El Ministerio de Seguridad de Santa Fe recibió fuertes críticas frente a la represión en el barrio Qom, en la que fueron detenidos y golpeados jóvenes, mujeres y niños. El fiscal inició causas a varios agentes y al médico policial.
La versión oficial choca contra el relato de los testigos. El episodio ocurrió la mañana de este domingo cuando, según explicaron los vecinos, la policía realizó un violento operativo en el barrio Qom de Rouillón y Maradona. De acuerdo a los testimonios de los habitantes de la zona, los agentes “quisieron detener violentamente” a un grupo de jóvenes integrantes de una cooperativa y, ante los requerimientos de vecinas y vecinos –que incluso filmaron la situación– sobre el porqué de semejante brutalidad, se desplegó una persecución con numerosos patrulleros y uniformados que ingresaron a las viviendas, efectuaron disparos, golpearon y detuvieron a 14 personas, entre ellos, mujeres, jóvenes y niños. Desde la versión oficial, en cambio, se dijo en un primer momento que había habido una denuncia al 911, aunque luego se dijo que los agentes estaban ejecutando un operativo de rutina y fueron “atacados por una turba”.
Mientra los relatos de vecinos y vecinas chocan con las dos versiones brindadas por la policía, el fiscal de flagrancia Ponce Asahad –quien tomó la investigación desde el mediodía de este domingo–, informó este lunes que tras visitar la comisaría 19, lugar al que habían sido llevados los detenidos, constató que algunos “estaban con golpes” y remarcó que eso contrasta “con el informe del médico legal”.
Este lunes, en diálogo con el Programa Poné la Pava (lunes a viernes de 7 a 10, FM Gran Rosario 88.9), el fiscal Gustavo Ponce Asahad indicó que al registrar que lo dicho por los agentes y lo que había convalidado el legista policial no se ajustaba a los hechos, ordenó “la formación de una causa al médico de la policía por los eventuales delitos de encubrimiento, falsedad ideológica de instrumento público e incumplimiento de los deberes de funcionario público”.
Ponce Asahad también señaló que inició causas a policías que intervinieron en el hecho y algunas de las personas que fueron detenidas, mientras que luego de tomar declaraciones hasta la madrugada de este lunes, fue ordenando la libertad de los apresados. También, el fiscal agregó que a lo largo de este lunes se seguirán tomando testimonios.
Este mismo domingo, en contacto telefónico con Redacción Rosario desde el hospital Carrasco a dónde fue a ver cómo está uno de los chicos heridos, Ruperta Pérez, una de las referentes del barrio Qom, explicó que lo que vivió fue “una agresión muy grave”.
En uno de los episodios de violencia que habrían disparado una de las embestidas de la fuerza de seguridad, Ruperta contó que la mañana de este domingo, policías interceptaron dos jóvenes. “Los interceptaron y enseguida les empezaron a pegar”, contó la mujer, y continuó: “entones salieron los vecinos a preguntar que pasaba, la policía se quería llevar las herramientas de limpieza de la cooperativa donde trabajan, los chicos se metieron en una casa y la policía se metió y rompió todo adentro”.
Ruperta aseguró que tienen todo filmado. “A los chicos los sacaron afuera. Yo me acerco como representate de pueblos originarios, pero un policía levanta el arma y pega un tiro. Ahí me quedé dura con las otras mujeres”, indicó la referente. Y siguió su relato: “Cómo otras chicas estaban filmando, también se metieron en otros lugares, querían sacarnos los celulares para que no filmemos. Nos decían cosas como «conchudas salgan de ahí”, o «esa bandera –por la de los pueblos originarios– se la pueden meter en el culo».
El violento episodio vivido en el barrio Qom, disparó una rápida solidaridad entre organizaciones sociales, de derechos humanos y dirigentes políticos, que hicieron correr la información primero por redes sociales y luego llegar a los medios de la ciudad.
Uno de los dirigentes que llegó hasta el lugar, el concejal peronista Eduardo Toniolli, fue muy crítico del accionar de la policía y del Ministerio de Seguridad. En un posteo en su página de Facebook, escribió: “Lamento que el Ministerio de Seguridad haya difundido acríticamente la versión policial, siendo que esta fue cambiando durante el correr de las horas: primero argumentaron haber concurrido al lugar producto de un tiroteo, luego –no habiendo constancia ni denuncia alguna de un tiroteo– dijeron que se habían acercado al lugar por un procedimiento de rutina”. Y luego agregó: “Recién cerca de las 20 acercaron al Ministerio Público de la Acusación las actuaciones del operativo. Se tomaron su tiempo, por obvias razones”.
“Lo cierto –continuó Toniolli–, es que los agentes del Comando irrumpieron en varias viviendas, golpearon a hombres, mujeres y niños, tardaron varias horas en llevar a los detenidos a la comisaría 19, a uno de ellos –menor de edad de 15 años– lo dejaron tirado malherido en un descampado. Todo ello acompañado de insultos discriminatorios hacia detenidos y vecinos testigos por su pertenencia a la comunidad Qom”.
El concejal justicialista también se refirió a la confusa situación del médico policial que actuó en la comisaria 19. “Los detenidos nos consignaron que ningún médico policial los revisó en la comisaría 19, y –sin embargo– hay 14 constataciones firmadas por un médico oficial (insólitamente todas tienen el mismo horario) en las que no se consignan lesiones”, apuntó el edil. Y añadió: “A simple vista pudimos constatar lesiones de importancia, rejas de por medio y sin ser expertos en la materia, y lo mismo pudo evaluar el Fiscal cuando llegó, y por ello pidió de inmediato una ambulancia para que se llevara a una de las dos mujeres detenidas, por ser el caso más grave, con posibles quebraduras de costillas incluidas, y un estado general delicado por tratarse de una persona con epilepsia”.
Según Toniolli, los vecinos testigos del operativo del Comando Radioeléctrico en el barrio Qom reafirmaron ante el fiscal lo que dijeron ante medios de prensa durante el día.
La versión policial
Si bien la primera información que se dio a conocer desde la policía, y que refrendó el Ministerio de Seguridad es que había habido una denuncia al 911 y que los agentes llegaron al lugar por ese llamado, el jefe de Policía de Rosario, Marcelo Villanúa, luego dio otra explicación de los hechos a la prensa. “El personal actuó en consecuencia de los hechos. Era una identificación de rutina, no se extralimitó en ningún lugar. Fueron víctimas de una turba de vecinos», aseguró.
“Nosotros estamos trabajando en esa zona, como lo hemos hecho siempre. Es la presencia del Estado por medio de su policía. No se discrimina si son pueblos originarios o criollos. Son delincuentes”, remarcó el jefe policial.
Solidaridad desde la escuela
Por su parte, desde la comunidad educativa de la escuela Carlos Fuentealba, se refirió a la “brutal represión que agentes policiales infringieran sobre menores de edad y adultos de la comunidad Qom”. En un comunicado, desde el colegio se “repudió enérgicamente el accionar policial”.
“Responsabilizamos a la policía que intervino al tiempo que exigimos que las autoridades del Ministerio de Seguridad señale a los responsables, proceda en consecuencia, y ordene cesar con este modo de operar inapropiado, antidemocrático y mancillador de los Derechos Humanos que hoy desplegaron en el barrio donde viven nuestros alumnos y sus familias”, señaló el texto.
“Condenamos –continuó el comunicado– cabalmente el mencionado operativo que, a instancias de lo relatado por quienes son parte de nuestra comunidad educativa, sus vecinos y vecinas, no solo fue brutal sino que obró de tal manera que puso en riesgo la vida e integridad de los moradores y moradoras del barrio. Tenemos conocimiento de la desaparición y brutal golpiza que sufriera un adolescente, quien luego fue hallado en un campo”.
“Estas prácticas lúgubres nos retrotraen a momentos oscuros de nuestra historia, historia que día a día, enseñamos a nuestro alumnos y alumnas en las aulas del barrio donde hoy las balas y la prepotencia ganaron las calles. Los procedimientos prepotentes y abusivos son moneda corriente en el barrio y ello nos es subrayado a diario en nuestra escuela”, añadió el texto.
Por último, desde la comunidad educativa se recalcó que “esta clase de procedimientos y «políticas de seguridad» desplegadas en la comunidad se contradicen claramente con las políticas educativas orientadas a la inclusión que desde el Ministerio de Educación el mismo Estado provincial sostiene y nos alienta a concretar. Incumpliendo además así las mismas normas que se nos pide y bregamos por enseñar”. “Atentos a estos hechos y otros que se pudieran derivar de ellos permanecemos alertas y en pie de hacernos escuchar. Dispuestos firmemente a apoyar, colaborar y acompañar las acciones que desde la comunidad que congrega a nuestros alumnos y alumnas aporten a la lucha por denunciar y combatir estas prácticas antidemocráticas”, concluyó el comunicado.
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