Plantear el tema del encierro como una solución al problema de la seguridad “es falaz”, coincidieron Silvia Guemureman y María Florencia Gentile, dos sociólogas e integrantes de colectivos por los derechos de los más chicos. “Existe la errónea creencia de que castigar a niños y jóvenes es más barato que promover derechos”, señalaron y subrayaron que “lo de la puerta giratoria es otro falacia”.
“No a la baja de la edad de punibilidad de los jóvenes”. Esa es la posición a la que adscriben Silvia Guemureman y María Florencia Gentile –ambas son doctoras, docentes e investigadoras– y, como señalan, lo hacen desde “una perspectiva académica y militante”, junto a un conjunto de organizaciones. Conjugan compromiso y experticia (experiencia y pericia) en la defensa de los derechos que de manera recurrente pretenden ser avasallados por quienes impulsan políticas regresivas expresadas desembozadamente desde el gobierno nacional.
Guemureman es coordinadora del Observatorio de Adolescentes y Jóvenes, y Gentile es impulsora de la Red Argentina No Baja.
Ambos colectivos tienen sólidos argumentos contra la baja y buscan su visibilidad en un contexto de medios concentrados, que reducen el debate a consignas, estigmatizan a ciertos jóvenes y sesgan la mirada sobre una problemática que no solo es penal sino, ante todo, social.
El pasado jueves expusieron en la Facultad de Psicología de la UNR, cuyo SUM se vio colmado. Fue en la actividad “Por qué decimos no a la baja de la edad de punibilidad. Las responsabilidades interrogadas”, que organizaron distintas cátedras de esa casa de estudios junto al Colegio de Psicólogos de Santa Fe. Previo al encuentro, Silvia y Florencia conversaron con “El Eslabón”.
—Ustedes tienen afirmaciones muy contundentes sobre el no a la baja, ¿las podrían explicar?
—Guemureman: En primer lugar, diferenciamos punibilidad de imputabilidad. Según el Código Penal, la imputabilidad refiere a la capacidad de comprender y de dirigir las acciones; por eso en el artículo 34 se prevén causales de inimputabilidad. En cambio, cuando se habla de punibilidad, ya no nos referimos a la capacidad de comprender y querer, sino a la decisión del Estado en términos de voluntad de castigar, en este caso, a determinada edad.
¿Por qué decimos que no a la baja? Porque afirmamos que, cuando un adolescente o un joven entra en conflicto con la ley, la respuesta en términos estatales no puede ser el sistema penal sino que debe ser social.
Entonces, el primer argumento es que el Estado no debe ingresar al sistema penal a los adolescentes a una edad cada vez más temprana; y, en segundo lugar, en relación a eso, está el funcionamiento del sistema penal real y que nada bueno sale de su intervención.
—No soluciona el problema…
—Gentile: No, lo profundiza. Y así lo planteamos junto distintos actores cuando salimos a responder a esta avanzada de bajar la edad de punibilidad como una supuesta solución al problema de la seguridad, tal como está planteado en términos de debate público, donde se plantea que los jóvenes y adolescentes son causales del problema de la inseguridad.
—Y determinados jóvenes…
—Guemureman: … de clases populares, que habitan barrios marginados.
—Gentile: Plantear el tema como una solución al problema de la seguridad es falaz por varios motivos; pero sobre todo porque está constatado que no son los jóvenes, y menos los de catorce y quince años, los que cometen la mayor cantidad de delitos. Por eso, si se quieren llevar adelante políticas para resolver el problema de la seguridad, la solución no es encerrarlos.
Otra cuestión es lo que decía Silvia respecto de que el Estado penal empeora las cosas y eso lo vemos en las trayectorias de vida. Una vez que las personas entran en el sistema penal hay muchas más probabilidades de reincidencia o de una trayectoria criminal, que de ninguna manera estaba tan determinada antes de la aparición del Estado penal en esas vidas. Si en el momento en que un adolescente entra en conflicto con la ley interviene el Estado social, a través del sistema de protección integral, se puede trabajar integrando, fijando cuáles son las situaciones de vulneración de derechos que sufrió un joven para llegar a la instancia de estar involucrado en ciertas situaciones. Así, se puede actuar de manera preventiva.
—Guemureman: El otro argumento es que la baja sería regresiva respecto de los tratados internacionales, porque hay consagrados estándares de derechos; y, justamente, el tema de la edad fue uno de los motivos por los cuales la Argentina no fue observada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) cuando años atrás (n. del r.: junio de 2013) cuestionó las perpetuas aplicadas menores de edad. Precisamente, lo que se destacó fue que la punibilidad estaba fijada en los dieciséis años y que lo deseable no era bajarla sino elevarla a dieciocho.
—¿Cómo se relaciona esto con la legislación sobre derechos de niñas, niños y adolescentes que no se suele respetar? Porque se quiere condenar a los mismos a los que se les vulneran derechos.
—Guemureman: Por eso, decimos que la decisión es política, porque en la asignación de recursos existe la errónea creencia de que castigar es más barato que promover derechos y hacer políticas públicas. Cuando el imaginario pro punitivo dice “hay que meterlos a todos presos” o habla de “la puerta giratoria”, que es otra falacia, están invisibilizando que hay una decisión política de poner los recursos en el sistema penal en vez de hacerlo en el de protección.
Cuando se ponen en el sistema de protección, está la posibilidad de prevenir, de ir en el sentido de promover derechos. En cambio, cuando van al penal, este no reeduca, no resocializa, no previene la reincidencia.
El sistema penal fracasa en todos los que son sus objetivos declarados, porque tampoco otorga garantías. Es falaz que dentro del sistema penal van a tener garantías los chicos que fuera del sistema no la tienen; y el mejor argumento de eso es lo que les pasa a los adultos y a los jóvenes punibles que ya están en él.
—Gentile: Es más, en la Argentina es necesario realizar una reforma del régimen penal juvenil, porque el que está vigente se basa en un decreto de la dictadura, que por supuesto no está pensado en base al paradigma de derechos humanos y se contradice con la normativa internacional y nacional, a la que la Argentina adhiere. Es importante decir que esto no tiene nada que ver con la situación de bajar o no la edad de punibilidad; porque muchas veces en la discusión pública se confunden las dos cosas; decir “bueno, existe un decreto de la dictadura, hay que modificarlo y, entonces, bajemos la edad”.
No tiene nada que ver. Son cosas distintas. Hay que generar una reforma que rija para los que son punibles, que es de dieciséis y diecisiete años, y dejar fuera del sistema penal a los no punibles y que el Estado se involucre desde sus otras áreas.
—El debate sobre punibilidad parece estar hegemonizado por abogados. La pregunta apunta a su mirada de sociólogas: ¿de qué manera aportan al debate?
—Guemureman: No creo que esté hegemonizado por los abogados. En este debate y en todas las veces que se logró parar que avancen los proyectos de baja tuvieron mucho que ver las organizaciones sociales y dentro de ellas hay muchas profesiones: psicólogos, trabajadores sociales, sociólogos y no tantos abogados. Eso es un contrapeso importante.
De todos modos, es residual la posición de abogados que proponen la baja, a tal punto que en las reuniones de comisiones del Ministerio de Justicia, en febrero, solo fue una abogada de la Fundación Sur la que expuso la postura jurídica a favor, hablando de las garantías. El resto de las posiciones a favor vino de aquellos que demandan más castigo, que quieren venganza y que no les interesan las garantías.
—Gentile: La riqueza no es solo por ser sociólogas, sino por la posibilidad de constituirnos en redes, que hace que el debate no quede encerrado exclusivamente en una discusión técnica jurídica, de modelos ideales. También aportamos desde nuestras investigaciones sociológicas, porque vemos que las prácticas sociales no funcionan como modelos ideales y también desde ese lugar es que decimos que no a la baja.
—Se observa una intención muy fuerte de instalar el tema desde algunos medios y que el mayor desarrollo contra la baja surge de las organizaciones a la que se les plantea el problema de dar visibilidad a su punto de vista.
—Gentile: Sí, por eso es fundamental lo que pasa ahora, porque esta no es la primera vez en la historia argentina que se presenta el proyecto de bajar la edad. Sin embargo, sí es la primera vez en que desde diversos ámbitos académicos, sociales, políticos, logramos articularnos y organizar campañas a nivel nacional para poder dar esta disputa, lo que es muy difícil, porque la visión de los medios en general está hegemonizada en bajar la edad.
—Guemureman: En los medios, todo se resume. Con una imagen pretenden sintetizar distintos problemas sociales: la inseguridad, la violencia entre los jóvenes, el consumo de drogas, el narcotráfico. En el caso del Polaquito (n. del r: el niño que apareció en el programa televisivo de Jorge Lanata), aparecía la condensación del mal y contra eso es muy difícil; y esto no escapa al retroceso que hubo con la ley de medios, que fue una pérdida enorme. La proliferación de un discurso hegemónico es posible porque otras voces no se escuchan. Por eso, nosotros hacemos esto desde una perspectiva académica y militante. El conocimiento tiene que servir para transferirlo dentro del espacio público, tiene que volver a la sociedad en función de aportar a la solución de problemas.
