Benetton, Lewis y la amenaza de la inseguridad

Balazos, detenidos, golpes a mujeres y niños. Así fueron los recientes operativos de gendarmes y policías en la comunidad Cushamen, en el marco de un constante hostigamiento a referentes de pueblos originarios que reclaman sus ancestrales territorios.

El reclamo de comunidades mapuches sobre tierras ancestrales, que el grupo Benetton ocupa tras cuestionadas compras, fue el pretexto para reprimir con balas de plomo a miembros de la comunidad Cushamen, en el noroeste chubutense, a 70 kilómetros de El Maitén. Fueron seis los detenidos y hay varios heridos de gravedad, tras los dos ataques de policías y 200 gendarmes. Se busca criminalizar el reclamo, en tanto se realizaban traslados de otras fuerzas para redoblar los ataques.

María Isabel Huala, madre de Fausto Jones Huala, quien recibiera un balazo en el cuello durante uno de los operativos de represión y es hermano del lonco (cacique) Facundo Jones Huala, indicó a el eslabón que las denuncias son parte de “una persecución política” por ser mapuche. Dijo que al ser detenidos, el martes último, “les pusieron bolsas en la cabeza y los golpearon. Hasta un agente disfrazado de fotógrafo tomó a patadas a los detenidos”.

“Reprimieron a pesar de que había mujeres y niños, también se llevaron animales y rompieron casas. Eran más de 200 gendarmes contra diez mapuches, tenían esos drones, tanquetas, carros hidrantes, hasta un avión andaba», dijo Isabel.

Por su parte, Norma Ríos, presidenta de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Rosario (Apdh), remarcó que ”la represión al pueblo mapuche y la lucha que se está desarrollándose  en el sur no tiene nada de nuevo desde el punto de vista de quien la ejecuta. Se trata de antiquísimos discriminadores y cómplices de los grandes dueños de la tierra, Benetton, Lewis”.

“Persiguen sistemáticamente a los mapuches, encarcelándolos y allanándolos. Pero recrudeció tras la verdadera poblada protagonizada por los habitantes de El Bolsón, en defensa del agua y para defender el derecho del pueblo mapuche y de los ciudadanos en general. Existe un proyecto que tiene que ver con la desaparición de tierras, la falta de agua potable y el usufructo de la Patagonia para unos pocos, como Joe Lewis, quien toma decisiones como alambrar Lago Escondido en los últimos años”, expresó.

“Cómplices civiles”

También Norma apuntó al “importantísimo papel que cumplen los cómplices civiles, lo que nos hace recordar mucho a la dictadura. Este accionar no sería posible sin jefes comunales, intendentes, jueces y gobernadores que hacen grandes negocios a través de la entrega de los pueblos y de decisiones en contra del derecho y la democracia”.

“Hace más de 30 años que desde la APDH acompañamos a los pueblos originarios en muchos juicios sobre conflictos de tierra. Y hace dos meses conformamos tres nuevas regionales de APDH, en El Bolsón, en el noroeste de Chubut y en Esquel”, explicó.

“Vimos la voracidad de estos propietarios extranjeros y cómplices en la adjudicación de tierras durante el menemismo, a quienes nunca se les quitó nada y hoy siguen en negocios con el macrismo”, resaltó.

También advirtió “la importancia de que el pueblo mapuche y otros originarios rompieron los cercos mediáticos con la comunicación en las redes, frente al más absoluto de los silencios e indiferencia”.

Benetton y su millón de hectáreas

En marzo de 2015, la comunidad comenzó la recuperación del territorio donde se ubica la estancia estancia Leleque, una de las propiedad del grupo Benetton, quien abarca cerca de un millón de hectáreas patagónicas. Pero el martes último, los gendarmes desplegaron un operativo para cerrar los accesos a las tierras de la comunidad Cushamen.

La directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, Mariela Belski, remarcó que “la orden emitida no encuentra correlato con los hechos de la realidad. Condenamos la falta de un eficaz control judicial sobre los alcances y exabruptos que fueron cometidos en territorio. La opacidad, falta de transparencia y rendición de cuentas no pueden ser los principios que atraviesan los operativos policiales”, indicó.

Además de los gendarmes, policías montados de Chubut operan desde las órdenes del juez provincial José Colabelli, quien también maneja una denuncia de Benetton por presunto robo de animales.

Amnistía, además, criticó severamente el accionar de las supuestas fuerzas de seguridad que denunciaron los pobladores: “Golpes, palazos, tirones de pelos contra mujeres y corridas a los niños y las niñas de la comunidad. Este tipo de accionar resulta inadmisible. El Estado debe rendir cuentas por el maltrato y abuso de la fuerza dirigido a mujeres y niños. Además se concretaron detenciones contra miembros de la comunidad y aliados”.

En ese marco, instó a los estados “nacional y provincial a investigar a los responsables y prevenir futuros actos de represión”.

Por otra parte, la organización internacional se refirió a la situación del lonco Facundo Jones Huala en relación con Chile, que reclama su extradición en el marco de un proceso judicial. El organismo señaló que al oeste de la Cordillera “hay tal grado de criminalización y persecución ideológica que no se garantiza un juicio justo para esta causa abierta en el 2013, porque hay una persecución por su raza, por su nacionalidad, por su religión y él se fugó para sobrevivir después de 8 meses de prisión preventiva, período en el que estuvo detenido sin condena firme, sin juicio, en un penal de máxima seguridad y en un estado terrible, conviviendo en un espacio con hongos, con insalubridad total pese a su tratamiento médico».

La amenaza de la inseguridad

En relación a las derivaciones internacionales, la revista Perfil habló de la supuesta existencia de una zona liberada para las fuerzas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) y el tráfico armamentista entre Argentina y Chile para una resistencia armada. Disparate que fomenta el Comando Sur de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, en su intento de instalar como “amenazas” a la seguridad los reclamos de originarios y el narcotráfico.

También puntualiza Perfil que el lonco mapuche Facundo Jones Huala “tiene pedido de extradición de Interpol y Chile por incendios, tenencia de armas y su paso ilegal a ese país”. Pero ya el  juez federal de Esquel, Guido Otranto, declaró nula la causa en la que se tramitaba esa extradición.

Solidaridad

En ese sentido, desde el Lof Pillañ Mahuiza, en territorios recuperados en Corcovado, Chubut, se indicó: “Repudiamos y condenamos la decisión del gobierno provincial, al direccionar la demanda del pueblo mapuche, en particular la resistencia y lucha de los pu peñi ka pu lamngen, del Lof de Resistencia Mapuche Cushamen, hacia la represión, criminalización y racismo político. El gobernador Mario Das Neves está propiciando la configuración de un Estado terrorista, pretendiendo manipular al pueblo chubutense contra los derechos del pueblo mapuche. En sus discursos, incita a la construcción de un enemigo interno que justifique la aplicación de la ley antiterrorista”.

En un comunicado, la APDH resalta que “la estrategia tan pregonada a nivel nacional por la señora Patricia Bulrrich y su alter ego local Mario Das Neves para justificar la represión y la criminalización de la protesta social parece haber visualizado en la comunidad mapuche-tehuelche el Enemigo Interior, necesario para poner en práctica una vez más la política antiterrorista. El avasallamiento de los derechos de las personas víctimas de este allanamiento y la violación del derecho a la autodeterminación del Pueblo Mapuche-Tehuelche, merecen nuestra más enérgico condena y la de la comunidad toda”.

La pelea por el agua

También los patagónicos se movilizaron el pasado sábado 7 en El Bolsón exigiendo un “No al Loteo en la reserva Natural de Mallin Ahogado”. Más de diez mil personas marcharon “en defensa del agua, la tierra y los bienes comunes”, ante el proyecto inmobiliario que el magnate británico Joe Lewis impulsa en El Bolsón, donde hace poco recibió como invitado al presidente de la Nación.

Sucede que con el “gerenciamiento” del intendente Bruno Pogliano y el Concejo de la comarca, se le permite al Proyecto Laderas tomar tierras y aguas, algunas subterráneas, lo que impacta sobre el derecho al líquido elemento para humanos y fines agrícolas.