Una iniciativa, presentada el 24 de mayo en la Cámara baja de la Nación por la diputada nacional Josefina «Tana» González, propone que el beneficio de la prisión domiciliaria para internos mayores de 70 años no rija para los condenados por delitos de genocidio, de lesa humanidad o crímenes de guerra contemplados en los artículos 6, 7 y 8 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y en los tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional. “Queremos garantizar la voluntad popular que se expresó muy claramente en el rechazo al fallo de la Corte Suprema por la aplicación del 2 x 1 para los genocidas”, dijo González.
“La defensa de los derechos humanos, la construcción permanente de memoria, verdad y justicia, se manifestaron con una fuerza contundente para que algunos tengan que revisar sus posturas. Esto se pudo apreciar en el Congreso nacional, con la unanimidad que hubo al rechazo del 2×1, que esperamos que se vuelva a dar con este proyecto”, expresó la legisladora nacional santafesina.
“Se trata de seguir dando respuestas a una voluntad popular inquebrantable, que se expresó con la enorme movilización contra el 2 x 1 en tantas plazas del país, constituyendo un acontecimiento político muy relevante, una verdadera lección. No se pueden atacar los avances y derechos que pudimos lograr con tantos años de sacrificio y de lucha”, sostuvo la Tana González.
«No hay lugar para dudas y contradicciones en la defensa de la democracia, en la condena al Terrorismo de Estado. Hay, como dijo Cristina Fernández de Kirchner al terminar su mandato presidencial, un pueblo empoderado que hizo suya la lucha de Madres, Abuelas, Hijos, Familiares”, añadió la Tana González.
“Esta férrea conciencia popular tiene que seguir reflejándose en políticas de Estado. Nosotros orgullosamente destacamos que durante los gobiernos de Néstor y Cristna Kirchner se cerró una etapa de posicionamientos institucionales difusos, muchas veces débiles ante el entramado cívico militar que ejerció el poder en la dictadura y quería garantizarse impunidad. Ahora, tenemos un gobierno nacional que tuvo que retroceder de posicionamientos de ese tipo”, señaló.
“El pueblo argentino está poniendo límites. La movilización y la organización popular crecen porque no hay lugar para injusticias en un país que demostró que se puede recuperar la dignidad y avanzar en un desarrollo para todos, sin excluidos, sin tanta desigualdad”, subrayó Josefina González.
“Nuestro compromiso es el de siempre. Vamos a seguir acompañando, desde el Congreso y en cada lugar donde se expresen, los reclamos de las víctimas de las injusticias, de los trabajadores, de las familias que quieren vivir mejor, de todos los actores sociales y económicos que hoy sufren la crisis a la que nos llevan las políticas del gobierno nacional”, enfatizó.
El proyecto de restricción de la prisión domiciliaria a condenados por crímenes de lesa humanidad lleva también la rúbrica de los diputados nacionales Marcos Cleri, Eduardo Seminara, Mauricio Gómez Bull, Carlos Castagneto, Sandra Mendoza, Mayra Mendoza, Cristina Brítez, Laura Volnovich, Alberto Ciampini y Walter Santillán.
