Viaje a una granja sombría

En su libro La Comunidad, el periodista Pablo Galfre denuncia las pésimas condiciones a las que son sometidos los internos de un centro de rehabilitación bonaerense, en el que además se alojarían 17 niños y adolescentes derivados por la provincia de Santa Fe.

En su libro La comunidad. Viaje al abismo de una granja de rehabilitación, el periodista Pablo Galfre revela las deplorables condiciones de vida –y también de muerte– en la Fundación San Camilo, una comunidad terapéutica para personas con problemas de adicciones emplazada en la localidad bonaerense de Pilar y a la que el gobierno santafesino a derivado jóvenes y adolescentes, según los relatos recogidos por el autor que define al lugar una “cárcel” y también como una “fábrica”, por los trabajos a los que someten a los residentes. Sus responsables hoy están imputados por el delito de homicidio culposo de Saulo Rojas, quien apareció muerto en una celda. “Violan uno por uno los artículos de la ley de salud mental”, afirma.

A través de una profunda investigación –que incluyó entrevistas a ex pacientes, familiares y hasta las propias autoridades de la granja, más las visitas a algunas de sus sedes–, Galfre cuenta cómo se somete a jóvenes, muchos  internados bajo engaño o contra su voluntad, a encierro en celdas, aislamiento de su familia, servidumbre laboral y sobremedicación. Y a través de distintos testimonios surge que el gobierno de la provincia de Santa Fe, a través de su Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia, ha derivado allí a jóvenes. A partir de esto, un informe periodístico publicado hace una semana en Rosario 12, afirma que serían diecisiete los menores enviados a ese lugar, incumpliendo las leyes de Protección a la Niñez, tanto la provincial como la nacional, y también la de Salud Mental. La situación ha dado lugar pedidos de explicaciones, que a aún no han llegado.

La gravedad del asunto es aún mayor si, como se cree, esos pibes y pibas han sido alojados en “San Camilo” por “cuestiones sociales”, sin plazos y lejos de su entorno, todas situaciones que no encajan dentro de los postulados de la ley de Salud Mental.

—En el libro, hacés hincapié en que la internación en San Camilo va contra leyes fundamentales como la de Salud Mental.

—Violan uno por uno los artículos de la ley de salud mental, sobre todo en el tema de las internaciones involuntarias que a veces duran años, cuando a los tres meses tendría que intervenir un equipo interdisciplinario para acreditar que las mismas tienen que seguir.

—Tampoco es aconsejable alejarlos de su entorno.

—Exactamente. En 2008, escribí un artículo para la revista THC, que se llamó “Rebelión en la granja”, donde muchos de los chicos eran de San Juan y justamente me preguntaba si una persona que tiene consumos problemáticos de drogas, no necesita estar cerca de la familia; y es ahí donde entra la responsabilidad del Estado: no hay dispositivos, no hay tratamientos ambulatorios ni lugares de internación que respeten a los pacientes como sujetos de derecho. Si eso pasa en Rosario, que es la segunda ciudad de la Argentina y mandan pibes a San Camilo, se entiende porqué terminaron ahí chicos de Mendoza, Bahía Blanca, San Juan y hasta de Tierra del Fuego.

—Al desconocerlos como sujetos de derecho, la adicción parece estar planteada como algo que amerita un castigo.

—Bajo la figura de un tratamiento de salud, lo que se está haciendo es castigar. Algunos chicos entran con los padres y mientras estos firman algún papel, el pibe traspasó la reja y ya no se puede ni despedir. A partir de ahí, empieza todo tipo de castigos. Depende de la extracción social del paciente, del tipo de consumo, pueden encerrarlo o no en una celda y pueden sobremedicarlo, aunque eso lo hacen con todos.

Si se porta bien puede ser premiado con una llamada telefónica o una salida a la semana; pero si comete alguna infracción, como llegar tarde, levantar la voz o quejarse de la comida, es encerrado en celdas o cae en una semana de reflexión, que es trabajar todo el día: limpiar la casa, podar el pasto, cortar las ramas de los árboles.

—Por lo que leía, una presunta mejora es salir del encierro para estar sometido a situaciones propias de la servidumbre.

—Los chicos son esclavizados. San Camilo es una cárcel y es una fábrica. Hay un chico, Sebastián, así lo llamo en el libro, que está hace seis años en la comunidad. Va a la casa de Iribarne a cortar el pasto, como si fuera una especie de favor que le hacen para que esté ocupado como parte de la terapia; pero en realidad es un esclavo. Y así como este chico es esclavizado fuera, todos lo son dentro. Con la excusa de que el trabajo es salud y ayuda a dejar las drogas, ellos son los que cocinan, lavan platos, hacen las mesas, limpian habitaciones y hasta son los guardias de seguridad de la institución, cuando encierran a alguno.

—En libro también das cuenta de que hay vínculos entre obras sociales y prepagas con San Camilo, ¿hasta dónde alcanzaste a explorar?

—No alcancé mucho. Es una apuesta pendiente. Con respecto a las prepagas, por ejemplo, lo que sí es verdad es que después de que un chico se escapó los padres terminaron hablándole a la prepaga, diciéndole: «Fíjense adónde llevan a mí hijo, porque este lugar es insostenible». Lo que sí es sorprendente que haya obras sociales y prepagas que manden a sus afiliados sin chequear a la institución, porque solo entrando en su web ya se ve lo que es San Camilo.

En las entrevistas preguntaba si había auditorías de las obras sociales y las tenían, aunque recibían a los auditores pero no los hacían pasar a la granja. Les mostraban las historias clínicas, les daban un café, había sobres de por medio y, finalmente, se iban.

Después, como decía, está el caso de ese chico internado hace seis años. Es algo que no termino de entender, porque a una obra social no le sirve de nada estar pagando tanto tiempo, salvo que haya alguna devolución de favores y que los auditores no se enteren. Las obras sociales y prepagas no quieren pagar por la internación, quieren delegar esa responsabilidad en los padres y estos terminan presentando el recurso de amparo para que se hagan cargo. Por eso, surgió la ley Pietragalla, que incluye los tratamientos de adicciones en el Plan Médico Obligatorio (PMO).

—¿Pudiste entrar a San Camilo?

—Sí, en junio de 2015, cuando ya tenía la investigación cocinada y aparece lo de la muerte de Saulo Rojas y Felipe Mariñanski. Ahí, hago una especie de clic y empiezo investigar sus casos. Entonces, hablo con (Martín) Iribarne (el dueño de la comunidad terapéutica), pensando en darle el derecho a réplica, porque yo lo consideraba culpable de esas muertes. Durante una hora lo entrevisto a él, al licenciado Alejandro Jacinto, a Carlos Leguizamón, que era director del establecimiento y a una psicóloga. Estaban con la guardia baja, estaban desprevenidos.

—¿Qué sensación te dejaron?

—Pienso que tienen algo de secta, que están convencidos de que hacen el bien. No tienen ningún tipo de prurito, no sienten ningún tipo de culpa.

Búsqueda de justicia

La información que Pablo Galfre ha ido recogiendo fue muy valiosa para Miriam, la mamá de Saulo José López, el joven mendocino de 23 años que fue hallado muerto en junio de 2013 en una celda de San Camilo. Con el patrocinio de los abogados del Grupo de Litigio Estratégico, la mujer ha iniciado una causa por la cual hoy se hallan imputados Martín Iribarne y su esposa Victoria Bonorino, directores y titulares de la comunidad terapéutica; el psicólogo Alejandro Jacinto y el psiquiatra Sergio Rey. Galfre también entiende que ellos tienen responsabilidades por la muerte de otro internado, Felipe Mariñansky. “Tenía 44 años, HIV, sífilis, leucemia, era homosexual y tenía un retraso madurativo. Su madre era esquizofrénica y, cuando muere su padre, su tío lo manicomializa, primero en un clínica y, después, en San Camilo. Muere en 2013 en un hospital solo, abandonado. Yo sostengo que es una muerte dudosa y, como dice la ley de Salud Mental, toda muerte en una institución tiene que ser investigada”, explica el autor de La Comunidad.