, cuyo origen no conocemos, pero que tienen la obvia intención de desprestigiar y debilitar. En enero hubo una denuncia por enriquecimiento ilícito contra mi persona y contra el secretario general de Administración, Daniel Marchi. Hicimos lo que correspondía: solicitar a la AFIP que aclare nuestra situación fiscal, informando ese organismo que no hay irregularidades, lo que fue presentado al juez.
Voluntariamente ofrecimos toda la documentación que pidieran las autoridades judiciales. Asimismo, el fiscal de la causa adoptó las medidas correspondientes para aclarar los hechos denunciados llegando a la conclusión de que no había algo que objetar. A la misma conclusión llegó el juez, ya que la documentación era absolutamente clara. Luego de ello se declaró el sobreseimiento. La denunciante no presentó objeción alguna.
Cabe observar que se trata de los mismos hechos que denunciara la gestión anterior. De manera que la denunciante conoce nuestra situación patrimonial mejor que nadie, ya que ha tenido acceso a diez años de declaraciones juradas personales. No hay nada irregular en nuestra situación fiscal y patrimonial. Estos son los hechos.
Las declaraciones basadas en imputaciones genéricas, agravios, ofertas a personas para que declaren falsamente, las denuncias infundadas, las llamadas telefónicas y visitas a los jueces y fiscales exceden claramente la libertad de expresión y afectan la independencia del Poder Judicial.
Debe existir un mínimo de respeto y seriedad para que las instituciones puedan funcionar. Finalmente, quiero aclarar que hace muchos años que conozco al Dr. Horacio Rosatti y a su familia, y me une con él una relación de mutua consideración, por lo cual desmiento absolutamente que hubiera alguna gestión en contra de su nominación.
Públicamente he declarado que ambos nominados son bienvenidos, y que nosotros no podemos intervenir en las decisiones del Honorable Senado de la Nación. Con esta declaración daré por terminada toda manifestación sobre este tema.
Ricardo Luis Lorenzetti,
Buenos Aires, 19 de mayo de 2016.
