“Queremos una mixtura de sectores sociales”, dijo el presidente del bloque Socialista, Horacio Ghirardi, sobre los terrenos conocidos como Unidad de Gestión 3 (UG3), en Puerto Norte y cuyo destino viene más conversado que partido de truco. Pocas, y en el lugar más cotizado, las 36 hectáreas despiertan por igual iniciativas públicas y privadas, cuyos centros de interés colisionan entre sí. En los últimos días, el tema volvió a los titulares con dos proyectos y la toma de posición del Colegio de Arquitectos.
Los terrenos en cuestión están ubicados en tres parcelas a lo largo de avenida Francia, entre Caseros y Junín. Son propiedad del Estado nacional. En uno de sus sectores viven 70 familias en forma precaria desde hace años y funciona una unidad productiva: la Cooperativa Linares Trechel. Sobre el uso de los mismos, el pasado mes de julio, Nación y Municipio, firmaron un convenio marco que activó proyectos al respecto. Además, hay un litigio pendiente por usucapión.
“Nosotros planteamos que la mitad, o más, de estas 36 hectáreas tienen que estar destinadas a espacios verdes y comunitarios, y a viviendas públicas financiadas por planes nacionales, provinciales o del municipio”, sintetizó Ghirardi. Su iniciativa incluye a las familias afincadas desde hace varios años y a la cooperativa de trabajo.
Según el edil, que además preside la Comisión de Planeamiento, se pueden resolver “todas las problemáticas con una formulación equilibrada y que permita para el área una mezcla de sectores sociales”. La afirmación de Ghirardi se justifica con sólo levantar la vista desde el lugar en cuestión y observar los edificios de alta gama, como cejas gigantes recortadas sobre el cielo.
“Esto se ve en todas las ciudades, son tierras muy caras y los actores privados que tenían tierras allí han querido construir edificios de alta gama en altura. Pero estas son tierras estatales y hay que dejarlo en claro: queremos que se tengan en cuenta estos parámetros que puedan permitir una mixtura de sectores sociales que hacen a una ciudad más equilibrada e igualitaria”, explicó Ghirardi, y agregó: “La idea es que la urbanización constituya una oferta para sectores medios y jóvenes que buscan su primera vivienda.
Ahora, una vez que se consolide el acuerdo entre Nación y Municipio sobre la UG3, el Ejecutivo elaborará los indicadores urbanísticos para su uso y los pondrá a consideración del Concejo. El proyecto de Ghirardi es una de las propuestas para definir dichos parámetros.
Una gran coincidencia
El Colegio de Arquitectos de Rosario expuso esta semana ante la Comisión de Planeamiento del Concejo, y los ediles destacaron la mirada sobre el destino de UG3. “Puerto Norte significa para la ciudad de Rosario el proyecto urbanístico de mayor envergadura, modelo de urbanización siglo XXI, que en general dinamiza procesos de gentrificación en áreas y las convierte en barrios exclusivos equipados con servicios de alta gama”, explica el documento La Tierra del Estado y la Gestión Local: caso UG3, Puerto Norte, presentado por los profesionales.
La delegación del Colegio de Arquitectos estuvo integrada por su presidenta, Irene Pereyra, y miembros de su Comisión de Urbanismo: Walter Taylor, Graciela Luisitt, Marcela Lamas, Patricia Panetti, Alejandra Schellas y Arnold Curátolo. Además de elaborar el documento, se pusieron a disposición de los ediles para asesorarlos en el armado del plan de urbanización para UG3. Para Ghirardi, la participación de los arquitectos fue “muy positiva y productiva” y con matices que van en el mismo sentido de su proyecto.
¿Cómo nació la urbanización de esa zona? La reforma del Estado en los años 90 desreguló y privatizó sectores de la infraestructura estatal. En Rosario se desmanteló la red ferroviaria y se trasladó el puerto de la zona norte al Sur, así se liberó tierra adquirida en parte por privados que debieron donar un 45 por ciento del predio para construir la avenida de la Costa y el borde costero, asumiendo su costo como plusvalía. En 2004 se organizó el área en siete Unidades de Gestión, dos de las cuales siguen siendo estatales –UG3 y UG7–, bajo la órbita de la Administración de Bienes del Estado (AABE).
Las últimas del Estado
“Estamos hablando de una de las tierras más importantes que quedan en manos del Estado, es imposible que quede en manos de un privado”, dijo la edila del FpV, Norma López, en relación al litigio por su supuesta posesión. Y consideró que la Justicia “avasallaría el poder real del Estado si da prioridad a un mecanismo que no queda en claro y que habría engañado a la gente que vive ahí en forma precaria desde hace años”.
Además sintonizó con la incorporación de sectores medios en el destino final de la UG3 que impulsó Ghirardi. “Lo que sea tierra pública tiene que estar definida por el uso y la inclusión de los ciudadanos, por lo tanto tenemos que avanzar en ese sentido tanto para quienes están viviendo allí como para trabajadores y clase media, que necesitan que el Estado los acompañe”, explicó.
Para López, el proyecto así definido tiene más valor aún. “Después de que el gobierno de Macri haya dado por tierra con las 360 viviendas proyectadas en los terrenos del Tiro Federal y Banco Nación, zona norte, mediante el Procrear, en una licitación ya adjudicada, sólo faltaba convocar a los rosarinos que pudieran acceder a ellas”.
Recomendaciones
También esta semana, la concejal María Fernanda Gigliani de Iniciativa Popular, presentó un proyecto sobre las áreas en cuestión, encomendando al Ejecutivo que al suscribir el convenio definitivo con la AABE, para definir usos e indicadores urbanísticos, incorpore la condición de afectar una porción no inferior al 10 por ciento a viviendas de gestión pública y la preservación de la empresa recuperada Bodegas Linares Trechel.
“Hace ya tres años que planteamos incorporar el Procrear en ese sector para establecer la mixtura social y en términos de uso”, dijo la edila. Y fue por más: “Me parece una contradicción que se plantee desde el oficialismo que promovió un perfil elitista y de gentrificación en ese sector de la ciudad, porque eso produce expulsión de los barrios cercanos, como Refinería que tiene su propio perfil cultural”, aseguró.
Las bancas de Ciudad Futura hicieron foco en el tema con tres proyectos ante “la oportunidad que tiene el Estado Municipal de disponer y gestionar el suelo comprendido en la UG3, para promover una urbanización con criterio de mixtura y heterogeneidad social”. Para los jóvenes ediles, si bien el Estado Nacional es el propietario de las tierras de la UG3, es el Municipio a través de sus cuerpos ejecutivo y legislativo, quien tiene la potestad de decidir el destino y carácter de la urbanización del sector ya que es quien define los indicadores urbanísticos (usos admitidos, altura de las edificaciones) a través del instrumento del Plan Especial o Plan de Detalle. Y reafirmaron que las tierras de propiedad pública son patrimonio de toda la ciudadanía, por lo que no pueden ser transferidas a un reducido grupo de promotores inmobiliarios.
En ese marco, encomiendan al Ejecutivo que celebre un nuevo Convenio Público-Público con la AABE, disponiendo un censo de la población radicada con tenencia precaria y de la cooperativa Trechel, una convocatoria a la participación ciudadana para que contribuya colectivamente al abordaje y definición de las intervenciones urbanísticas a realizar y la definición de un Plan Especial a cargo del Ejecutivo, y a ratificarse por el Concejo Municipal, teniendo como base los dos ítems anteriores
Las propuestas de Ciudad Futura se complementan con la creación de una Inmobiliaria Pública S.E. que tendrá como objeto “intervenir en el mercado inmobiliario con la finalidad de aportar a las políticas de hábitat y a aquellas que contribuyan a garantizar el Derecho a la Ciudad, entendido este último como el acceso al suelo, vivienda, transporte público y al resto de los beneficios de la vida urbana, tales como equipamientos urbanos, espacios verdes, infraestructura y servicios públicos, entre otros”.
Cannabis Medicinal
Por iniciativa de Norma López y con las firmas de Marina Magnani (Unidos y Organizados); Fernanda Gigliani y Celeste Lepratti (Frente Social y Popular), el jueves ingresó un proyecto que propone incorporar al sistema de salud pública de Rosario la cobertura de medicamentos a base de extractos de cannabis medicinal, para el tratamiento del síndrome de Dravet, epilepsias varias y demás patologías que se consideren pertinentes por la autoridad de aplicación.
