Luego de que el Ministerio de Trabajo de Santa Fe relevara 26 empleados no registrados en un coqueto local de Pichincha, el abogado rosarino Jorge Elías señaló que las políticas del gobierno nacional fomentan claramente la informalidad laboral.
La información surgió en las últimas horas, pero la inspección al bar Queens, de Oroño y Güemes, se realizó en el mes de junio pasado. Durante las tareas, los representantes de la cartera laboral relevaron 32 trabajadores de los cuales un 81 por ciento (26 empleados) no se encontraban registrados al momento de la fiscalización.
Consultado al respecto, el abogado laboralista Jorge Elías señaló: “Este fenómeno es muy común, sobre todo en el sector gastronómico, donde la precarización laboral es moneda corriente y ya lo vimos hace algún tiempo en el bar Rock & Feller’s”.
Desde el Ministerio informaron que los empleadores de Queens no se presentaron a la audiencia de recepción de documentación, pautada para el 17 de julio, y que dicho incumplimiento –que exhibió la falta de voluntad por regularizar la situación de sus trabajadores– implica un agravamiento de la sanción del 5 por ciento. De esa manera, la multa por cada trabajador no registrado ascendería de 16.100 a 16.905 pesos. En caso de no asistir a la segunda audiencia de descargo, la sanción aumenta un 10 por ciento más.
“El sistema está basado en una idea de multas –explica Elías– pero en realidad esas multas no son eficaces porque si se adhieren a registrar al trabajador le descuentan el 25 por ciento. Es un engaña pichanga, porque el empleador los anota pero a partir del momento en que le cayó la inspección, por lo que los aportes antiguos quedan perdidos. Este es un negocio relativamente nuevo pero ya ocurrió en otros con mayor antigüedad que los anotan a partir del relevamiento, entonces todo el mundo arranca de cero, lo que afecta a la estabilidad, a los aportes y al reconocimiento de antigüedad del periodo anterior.
En muchos casos –prosiguió el abogado laboralista– los anotan por medio dia, que es lo que ocurrió por ejemplo en Rock & Feller’s, que tiene el 90 por ciento de sus empleados anotados por media jornada, lo que es un disparate porque es un negocio que tiene alrededor de 350 empleados y que trabaja 18 horas al día. Eso es claramente un fraude”.
Fuera de control
Según Elías, “el Estado es demasiado ineficaz a la hora de controlar la informalidad laboral”, y argumenta: “El inspector va y cuando le dicen que los empleados trabajan medio día se da media vuelta y se va. Por eso, se sigue habilitando esta modalidad en la que, para los grandes empresarios, es más viable gambetear las leyes que cumplirlas. Hay casos de empresas que anotan a los trabajadores al momento de la inspección y a los 15 días los hacen renunciar a todos y los vuelven a tomar en negro (aprovechándose del momento económico que atraviesan muchos argentinos), y así hasta la próxima visita de un inspector”.
Para el reconocido letrado rosarino, además, tiene una gran injerencia la postura del gobierno nacional que encabeza Mauricio Macri, quien en algún momento tildó de mafiosos a los abogados laboralistas. “No sólo hay un déficit muy grande en la forma de controlar, sino que el Estado nacional, que ya defenestró a los defensores de los trabajadores y habló de la mafia de los juicios laborales, ahora anda diciendo por ahí que quiere modificar las leyes 24013 y 25323 que establecen una indemnización agravada para trabajadores mal registrados o en negro. Lo que quieren es darle vía libre a los empresarios para que puedan darse el lujo de tener trabajadores en negro, total no pasa nada”.
Las políticas antipopulares y en evidente detrimento de las y los trabajadores que viene implementando la gestión Cambiemos, predisponen ese escenario que tanto beneficia a los poderosos. “Está claro que todo esto aporta a que se abran emprendimientos a lo loco sin ningún tipo de cuidado por los empleados. Y encima instalan que la culpa de que un dueño de un negocio, que produce ganancias millonarias, tenga a la gran mayoría de sus trabajadores en negro o mal registrados, pasa a ser de los abogados”.
El Ministerio de Trabajo de Santa Fe, además, detectó que casi el 50 por ciento de los empleados gastronómicos de la provincia “no está debidamente registrado”.
Al ser consultado sobre semejante descalabro en el sector, el presidente de la Cámara Hotelero Gastronómica de Rosario, Carlos Mellano, no tuvo reparos en admitir que el cumplir con las normativas vigentes “es responsabilidad de cada emprendimiento», y encima pidió discutir “la presión impositiva que soporta el sector”.
Ante la mención de esos dichos, Elías fustigó: “¿Presión previsional o presión tributaria? ¿Qué quieren no pagar aportes, obra social, ART; o pagar menos impuesto a las ganancias y menos ingresos brutos? Ese es un discurso mentiroso, porque a nadie se le ocurriría decir que Rock & Feller’s no puede pagar los aportes”. Y concluyó citando al papa Francisco: “El empleo en negro es un pecado muy grave”.
