Durante el encuentro, convocado por Evo Morales, se llamó a construir un nuevo orden mundial que erradique la guerra por medio de la supresión de la arquitectura financiera mundial y las desigualdades. La inequidad es la causa de la crisis migratoria, y no se soluciona con muros ni xenofobia.
Otros valores, otras cosmovisiones, otras ideologías y visiones del mundo se discutieron y desarrollaron durante dos días en Tiquipaya (a 400 kilómetros de La Paz, Bolivia), ante auditorios colmados de movimientos sociales y militantes de todos los rincones de la región: respecto a la Tierra, un más justo reparto de la riqueza, y una concepción de la propiedad que esté al servicio de la comunidad y no de la explotación. La crisis migratoria fue el eje principal y uno de los motivos de la convocatoria, y en este sentido, contrastando con la actitud inhumana de la mayoría de los países de Europa, el documento final hace un fuerte llamamiento a un “mundo sin muros”, junto con un profundo análisis de los motivos que empujan a millones de personas a abandonar sus lugares de origen en todo el mundo.
No fueron meras declaraciones de principios. Todos estos valores ya fueron puestos en práctica, ya fueron convertidos en políticas activas, y funcionaron, en Bolivia, en Venezuela, en Ecuador, donde se mostró al mundo que hay alternativas al neoliberalismo.
La nefasta función del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial fue uno de los ejes del debate, y durante la conferencia se postuló la instauración de un nuevo orden mundial que implique “la erradicación de la guerra por medio de la supresión de la arquitectura financiera mundial y las desigualdades entre humanos”, para consolidar “la propiedad social de los recursos naturales”.
Convocada por el presidente de Bolivia, Evo Morales, la conferencia contó con la presencia de los ex presidentes de Colombia, Ernesto Samper; España, José Luis Rodríguez Zapatero, y Ecuador, Rafael Correa.
Asimismo, se discutió sobre la necesidad de una nueva relación entre las personas, el Estado y la Madre Tierra, “en momentos en que la principal potencia de la historia de la humanidad, EEUU, desecha el Acuerdo de París” sobre la disminución de gases tóxicos.
Durante la conferencia se destacó la importancia de la “la convivencia armónica con la Madre Tierra y el respeto de sus derechos, asumiendo que la naturaleza puede vivir sin los seres humanos, pero los seres humanos no podemos vivir al margen de ella, conculcando sus derechos y destruyendo el hábitat”.
Se denunció que “la opulencia es causa de la crisis que asola la sociedad global” y se pidió un nuevo parámetro político de equidad. “Es necesaria la construcción de la paz verdadera, que no sólo es la inexistencia de conflictos bélicos, sino también la superación de la violencia estructural que se traduce en el acceso equitativa de la riqueza y las oportunidades de desarrollo. Hemos verificado como principales causas de esta crisis, los conflictos bélicos e intervenciones militares, el cambio climático y las enormes asimetrías económicas entre los Estados y al interior de ellos”, se señala en la Declaración Mundial de los Pueblos.
Crisis migratoria: “Por un mundo sin muros”
Durante la conferencia se analizó que la crisis migratoria es originada por la ampliación de la brecha entre ricos y pobres y la desmedida apetencia por la riqueza natural, que disparó los flujos migratorios e incrementó el número de desplazados por las guerras y el cambio climático hasta situarlo en 65 millones de personas.
“La crisis migratoria es una de las manifestaciones de la crisis integral de la globalización neoliberal”, señala el documento redactado al final del encuentro, en el que se llama a respetar el derecho a la movilidad humana.
“Es un derecho arraigado en la igualdad esencial del ser humano. Sin embargo, en la mayor parte de los casos, no responde a una decisión voluntaria de las personas sino a situaciones de necesidad que llegan a extremos de una migración forzada. Al dolor del desarraigo se suman las situaciones de injusticia, exclusión, discriminación y explotación que sufren las personas en tránsito y en los países receptores que atentan contra su dignidad, sus derechos humanos elementales, y en no pocas ocasiones, contra su propia vida”, agrega la declaración, que coloca el problema de las migraciones en el contexto de la inequidad social, y propone una Ciudadanía Universal.
“Los pueblos del mundo somos conscientes de la necesidad de seguir impulsando con mayor fuerza un nuevo orden mundial, cuyas características sean el establecimiento de las relaciones de complementariedad, equidad y solidaridad entre las personas y pueblos, y el reconocimiento y universalización del acceso a los servicios básicos como derechos fundamentales, que no pueden ser objeto de lucro y especulación de grupos privados”, señala el documento, que además señala un punto clave: la participación ciudadana en el diseño y aplicación de la políticas.
“La más amplia participación ciudadana en la elaboración e implementación de las políticas públicas trascendiendo a las oligarquías, dinastías, monarquías y otras formas de jerarquías políticas”, señala el texto.
El lugar de los medios en la estigmatización de los migrantes
El triunfo de Donald Trump en EEUU es el ejemplo más claro y más brutal, pero el avance de las posiciones más retrógradas es un hecho en varios países del mundo. En este sentido, la Conferencia Mundial de los Pueblos analizó el papel que desempeñan los discursos hegemónicos, potenciados por las corporaciones mediáticas trasnacionales, que promueven una visión negativa de los migrantes, ocultando los aportes que realizan a los países receptores en términos económicos, demográficos y socioculturales.
“Vemos con preocupación el avance de posiciones neocoloniales, intolerantes y xenofóbas que atentan contra la cooperación entre los pueblos y constituyen una verdadera amenaza para la paz mundial. Paradójicamente, estas posiciones se sostienen desde los centros de poder global, principales responsables de la violencia estructural, la inequidad planetaria y el cambio climático, en perjuicio de los acreedores de la deuda social y ambiental: los pobres y los pueblos pobres”, señala el documento.
Para superar estas posiciones intolerantes, el texto final ofrece una serie de propuestas para construir una Ciudadanía Universal “que consagre el derecho de todos y todas a tener y gozar en plenitud de los mismos derechos”.
En este sentido, se propone, una visión humanista que permita “acoger, proteger, promover e integrar” a las personas migrantes. Asimismo, se rechaza la criminalización de la migración que encubre falsos enfoques de seguridad y control, y se exige la eliminación de los “centros de detención de migrantes” y de los muros, tanto físicos como invisibles, que separan a los pueblos.
Hay muros de ladrillos, muros legales, y muros mentales que utilizan el miedo. Hay muros mediáticos que descalifican y estigmatizan. Los movimientos sociales que participaron de la Conferencia Mundial de los Pueblos llamaron a derribar todos esos muros.
Además, propusieron crear una Defensoría Mundial de los Pueblos por los Derechos de las personas migrantes, refugiados, asilados, apátridas, víctimas de trata y tráfico, que promueva la libre movilidad y los derechos humanos. Y exigieron a los gobiernos la creación y/o fortalecimiento de Ciudadanías Regionales que permitan la movilidad intrarregional y el pleno ejercicio de sus derechos, como puente hacia una Ciudadanía Universal.
El documento demanda que los gastos públicos destinados a la guerra y la criminalización de los migrantes sean utilizados para la creación de programas de integración que garanticen el ejercicio pleno de los derechos de las personas migrantes y sus familias. Y que se impulsen políticas locales que permitan ciudades y sociedades integradoras, donde se hagan efectivos en la vida cotidiana de los migrantes los derechos a vivienda, salud, educación, seguridad social, bajo los principios de complementariedad, solidaridad, hermandad y diversidad.
Se denunció asimismo la existencia de redes criminales que trafican con seres humanos, y se insistió sobre la necesidad de declarar la trata y el tráfico de personas como delito de lesa humanidad, para que los gobiernos luchen en forma más efectiva contra esta forma de explotación.
