La semana estuvo movidita. Un simple pantallazo cuenta: cuatro detenciones ilegales, represión policial en un recital, un acampe contra la violencia. Las políticas de prevención empiezan a tomar la forma que denunciaron los movimientos sociales.
El penúltimo mes del año arrancó casi como un testeo del plan de prevención anunciado por el gobierno provincial y mencionado en el pasado número de el eslabón. En una semana, fueron cuatro pibes detenidos de manera irregular, al menos por lo que se conoció y lo que se contabilizó hasta el cierre de esta edición. La represión en las inmediaciones del Anfiteatro Municipal durante el recital de Viejas Locas del sábado pasado puede sumarse también a la lista. Y también podrían incluirse los apremios permanentes que sufren los pibes en los barrios por mera portación de rostro. “Lo que estamos viendo son las dos caras de una misma moneda, un panorama que ofrece hoy la política provincial en particular y la nacional en general. Por arriba, blanqueo de capitales, deuda externa y perdón a delincuentes de guante blanco; por abajo, mano dura, persecución y racismo. Ninguna de las características de estos hechos está separada de lo otro, es el mismo momento político”, destacó el diputado provincial Carlos del Frade, consultado por esta serie de eventos. Un recorte parcial de la cotidianeidad rosarina muestra cómo la violencia institucional está a la orden del día. Y un relato en orden cronológico, cual reporte semanal, permite entender de qué se habla cuando se habla de seguridad y prevención.
Preparados para proteger, ¿a quién?
Viejas Locas tocó el sábado pasado en el Anfiteatro. Como siempre que hay show ahí, los pibes y pibas que no compraron entrada –porque no pudieron o no quisieron– se juntaron en el parque Urquiza a escuchar música y tomar unas cervezas. Esa vez, y según contó Lucas Paulinovich, periodista y uno de esos tantos pibes, un cordón policial se apostaba a un costado del ingreso al recital. “El operativo era un poco exagerado”, escribió Paulinovich en una nota publicada en la Agencia Sin Cerco. “Algo había que era cierto y evidente para los que estábamos ahí: esos guardias no se habían armado y preparado para proteger y garantizar nuestra seguridad, cuidar que podamos escuchar la banda tranquilos”. La intuición no le jugó en contra. El relato del periodista local indica que pasadas las once de la noche comenzaron los estallidos que poco tenían que ver con petardos. “El cordón de guardias era una formación de combate. Se armaron y tiraban. El jefe del operativo se desprendía unos metros y tiraba una o dos veces. Algunos se intentaron resguardar detrás de los autos, se corrían fuera de la línea de tiro, se agachaban y corrían. La bronca, como era inevitable, se devolvió. Volaron algunas botellas pero enseguida el resto empezó a calmarlos. Las fuerzas de seguridad aplicaban la seguridad a la fuerza, aunque ninguno entendía lo que pasaba. No se advirtió ningún revuelo previo, ni siquiera algún grito por fuera de esa espera festiva que era el pedazo de parque”.
Presos por querer comer
La data sobre la represión en el recital de Viejas Locas no había parado de viralizarse –porque tuvo poco y nada de espacio en los medios tradicionales– cuando una foto empezó a “robarle protagonismo”. La imagen era clara: una vista aérea, una chata de la Policía, un pibe y un cana, un montón de gente movilizada por algo. La información no tardó en llegar. La policía detuvo esa tarde a dos adolescentes, menores de edad, que estaban en la puerta de la Dirección Provincial de la Niñez (Ricardone y Corrientes). Los pibes forman parte de los dispositivos de la institución y ese mediodía estaba pidiendo tickets para almorzar en el comedor de La Toma (Tucumán 1349). Mariana Palacios, trabajadora de la Dirección Provincial de Niñez, Adolescencia y Familia, contó al diario digital Redacción Rosario que “estos dos chicos, adolescentes, fueron como todos los mediodías” pero que cuando llegaron “vieron que la reja estaba cerrada, porque nosotros estábamos en Asamblea, y eso generó un enojo”. Según el relato de la mujer, la policía que trabaja dentro de la dependencia llamó a más fuerzas de seguridad. Los refuerzos policiales llegaron y subieron a los pibes a la fuerza a los patrulleros. En el trajín, tres trabajadores de la Dirección, ella incluida, fueron golpeados mientras intentaban interceder frente a la detención. Uno de los chicos fue liberado cerca de las 21. Más tarde, el otro fue derivado al Instituto para la Recuperación del Adolescente (IRAR), acompañado por trabajadores de la dirección que querían estar seguros que no fuera agredido durante el traslado.
Palacio explicó que la asamblea convocada por los trabajadores de Niñez para este lunes tenía que ver con esto mismo que sucedió: “Estamos pasando una crisis muy grave aquí adentro. No se están cumpliendo los derechos de niños y adolescentes. No hay lugares para ellos, para garantizar que sus derechos dejen de ser vulnerados. Los laburantes hacemos malabares, pero esto explota. Los chicos que están detenidos estaban trabajando con nosotros. Iban solamente a comer”.
“Si denuncian lo único que nos hacen es un sumario”
Fue sin respiro. Ese lunes llegó otra información: el diputado Carlos Del Frade iba a acompañar una denuncia por detenciones ilegales, golpiza y amenazas. David Romano y Hugo Taborda, de 25 y 22 años respectivamente, fueron golpeados por policías de civil en la zona de Paraguay y Battle y Ordoñez y luego trasladados al ex Batallón 121 donde sufrieron más abusos y apremios. Los hechos ocurrieron el 27 de octubre. Cinco días después, hicieron la denuncia en la Unidad Fiscal de Violencia Institucional y Corrupción Policial, a cargo de Karina Bartocci.
La acusación presentada en la Fiscalía cuenta con detalles lo ocurrido hace unos diez días. David y Hugo fueron interceptados por dos vehículos aquel jueves, a eso de las 17. Un joven bajó de uno de los autos encapuchado y apuntando un arma. “Sin mediar diálogo previo con los transeúntes, ordenó a los gritos que se tiraran al piso. El encapuchado se acercó a David, el que ya se encontraba en el piso, y comenzó a golpearlo duramente en las costillas. Otro hombre, de menor estatura, se tiró sobre él para mantenerlo reducido. Los dos proceden a requisarlo completamente secuestrando su teléfono celular. Concluida esta maniobra, el hombre del arma se dirige hacia Hugo, lo tira al suelo y con la misma metodología se apropió de su teléfono celular, mientras golpeaba duras cachetadas en su rostro con la mano abierta”.
El relato del documento presentado continúa detallando la golpiza en la calle y luego dentro de uno de esos autos, un Fiat Palio gris. Los vecinos recibían respuestas varias acerca de quiénes eran y qué hacían, aunque la mayoría sostiene que aludían estar en un procedimiento. La violencia con la que se cuenta que se manejaron fue tal que hasta la esposa de David, embarazada de nueve meses, recibió un empujón que la tiró al piso. También detalla que, en distintos momentos, se acercaron un móvil de policía y uno de Gendarmería que actuaron dando por sentada la legalidad del operativo.
David y Hugo fueron trasladados al ex Batallón 121. Estuvieron unas tres horas en ese lugar, esposados en un baño, donde fueron sometidos a distintos golpes, humillaciones y advertencias: “no denuncien”, “si hacen algo los vamos a ir a buscar”, “miren que si denuncian lo único que nos hacen es un sumario”, “la chapa y el arma la vamos a seguir teniendo… van a pasar unos meses los vamos a dejar caminar tranquilos y después los vamos a buscar”, “fíjate que vas a ser papá”.
Los jóvenes, luego de la intervención de sus abogados y familiares, regresaron a sus casas a altas horas de la noche. El miedo todavía persiste, pero, como señalaron a los medios locales en conferencia de prensa, decidieron hacer la denuncia “para que no le pase a nadie más”.
Se vino el estallido
La primera medida que se tomó luego de los incidentes del lunes fue contundente. Un acampe “contra la desidia, violencia y precarización” se instaló en la cortada Ricardone, frente a la Dirección Provincial de Niñez. La movida estuvo 48 horas, primero con la idea de extenderse; ahora, con la posibilidad de volver con más fuerza.
El acampe estuvo impulsado principalmente por los acompañantes personalizados que trabajan en la dependencia provincial. “Llegamos a esta medida por los graves incidentes del lunes en la puerta de la Dirección, que tiene que velar por los derechos de los pibes y las pibas y ese día violaron todo tipo de derecho”, explicó Juan Pablo, uno de los acompañantes. “Pero más allá de ese hecho puntual, sostenemos que es un síntoma más de la grave situación que venimos sosteniendo hace muchísimo tiempo”. La grave situación es clara. Juan Pablo detalló: hay 130 pibes y pibas que esperan un lugar de alojamiento que no existe. Los que están, explicó, tienen condiciones deplorables; y cuando hay que priorizar, se usa el presupuesto para hacer convenios con clínicas privadas. No existen equipos especializados en violencia de género y las demandas por abuso crecen. Y a eso se le suma que los trabajadores, estos acompañantes personalizados, están en una situación de precarización extrema: trabajan en negro, sin vacaciones, ni aguinaldo, ni cobertura médica; y cobran el mismo día: si se enferman no hay sueldo.
