“El límite de los ajustes lo fijan los ajustados”

El ex funcionario de la Ansés pasó por Rosario y aseguró que avizora “un panorama muy duro” para la seguridad social, “si el oficialismo no sufre un revés electoral y no se plantan quienes van a ser sus damnificados”.

Si bien expone sus ideas con serenidad, Miguel Fernández Pastor –ex gerente de Normatización de Prestaciones y Servicios de la Ansés– es contundente y avizora un panorama muy duro para la seguridad social en la Argentina, si el oficialismo no sufre un revés electoral y no se plantan quienes van a ser sus damnificados. En su análisis, inscribe la problemática dentro de toda la economía, ya que reivindica a la seguridad social como la mejor herramienta para la distribución del ingreso; y, en ese sentido, destacará los logros de los doce años de kirchnerismo, con la duplicación de beneficiarios, la mejora de su poder adquisitivo y una caja superavitaria.

El ex funcionario de la Ansés no duda en afirmar que el gobierno macrista le ha metido la mano en el bolsillo al sistema previsional para crear condiciones deficitarias y, así, avanzar en una reprivatización más dura que en los 90, que –señala– es una de las exigencias del Fondo Monetario Internacional. También observa cómo se acentúa la inequidad dentro del propio sistema, favoreciendo a los que ganan más en detrimento de los que reciben menos.

De todos modos, no plantea un escenario irreversible sino que cree que se le puede poner freno. “El límite de los ajustes lo fijan los ajustados no el ajustador. El ajustador siempre va por más. El ajustado es el que pone el límite. Por eso, si en estas próxima elecciones gana Cristina, si hay movilización popular, si la gente se planta, no hay reforma. Si pasa lo del ‘93, ‘94, que la sociedad se adormece, entonces, sí la habrá”, afirma.

Tradición histórica y sintonía con el modelo macrista

Fernández Pastor, quien también ha sido director del Centro Interamericano de Estudios de Seguridad Social con sede en México, disertó el pasado 7 de julio en la Fundación Igualar. Previo a su intervención, conversó con El Eslabón y expuso su visión de la política previsional macrista, cuya determinación de meter la mano en la caja jubilatoria es, a su entender, parte de una tradición de las gestiones económicas antipopulares. “Siempre el neoliberalismo miró los fondos de seguridad social como un lugar donde financiarse”, afirma, y enumerará cuatro episodios: Adalbert Krieger Vasena, ministro del dictador Juan Carlos Onganía, que bajo el disfraz de la unificación de cajas las vació; José Martínez de Hoz, que eliminó contribuciones patronales que se pagaban a través del IVA; Domingo Cavallo, privatizando el sistema; y, ahora, la administración macrista, expoliando en este caso el Fondo de Garantía de Sustentabilidad.

Luego, agrupará datos para mostrar la concordancia entre política económica general y seguridad social: “En veinte meses, 17 millones de personas perdieron el 15,2 por ciento de su poder adquisitivo: son los jubilados, los pensionados, los que reciben pensiones no contributivas, asignación universal por hijo. También perdieron el Plan Progresar 346 mil estudiantes; se entregaron 506 mil computadoras menos de Conectar Igualdad; dieron de baja a las pensiones por invalidez, por madre de siete hijos; el Pami hizo recorte de prestaciones a cinco millones de afiliados y restringió la cobertura de medicamentos a 200 mil. Además, se suspendieron los planes Cunita, Remediar, Argentina Sonríe, Sumar, Lucha contra el Sida y Atención Sanitaria en el Territorio, que impacta a otros cinco o seis millones de personas”. Para el ex funcionario, “esto va a seguir pasando; porque si no, no pueden privatizar el sistema, que es su objetivo final, pero no al estilo de los 90”.

—¿Cuál sería la diferencia?

—Con la anterior, ya aprendieron. Entonces, ahora van por otra metodología, que les resulte mucho más práctica y defendible. El año pasado, cuando estuvo el Fondo, dejaron su informe y en cuestiones relacionadas con la seguridad social plantearon que tiene que ser un régimen sustentable, que en buen romance significa bajar al cincuenta por ciento las jubilaciones; el aumento de la edad jubilatoria; después, si se puede, derogar la ley de movilidad (n. del r.: que aplica automáticamente dos aumentos al año a los jubilados), sino, por lo menos acotarla a un aumento anual y que se pueda manipular la disminución del haber previsional y, por último, quieren reemplazar o modificar lo que se llama la tasa de sustitución en materia previsional. ¿Qué es esto? Que al entrar en la pasividad, un trabajador cobra más o menos el 60 por ciento de lo que gana un activo; y la quieren disminuir al orden del 30, 35 por ciento, como pasa en Chile y es lo que creen que pueden pagar.

El esquema apuntaría a dividir en capas económicas a la sociedad. Para los más pobres, un régimen asistencial puro, a cargo del Tesoro; para los sectores medios, medios bajos, un régimen de seguridad social básico; y que los otros tengan uno que les permita vivir cómodamente el resto de sus vidas.

La mentira de la sustentabilidad

Según Fernández Pastor, uno de los argumentos con que apunta a re-privatizar el sistema es cuestionar su sustentabilidad. En ese sentido, marca que, como parte de la ley 27.260 de blanqueo de capitales –con la cual se comprometía la asignación de fondos para la denominada “reparación histórica” a los jubilados– incluye la conformación del Consejo de Sustentabilidad Previsional. Al respecto, explica: “¿Cómo entienden la palabra sustentabilidad? Significa que el sistema tiene que ser autosustentable. Nuestro sistema tiene el cincuenta por ciento de los fondos que son de aportes y contribuciones, y el otro cincuenta sale de impuestos. Van a sacar todos los impuestos y a dejar los aportes y contribuciones. En otras palabras, van a reducir en términos reales las jubilaciones al cincuenta por ciento.

—Es otra expresión de la transferencia de ingresos hacia sectores más concentrados.

—Así, es; pero hay más. Los incrementos en materia de jubilación se dan en setiembre y marzo. El último aumento que dio Cristina fue en setiembre de 2015. Si tomo lo que gastaba la Argentina en ese momento, lo actualizo, y lo comparo con lo que se destina hoy, aquello eran 2 mil millones de pesos más que todo lo que se gasta hoy; pero lo más grave es que ahora, además, hay trescientos y pico mil beneficios nuevos, que se incorporaron al sistema por su propia inercia y, además, está la reparación histórica.

Si yo estoy gastando, pongámosle lo mismo, y tengo más cosas metidas adentro y le pagué más a algunos jubilados, quiere decir que eso lo abonaron los que menos tienen dentro del sistema. A los más pobres no se les actualiza el haber y sí a los que más ganan. Por lo tanto, no sólo es que se saca a los jubilados para transferir a los poderosos de la economía sino que dentro del sistema se saca a los más pobres para darle a los que más ganan. Así es la ley de reparación histórica.

—Otro impacto de esta política de seguridad social tiene que ver con que el gobierno ha metido la mano en el Fondo de Garantía de Sustentabilidad.

—Están usando la plata de los jubilados. ¿Cómo es el esquema? Yo tengo un gasto en seguridad social y del Tesoro le mando menos plata. Entonces, la tienen que sacar del Fondo de Garantía de Sustentabilidad.

Seguridad social y política redistributiva

En algunos tramos de la conversación, Fernández Pastor ha hecho interesantes observaciones sobre la escasa visibilidad pública que tienen los reclamos de los jubilados, lo que lleva a pensar acerca del lugar que los políticos les asignan en su agenda. En ese sentido, entiende que “si la agenda de política es la asunción de un compromiso con los más vulnerables, la mejor herramienta que tienen de distribución del ingreso, de dignificación de los que menos tienen, es la seguridad social”, y agrega: “El mejor ejemplo es lo que pasó, sobre todo, en los diez primeros años de kirchnerismo”.

Entonces, el ex funcionario de la Ansés reseñará el círculo virtuoso que se generó a partir del Plan de Inclusión Jubilatoria, cuya redacción se atribuye, y que incorporó al sistema –a través de una moratoria– a más de tres millones de argentinos que teniendo edad no contaban con los aportes para jubilarse. Destacó que, pese a los fantasmas que se agitaban sobre una debacle de las cajas, ocurrió todo lo contrario: el sistema cerró con superávit al finalizar el mandato de Cristina.

“Toda plata que va a manos de una persona que tiene menores recursos, va al consumo y este hace funcionar la economía. Se recauda mejor en aportes, contribuciones y en impuestos. Por eso, la principal política reactivadora de la economía de Néstor fue la inclusión jubilatoria”, dice, y completa: “Cuando sube Néstor Kirchner, había más o menos tres millones cien mil jubilados y pensionados, y un déficit pavoroso del sistema previsional, que no había forma de pararlo. Cuando se va Cristina, hay seis millones ochocientos mil beneficiarios, tres millones y pico a través de la moratoria; el sistema, además, paga la asignación universal por hijo, Conectar Igualdad y todas esas cuestiones; y tenía un superávit de 50 mil millones de pesos argentinos. Es decir, cuanto más creció la cobertura, mejor le fue al sistema”.