Los esfuerzos oficiales por entorpecer la investigación de la suerte corrida por Santiago Andrés Maldonado, el joven desaparecido de la Pu Lof en Resistencia del departamento de Cushamen (Chubut), y la descomunal tarea de los medios de comunicación oficialista por hacer del desvío el camino principal, no hacen más que resaltar la magnitud que cobró el asunto para el oficialismo al cumplirse un mes de la represión de Gendarmería contra siete manifestantes que cortaban una ruta en la Patagonia, última vez que se lo vio al tatuador bonaerense. La insistencia del gobierno en desligar del tema a la principal sospechosa, la Gendarmería, refuerza su discurso sobre un enemigo celosamente construido que encaja con el sentido común del que se abastece su electorado: el terrorismo mapuche. Ante tamaño riesgo, ¿cuánto vale la vida de un hippie que simpatiza con causas perdidas?
Causas sin efecto
Existen dos causas judiciales sobre la desaparición de Santiago Maldonado: una que concentró los habeas corpus presentados para la búsqueda del joven que simpatiza con la demanda de los pueblos originarios, y otra caratulada como desaparición forzada de persona, que apunta a la acción de la fuerza de seguridad federal bajo el mando del Ministerio de Seguridad de la Nación.
A un mes de la desaparición de Maldonado, poco avanzó la investigación judicial, a pesar de las medidas solicitadas por la fiscal federal de Esquel, Silvia Ávila. Desde el 14 de agosto se decretó el secreto sobre el sumario, por lo que las partes no pueden acceder a las medidas adoptadas desde entonces.
Todavía se aguardan los resultados de las pruebas de ADN tomadas en presuntas manchas de sangre recolectadas de una soga encontrada en una camioneta de Gendarmería, que fue allanada varios días después de la desaparición. También cabellos encontrados en el escuadrón de El Bolsón de esa fuerza.
Tampoco se conoce, aún, dónde se activó un teléfono móvil perteneciente a Maldonado que, según declaró un amigo suyo, atendió por 22 segundos el 2 de agosto pasado –un día después de la represión– aunque nadie respondió.
El joven volvió a llamar en otras oportunidades pero el equipo estaba apagado. Aparentemente, el teléfono se activó en Chile, pero todavía no se conocen las celdas para precisar el lugar.
Los rastrillajes con perros adiestrados que se realizaron en la Pu Lof empleando prendas que habrían pertenecido a Maldonado dieron resultado negativo. Según la Justicia, la comunidad no permitió concluir la tarea al impedir ingresar a un sector que consideran “espacio sagrado”.
En un informe elevado por la fiscal Ávila al Ministerio de Justicia nacional, el 28 de agosto, sostiene que durante la realización de la medida no pudieron cruzar el río para determinar si Santiago lo había cruzado al escapar de la balacera de Gendarmería o, como señalan dos testigos de la comunidad, se quedó en la orilla donde fue aprehendido por la fuerza de seguridad.
El documento también consigna que “los buzos de Prefectura Naval, dadas las características del río, explicaron las razones por las cuales el cuerpo del joven Maldonado no pudo haber realizado un largo recorrido a lo largo del mismo de acuerdo a sus características”.
Es decir que descarta la posibilidad de que se hubiese ahogado en el río. Aunque el expediente no pudo comprobar ni descartar, todavía, si Santiago cruzó el curso de agua hacia la otra orilla.
Los dos testimonios que aseguran que Maldonado no atravesó el río, como hicieron los demás manifestantes perseguidos por la represión de Gendarmería, sino que fue detenido por la fuerza de seguridad y luego subido a una camioneta y trasladado en dirección a Esquel no fueron judicializados.
Ambos temen –y el miedo no es zonzo– que si se identifican ante el juez que ordenó desalojarlos y ante las autoridades del gobierno que los construyó socialmente como peligrosos terroristas, corran la misma suerte que Maldonado.
Juez y parte
Los allanamientos a los escuadrones de Gendarmería (35 de El Bolsón, 36 de Esquel y 37 de José de San Martín) que participaron del violento desalojo de la ruta e ingresaron al Lof en Resistencia de Cushamen fueron ordenados por el juez de la causa, Guido Otranto, el 10 de agosto. Es decir, 9 días después de que recibió la denuncia por la desaparición del joven.
La fiscal Ávila dio cuenta de los tiempos vaticanos con que se inició la investigación, acudiendo a un lenguaje lavado: “No se puede soslayar que el factor tiempo ha sido una variable que ha atravesado toda la pesquisa y los esfuerzos no han generado las respuestas inmediatas que necesita el señor Maldonado en pos de asegurar su integridad física, determinar su paradero y/o dar una expedita respuesta a su familia”, dice el escrito.
El juez Otranto encabeza una terna del Consejo de la Magistratura para ascender a un tribunal oral de la localidad rionegrina de General Roca, cuya designación está en manos del Poder Ejecutivo.
Según puede verse en un video del día de la represión, un gendarme lee a través de un megáfono la orden de Otranto de despejar la ruta cortada por los mapuches. El cumplimiento de la directiva tuvo, como consecuencia, la desaparición de Maldonado. Y la investigación la lleva adelante el mismo juez que ordenó el desalojo del camino interrumpido por la protesta.
Verónica Heredia, una de las abogadas de la familia Maldonado, explicó esa contradicción. “Entiendo que debe ser apartado por un temor objetivo de parcialidad por el hecho de ser el juez que dio la orden el 31 de julio para que la Gendarmería desalojara la ruta y luego permaneciera ahí. Objetivamente hay un temor de parcialidad por parte de las víctimas en el accionar del juez”, dijo.
Aunque aclaró que no iba a recusar al juez, puesto que la resolución de esa medida “dilataría” aún más la ya lenta pesquisa.
Negacionismo
El gobierno interpreta que la desaparición de Maldonado es utilizada políticamente para ensuciarlo, como si no bastara con su propia tarea. No considera que los dichos y acciones de sus propios funcionarios constituyen un lodazal.
El día del desalojo de la ruta –ordenado por el juez–, la incursión al interior de la Pu Lof –sin orden judicial– y posterior caza del mapuche a tiros estuvo en el lugar el jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad nacional, Pablo Nocetti.
Abogado defensor de represores de la última dictadura, el funcionario había advertido la inquina oficial contra la organización Resistencia Ancestral Mapuche (RAM).
“A partir de ahora cualquier tipo de actividad pública que haga el RAM van a ser detenidos y llevados a juicio. Que lo tengan claro, porque eso es lo que va a ocurrir”, dijo en declaraciones a Radio del Plata. “Van a quedar todos presos, no tenemos nada que dialogar, vamos a judicializarlos”, añadió Nocetti sobre la política pública destinada a los mapuches que no son mansos.
Sin embargo, una vez ocurrida la desaparición de Maldonado, los funcionarios del Gobierno destinaron sus mayores esfuerzos en exculpar a la Gendarmería y a desviar la investigación.
Breves ejemplos. “No hubo ningún tipo de actitud, ni de detención de Gendarmería”, dijo la ministra Patricia Bullrich ante la comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados.
Allí, además, reveló la identidad y el domicilio de un amigo de Maldonado, que había aportado elementos a la causa bajo reserva de identidad.
“No tenemos indicios de que (Maldonado) haya estado en el lugar”, negó la ministra a pesar de las evidencias en contra. Cualquier medida oficial en procura del paradero de Santiago estaba condenada al fracaso luego de esas palabras. Si ni siquiera había evidencia de que el desaparecido participara del corte y sufriera la represión, ¿qué se podía buscar?
En su misión por agigantar lo que el mismo gobierno llama la grieta, Bullrich llegó al paroxismo cuando en el programa Código Político, de la señal de cable de Clarín Todo Noticias (TN), dijo: “Se plantea una cuestión de bandos. El bando de los que quieren encontrar a Maldonado, y el bando de los que no queremos encontrar a Maldonado”.
Incluso después de que el juez caratuló el caso como desaparición forzada de persona, Bullrich mantuvo su posición de que no había elementos para encuadrar el caso de ese modo.
Una ayudita por favor
La negación oficial y la construcción del mapuche indócil como terrorista cuenta con el inconmensurable apoyo de los medios de comunicación oficialistas. Que, a veces, parece que hasta exageraran su colaboración, provocando innecesarias irritaciones.
Una de las primeras acciones fue la berreta y fugaz operación de ubicar a Maldonado en Entre Ríos, haciendo shopping en una tienda mientras el país entero hablaba de su desaparición.
Y, como en otros casos, hasta apareció el camionero que lo llevó cuando hacía dedo y no lo identificó en el momento –a pesar de la exposición constante de su imagen– sino que lo advirtió más tarde.
¿Qué busca una operación mediática tan burda? Instalar la idea de que el hippie se fue por allí, en busca de nuevos horizontes, por lo que es inútil importunar a la Gendarmería de Chubut con preguntas sobre su paradero, a pesar de que fue el último lugar donde se lo vio.
Luego la pesquisa siguió por Mendoza y otras provincias. Pasados unos días, el poder mediático abandonó por inconducente esa línea distractiva.
La familia de Maldonado tuvo que aportar un video que lo muestra en el corte de la ruta el 1º de agosto, para desestimar las versiones de la propia ministra que carecía de evidencias de que Santiago hubiese estado allí.
La última acción cooperativa la aportó el jueves 31 el diario La Nación, desinformando sobre un presunto cuerpo hallado en Chile por los carabineros. Duró apenas unas horas.
El 18 de agosto la Justicia desestimó la hipótesis de que Maldonado hubiese sido asesinado por un puestero de las estancias del Grupo Benetton, quien denunció que el 21 de julio fue asaltado por encapuchados a los que señaló como mapuches del RAM e hirió a uno de una puñalada.
El propio puestero, Evaristo Jones, se encargó de aclarar en varias oportunidades que la herida que le infligió a la persona con la que tuvo la reyerta no podía ser letal. La familia de Maldonado –otra vez– tuvo que aclarar que Santiago se comunicó con la mamá el 25 de julio.
Sin embargo, a un mes de la desaparición, el diario Clarín publicó el 1 de septiembre, nuevamente, una entrevista con el puestero y reflotó la hipótesis hundida por la investigación. Cualquier historia parece útil a los fines de no apuntar a la principal sospechosa, la Gendarmería, y abonar el camino negacionista del gobierno.
Fuente: El Eslabón
