Las condenas al ex secretario de Seguridad de la Alianza, Enrique Mathov, y a la cúpula de la Policía Federal por la represión y cinco de las muertes de diciembre de 2001 –aunque tardías y escasas en cuanto al monto de las penas– contrastan con la decisión judicial santafesina de cerrar todas las causas por responsabilidad política y condenar sólo a dos policías por las ocho muertes producidas en la provincia entre el 19 y el 20 de aquel mes de aquel año. Santa Fe fue la provincia con mayor cantidad de muertos por la represión estatal en relación a la densidad poblacional y una de las que garantizó mayor impunidad judicial a los matadores y sus ideólogos.
El Tribunal Oral Federal 6 de la Capital Federal condenó esta semana al ex secretario de Seguridad de la Nación durante el gobierno de Fernando de la Rúa, Enrique Mathov, a 4 años y 9 meses de prisión por el asesinato de cinco personas y lesiones a más de cien durante la represión policial de diciembre de 2001, en medio de una revuelta popular que unos días después terminó con el gobierno de la Alianza.
De los 17 imputados en el juicio oral, el Tribunal condenó también a la cúpula de la Policía Federal encabezada por los comisarios Rubén Santos, a 4 años de prisión, y al director general de Operaciones, Norberto Gaudiero, a 3 años y seis meses, por los mismos delitos.
En tanto, el ex superintendente de Seguridad Metropolitana, Raúl Andreotti, fue condenado a 3 años en suspenso –sin cumplimiento efectiva– y al igual que los anteriores por el delito de homicidio culposo, es decir sin que mediara intención o dolo.
El veredicto, con nueve condenados y ocho absueltos, fue silbado por un sector de la vasta concurrencia que colmó la Sala Amia de los Tribunales de Comodoro Py, donde se dictó sentencia, consignó la agencia Télam.
Pese a ello, el abogado Rodrigo Borda, de la querella a cargo del Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels), calificó de “histórico” al fallo por tratarse de la primera vez en que se condena a niveles con responsabilidad política y no sólo operativa en una represión. Tarde y poco, pero mejor que nada.
De la Rúa había sido absuelto por la misma causa mientras que el otro imputado político, el ministro de Interior Ramón Mestre, falleció en 2003 y no llegó a juicio.
El presidente del Cels y periodista, Horacio Verbitsky, también celebró la sentencia. “Aquí se usó una facultad prevista por la Constitución para ejecutar una masacre alevosa”, dijo en relación a la declaración del estado de sitio previo a los asesinatos.
Para Verbitsky “es muy bueno” que después de 15 años se haya “hecho justicia”. “Es bueno que después de tantos años lleguemos a esta instancia y que los responsables sean condenados. El Tribunal dejó en claro que (Enrique) Mathov ordenó y (Rubén) Santos ejecutó la represión. Lo que hicieron en esos días fue vergonzoso”, evaluó el titular del Cels.
Acá no hay
En contraste con ese fallo –que también recibió críticas por lo exiguo de las condenas en relación a las pretensiones de los familiares de las víctimas y, ni hablar, por la demora en ser dictado– en Santa Fe no hay nada que celebrar.
Sólo dos policías fueron condenados por dos de los ocho crímenes ocurridos en Rosario y Santa Fe. Otros cuatro fueron sentenciados recién en febrero del año pasado, catorce años después de los hechos, por el intento de encubrimiento del asesinato de Claudio Pocho Lepratti.
Ningún funcionario político de entonces, ni el gobernador Carlos Reutemann, ni el ministro de Gobierno Lorenzo Domínguez, ni el secretario de Seguridad, el ex Side Enrique Álvarez, fueron requeridos por la Justicia santafesina para determinar si tuvieron responsabilidad penal por la represión que terminó con ocho vidas.
Así, en la provincia nadie dio la orden de reprimir las protestas sociales que en aquellos días eran parte del paisaje cotidiano de Rosario y Santa Fe. La policía actuó, por consiguiente, de modo autónomo, si hubiera que atenerse a las investigaciones del Poder Judicial.
En 2009, el juez de instrucción, Rubén Saurín, dispuso el archivo de las actuaciones donde además de Reutemann se investigaba a Lorenzo y Álvarez como presuntos responsables políticos de los hechos del diciembre negro.
“No existen elementos que incriminen a los tres imputados”, señala la resolución, y agrega que “si existió un actuar imprudente para resguardar los bienes y las personas, eso no puede ser achacado a la cabeza del Poder Ejecutivo”. Asunto cerrado.
La denuncia había sido presentada dos años antes por el ex concejal Mario Pilo quien pidió que se investigue a Reutemann y Álvarez por supuesto “homicidio culposo” e “incumplimiento de los deberes de funcionario público”.
Citó un fallo de la Cámara Federal de Capital Federal que ordenaba investigar la supuesta responsabilidad del ex presidente Fernando de la Rúa por la represión en plaza de Mayo. El ex edil ya había presentado dos denuncias anteriores del mismo tenor, en noviembre de 2003 y en noviembre de 2007, que también fueron desestimadas. Un día después de que el juez federal Claudio Bonadío sobreseyó a De la Rúa en la causa porteña, Saurín imitó la medida en beneficio de Reutemann y sus ex funcionarios.
Dos condenas
El agente de policía Esteban Velázquez fue condenado en 2004 a catorce años de prisión por el crimen Pocho Lepratti, asesinado de un disparo de itaka en la garganta en una escuela de barrio Las Flores, donde trabajaba. Hace unos años Velázquez estaba en libertad y atendía un carrito de comidas rápidas en Arroyo Seco.
En febrero de 2015 la Cámara Penal de Rosario dejó firme las condenas contra los policías Roberto De la Torre; Rubén Darío Pérez; Marcelo Fabián Arrúa y Carlos Alberto De Souza por el encubrimiento del homicidio de Pocho. La Justicia determinó que fraguaron un acta policial para hacer pasar el crimen por un presunto enfrentamiento. Hasta balearon el patrullero en el que se movían. Fueron sentenciados a dos años y ocho meses de prisión de cumplimiento condicional. Es decir, en libertad.
La otra condena recayó sobre el sargento Luis Armando Quiroz, sentenciado en 2007 a once años de prisión por el crimen de Graciela Acosta (35), asesinada de un balazo de Itaka en el pecho cerca del supermercado La Gallega de Villa Gobernador Gálvez. Y allí se agotaron las sentencias por los hechos de diciembre de 2001 en Rosario y Santa Fe.
Hubo otras investigaciones y hasta policías detenidos e imputados, pero no avanzaron demasiado. Fue el caso del francotirador de las Tropas de Operaciones Especiales (TOE) que disparó sobre Walter Campos (17) en Empalme Graneros. El pibe esperaba junto a otros vecinos del barrio la entrega de alimentos, cuya demora derivó en disturbios por los que la policía comenzó a perseguir a Campos. Algunos testigos señalaron que tenía un arma en la mano, otros no la vieron. El chico cruzó el arroyo Ludueña y se escondió en una calle cercana a las vías del ferrocarril. Desde la otra orilla del curso de agua el francotirador lo alcanzó con un disparo mortal.
Juan Alberto Delgado (28), era changarín cuando murió el 19 de diciembre. Esperaba junto a un grupo de entre 150 y 200 personas la entrega de bolsones en Necochea y Cochabamba.
La autopsia determinó que fue asesinado de ocho disparos de arma de fuego. Su cuerpo también tenía marcas de balas de goma y varios golpes. La familia acusó por el crimen a un policía, apodado “Toro”, con quien la víctima tenía una bronca previa.
Yanina García tenía 18 años cuando un tiro en el abdomen la mató. Fue en la zona de Pasco y Gutemberg cuando había salido a buscar a su hija al oír detonaciones de armas de fuego. Su crimen también quedó impune.
Ricardo Villalba fue asesinado de un disparo en el ojo el 19 de diciembre en Parque Casas. Tenía 16 años. En la zona se había juntado gente a reclamar comida, la postal más común de esos meses del final del gobierno de la Alianza. La policía llegó a reprimir la protesta. Algunos vecinos aseguraron que el joven no participaba del reclamo y que estaba a unas cuadras del lugar junto a un amigo.
Otro pibe, Rubén Pereyra (20) murió también de un balazo en el barrio Las Flores. La investigación del caso no avanzó.
En Santa Fe fue asesinado, también el 19 de diciembre, el adolescente Marcelo Pacini, de 15 años. Recibió un tiro en el rostro en circunstancias confusas. Todos esos casos terminaron impunes.
Fuente: El Eslabón
