El desapego de Mauricio Macri por la ley llegó al clímax. Persecución a jueces, fiscales y procuradores que no acatan sus directivas. Amenazas a organismos de DDHH. Apriete a los gremios. Un gabinete que desmiente con sus nerviosas acciones el éxito electoral que pregona.
El general Juan Perón sabía muy bien lo que decía cuando eligió aconsejar a sus funcionarios, cuadros y militantes usando una frase que para algunos puede sonar a perogrullada: “Dentro de la ley todo, fuera de la ley nada”. El fundador del peronismo no solía apelar a obviedades. A poco de que se analiza la expresión, se percibe que él sabía perfectamente cómo el polo dominante había consolidado su poder, conocía como pocos que si algo había soslayado la oligarquía era la legalidad, pese a que el andamiaje institucional había sido pergeñado con la suficiente pátina de juridicidad como para enmascarar su proverbial angurria de clase.
La irrupción del peronismo vino a trastocar esa lógica leguleya, planteando que desde la fuerza del poder popular era posible otra legalidad, incluso una profunda revisión de la constitucionalidad que regía al país desde hacía casi un siglo. Perón no quiso abalanzarse sobre las leyes o pasarles por encima con una topadora. Cambió las leyes que no garantizaban la justicia social y arremetió con una Constitución que relativizó el carácter de la propiedad privada, hasta ese momento un monstruo sagrado que no permitía ser alterado en modo alguno.
El corpus jurídico que le dio carnadura a los derechos sociales, hay que decirlo, sobrevivió más tiempo que la nueva Carta Magna, que sólo duró seis años, desde 1949 hasta el criminal golpe de Estado de 1955.
Desarticular las conquistas del pueblo trabajador le llevaría al poder oligárquico mucho más tiempo, y esa tarea destructiva aún no ha finalizado, de tan enormes que fueron esos logros. Casi 75 años después de la llegada de aquel coronel desconocido a la Secretaría de Trabajo y Previsión, todavía existe un sinnúmero de derechos adquiridos que las infames políticas neoliberales no han podido desmontar.
Sin embargo, en esos tres cuartos de siglo, la ofensiva de la vieja jerarquía oligárquica sobre esa arquitectura social inclusiva nunca se interrumpió. El ansia rapaz por recuperar la parte de la renta que siempre consideraron perdida nunca se atenuó, más bien se diría que se exacerbó cuando el sistema de partidos que funcionó con el peronismo proscripto no le daba resultados satisfactorios y entonces todo el cotillón de legalidad y “democracia” se iba al demonio y daba paso a dictaduras puras y duras.
Desde la década en la que el primer peronismo irrumpió en la escena política, económica y social de la Argentina, el lapso más extenso de trastocamiento del farsesco montaje institucional erigido por el polo dominante fue el peronismo encarnado en el kirchnerismo.
Entre 2003 y 2015, las leyes, medidas y políticas públicas de los tres gobiernos kirchneristas apuntalaron derechos que habían sido cercenados, incorporaron otros de tercera generación, recuperaron parcialmente el modelo de desarrollo autónomo heredado de Juan y Eva Perón y, con las limitaciones propias de la relación de fuerzas, produjo la inclusión de vastos sectores vulnerables. Generó empleo, desarrolló la ciencia y la tecnología, repatriando científicos e investigadores, reimpulsó la industria mediana, y recuperó parte del patrimonio que en los 90 enajenó el gobierno de Carlos Menem invocando al peronismo pero de la mano del dispositivo neoliberal.
No por conocido este itinerario debe resultar redundante. Su descripción tal vez ayude a entender una coyuntura atípica. Desde diciembre de 2015, por primera vez en la historia democrática reciente, el poder establecido gobierna sentado sobre millones de votos, y no apoyando sus asentaderas en las bayonetas. Lo que se repite es el desapego a toda legalidad adversa. Y lo que se recicla es el desprecio por toda reivindicación que roce los intereses de esa clase formada en la perversión del pillaje más despiadado.
La posverdad electoral
Poco después de cerrados los comicios que tuvieron lugar el pasado 13 de agosto, el régimen macrista montó un show triunfalista, en el que apeló a los objetivos triunfos en jurisdicciones tradicionalmente proclives a acompañar al peronismo, con distritos en los que había perdido pero se encargó de trocar esas derrotas en victorias virtuales.
Así, el escrutinio provisorio en las provincias de Buenos Aires y Santa Fe fue manipulado en forma tan grotesca que en el segundo de los casos tuvo que ser reconocida la victoria del peronismo. En el territorio bonaerense, un escandaloso dispositivo fraudulento negó a los argentinos la posibilidad de constatar el triunfo de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner sobre el oficialismo, noticia que se conoció casi dos semanas más tarde.
Esa patraña no sólo sirvió para disimular mediáticamente las derrotas en dos provincias que suman el 60 por ciento del padrón electoral. También desactivó la corrida cambiaria que amenazaba desatarse el lunes 14 de agosto, y cauterizó el desmadre financiero que hubiese devenido de la no renovación masiva de las tenencias de Letras del Banco Central (Lebac) en poder de los ciclistas de la City porteña.
Pero además se produjo un tercer efecto. Apoyado en la posverdad electoral que los medios hegemónicos instalaron, presentando las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (Paso) como un gran triunfo de Cambiemos a nivel nacional, Mauricio Macri se abalanzó sobre todos los focos de resistencia a su plan depredador.
No habían transcurrido 48 horas desde su payasesca danza entre lobos y globos amarillos que ese domingo pululaban en el escenario del búnker de Cambiemos, que una amañada y circunstancial mayoría propia en el Consejo de la Magistratura se cargó a un camarista federal, episodio ya narrado en estas pǵinas una semana atrás.
Pero además, enojado por la confirmación de la marcha del 22 de agosto, el Presidente se dio el lujo de amonestar a la CGT frente al titular del Banco Mundial, esgrimiendo que la central obrera no había entendido el mensaje de las urnas.
Como la movilización del martes pasado fue masiva, Macri no se quedó en las palabras, y ese mismo día se encargó de eyectar a dos funcionarios de sensible interlocución con los sindicatos.
En un reflejo de irritabilidad más propio de quien se siente importunado que de aquellos que actúan avalados por el triunfo contundente, Macri echó ese martes a Ezequiel Sabor, su viceministro de Trabajo, y a Luis Scervino, superintendente de Servicios de Salud, la dependencia que tiene a su cargo la administración de los fondos de las obras sociales.
El mensaje es claro: si el movimiento obrero se pone díscolo, el régimen macrista lo desfinancia en el área de las coberturas sociales, prestaciones médicas y farmacéuticas.
Tamaña ofensiva contra el sindicalismo peronista es muestra de que Macri no tolera ni siquiera a la dirigencia más moderada, ya sea entre las fuerzas políticas como en los gremios. Y la tendencia que prevalece en la CGT, de la mano de Pablo Moyano, Juan Carlos Schmid y Sergio Palazzo, no es precisamente moderada.
En el riñón del macrismo de sangre azul policial, se dice que la confrontación con el movimiento obrero “suma” entre los sectores que mantienen un histórico prejuicio respecto de la dirigencia gremial, y eso es bueno para acopiar votos camino a las elecciones de octubre.
La blitzkrieg macrista, no obstante, no se detuvo en las filas sindicales, y se encaminó a la Justicia, un ámbito en el que le encanta hacer chiquero.
El jueves pasado, el juez federal Sergio Torres ordenó elevar a juicio oral una causa en la que la ex procuradora del Tesoro Angelina Abbona fue procesada por el presunto delito de «peculado de servicios» al presentar un escrito en defensa de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, tras la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman, que la acusaba de encubrir a los supuestos autores iraníes del atentado a la Amia.
En marzo de 2015, el juez federal Sebastián Casanello había desestimado por «inexistencia de delito» esa denuncia, que había sido formulada contra Abbona por el fiscal federal Germán Moldes, organizador, entre otros, de la primera marcha antigubernamental tras la muerte de Nisman.
Con el macrismo en el poder, esa causa volvió a tomar vuelo, y la orden de Torres es que también vayan a juicio oral los ex subprocuradores Horacio Diez y Javier Pargament Mariasch, quienes fueron calificados como partícipes necesarios del delito que se le atribuye a Abbona.
Los imputados son acusados de malversar los recursos del Estado para defender a CFK, al confeccionar un escrito favorable a la ex mandataria, para refutar la denuncia de Nisman de encubrir a los supuestos autores iraníes del atentado a la Amia a través de la firma del memorándum de entendimiento con Irán.
En realidad lo que hizo Abbona, y por ello la Justicia desestimó la denuncia de Moldes, fue presentar ante la justicia un mail del ex titular de Interpol, Ronald Noble, que desmentía que la Argentina hubiera impulsado el levantamiento de las «alertas rojas» que pesaban sobre los imputados iraníes de volar la mutual israelita. Casanello dictaminó en forma concluyente: «Puede gustar o no la presentación de Abbona, puede ser considerada inoportuna, sin mérito o inconveniente, pero de ningún modo puede negarse que refleja un interés administrativo». Aquel fallo descartaba que la procuradora hubiera actuado a partir de «un aprovechamiento privado-particular de los trabajos y servicios del Estado», como sostenía Moldes, ex funcionario menemista en el Ministerio del Interior que conducía en ese momento José Luis Manzano.
Todo queda más claro si se toma nota de los voceros del poder con firma habilitada. El viernes 18 de agosto Clarín tituló “Ahora el Gobierno impulsará el juicio político de Rafecas y otros dos jueces” un artículo rubricado por Daniel Santoro, panelista o visitador frecuente del inefable programa Animales sueltos, producido y guionado por Daniel Ávila y José Luis Manzano, los dueños del canal América.
“Aprovechando la onda expansiva política de la suspensión del camarista (Eduardo) Freiler, el Gobierno se dispone ahora a reactivar los pedidos de juicio político del juez federal Daniel Rafecas, la vocal de la Cámara de Casación Penal Ana Figueroa y el miembro de un tribunal oral Oscar Hergott”, se solaza el empleado de Héctor Magnetto.
Santoro se siente impune y confiesa: “La estrategia oficial es demostrar que no se trata de una persecución contra Freiler por razones personales, sino una decisión política de terminar con lo que denomina «comportamientos mafiosos corporativos»”.
Como estos tipos no quieren ni pueden ser tibios, el escriba remata: “Según fuentes oficiales consultadas por Clarín el presidente Mauricio Macri, a pesar de caminar en muletas por la operación de su rodilla, estaba anoche exultante con la jugada en el Consejo de la Magistratura que permitió, luego de casi un año y medio de idas y venidas, conseguir el primer juicio político contra un juez que se ha convertido en un símbolo de la Justicia K”. Todo en nombre de la República.
Macrismo derecho y humano
La crápula vociferante que oficia de conductora, panelera o editorialista en diferentes programas definidos como “políticos”, se ufana en replicar el mensaje triunfalista que el régimen amarillo precisa para avalar sus abominables intervenciones.
Entre los blancos preferidos por el Gobierno para atacar en tiempos adversos destacan claramente los organismos de DDHH.
Y en esa inescrupulosa faena, exacerbar los instintos primarios de la chusma medieval que representa su cautivo público televidente reflotando un lenguaje que en realidad corporiza el violento accionar previo del macrismo.
Terrorismo, atentados, guerrilleros, subversivos, guerra, Montoneros, Farc, los 70, la violencia armada, un puñado de términos que pretenden esconder el “puñado de votos” con que el macrismo dice haber perdido a manos de CFK.
Atentados curiosísimos contra Gendarmería, artefactos relatados en modo bomba sospechosamente colocados “a metros” del Ministerio de Seguridad de la provincia en la cual precisamente se perdió esa elección. Atentados que tuvieron como módico saldo el incendio de dos puertas y laterales de sendos autos estacionados “a metros” del edificio donde manda Cristian Ritondo, quien con la velocidad del rayo salió a advertir: «No nos van a amedrentar».
Según el ministro, que brindó con inusual despliegue una conferencia de prensa, su cartera maneja varias hipótesis sobre el episodio. La primera sindicaría como autoras del incendio a «las mafias enquistadas» que “la Gobernación combate desde su llegada al poder, en 2015”. Imprecisa hipótesis, por cierto. Hay otra: Ritondo habló del «desprendimiento» de una movilización que se llevó adelante este jueves en La Plata. Pero la tercera es muy sugestiva. La colocación de los bidones de combustible con mecha y bomba de estruendo estarían relacionados con la exoneración del torturador Miguel Etchecolatz. El ministro incluso amplió: «Con Etchecolatz o con el grupo de policías con más de 2.790 causas de lesa humanidad».
En la historia reciente, las intimidaciones a fuerzas políticas en el poder provinieron de sectores policiales, de seguridad fronteriza o fluvial y de militares o paramilitares. El macrismo no trepida en cambiar también en eso. Ahora, para amenazar a los poderes del Estado se trataría de una respuesta violenta ante la atenuación del castigo a genocidas reconocidos y un número que no es muy divulgado de procesos a efectivos de la bonaerense por delitos de lesa humanidad. Flaco favor le hace Ritondo al mito de que son los hombres y no la institución los que están manchados con la sangre de muertos y desaparecidos. ¿Quiénes pueden querer hostigar a la República por fallos que suavizan hasta lo pornográfico las penas que los organismos, junto a las víctimas, trabajosamente lograron que la Justicia le imponga a esa lacra? ¿Miembros de organizaciones que ejecutan un “rebrote subversivo”?
El régimen macrista juega literalmente con fuego. Abre una caja de Pandora, por primera vez en democracia justamente porque es la primera vez que los factores de poder establecidos deben arrasar con el enemigo sin tanques ni fusiles. En tren de alcanzar una restauración de la legalidad que los protege, un ministro llega a decir esto: «No es casualidad que la gobernadora tenga que vivir en una base (militar)”.
Esta semana que concluye, la titular de la Asociación Madres de Plaza de Mayo Hebe de Bonafini acusó a la gestión Macri de un intento de desalojo de su sede. La intimidación tiene nombre y apellido: la llevó adelante el ex interventor del Inadi y juez contravencional Javier Alejandro Buján, designado por el Gobierno nacional como rector del Instituto Universitario Nacional de Derechos Humanos Madres de Plaza, conocido más popularmente como la Universidad de las Madres.
Hebe, por medio de un video que se hizo masivo en las redes sociales dijo este jueves que el Gobierno intentó desalojar a las Madres de su histórica sede de la calle Hipólito Yrigoyen 1584: “Buján nos amenazó diciendo que por las buenas o por las malas, esta semana nos va a sacar de la casa de las Madres”.
Al mismo tiempo, Bonafini aclaró que “jurídicamente no se puede» concretar el desalojo, «pero ellos tienen mucho poder y no les importa nada. Nos tienen mucha hambre a las Madres y vienen por más”.
Más precisión, imposible. Hebe siempre lo es. Sabe que el régimen macrista está ávido de sangre. Y que viene por más. Ganando o perdiendo elecciones.
Fuente: El Eslabón.
