Fiscalía y querella realizaron este lunes sus alegatos contra los ex policías Juan Mulasano y Omar Noce, y consideraron acreditada la responsabilidad de ambos en el secuestro y torturas a víctimas de la dictadura de Reconquista y Vera.
El fiscal Martín Suárez Faisal pidió este al Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santa Fe que imponga las penas de diez años de prisión a Mulasano y de 9 años de prisión a Noce, a quienes acusó como autores de los delitos de «privación ilegítima de la libertad agravada por el empleo de violencia y amenazas y de tormentos agravados por tratarse de un perseguido político» contra dos grupos de víctimas, un total de 16, en 1976 y 1977.
Según se informó desde el Ministerio Público Fiscal, Suárez Faisal acusó a Mulasano por la privación ilegítima de la libertad de nueve víctimas y las torturas sufridas por ocho de ellas entre los años 1976 y 1977 en la ciudad de Reconquista, mientras que a Noce lo consideró responsable de los mismos delitos perpetrados contra un grupo de siete víctimas secuestradas en la ciudad de Vera y posteriormente trasladadas al paraje de Santa Felicia.
«Se transformaron, en mayor o menor medida, en engranajes esenciales para que las fuerzas armadas y de seguridad con sede en la zona se pusieran al servicio del régimen de la dictadura más atroz que se recuerde en nuestro país», dijo el fiscal sobre los acusados.
El imputado Juan Antonio Mulasano ingresó en 1971 a la policía de la provincia de Santa Fe, donde prestó funciones en la Unidad Regional IX con asiento en la ciudad de Reconquista, entre otras dependencias policiales. El fiscal general Suárez Faisal señaló en su alegato que durante el juicio quedó acreditado que integró entre 1976 y 1980 un grupo represivo que llevaba a cabo procedimientos de forma irregular, que tenían como objetivo la detención ilegal de personas que luego eran conducidas a distintos centros clandestinos de detención (CDD). En primer lugar la jefatura, en algunos casos la Base Aérea y, luego, la Comisaría Cuarta o la Guardia de Infantería Reforzada en Santa Fe, donde llevaban a cabo interrogatorios bajo torturas.
En tanto, Omar Rubén Noce prestó servicios entre 1974 y 1979 en la “Guardia Rural Los Pumas” de la localidad de Santa Felicia (a 80 kilómetros de la capital provincial), en cuyas instalaciones funcionó uno de los mayores CCD que integraron el “circuito represivo” provincial. El representante del MPF explicó que el imputado ocupó un lugar jerárquico en ese CCD, al desempeñarse como mano derecha del inspector general Rubén Darío Gaitán, por ese entonces jefe de la Guardia Rural.
Respecto a al intervención de Noce en los hechos analizados en el debate, el fiscal general destacó que no sólo el propio imputado “se sitúa en el lugar de los procedimientos y de los traslados, sino que también ello se encuentra probado a partir del libro de Novedades de la Guardia Rural Los Pumas”, y por los contundentes testimonios de las víctimas, tanto durante el juicio como en la etapa de instrucción.
Los imputados estuvieron prófugos de la justicia desde 2008 hasta 2012, cuando se produjeron las respectivas detenciones.
«Sin temor a equivocarse este Ministerio Público Fiscal entiende que el motivo que los llevó a delinquir fue la criminal convicción que tenían acerca de que la llamada ‘lucha contra la subversión’ debía llevarse a cabo por cualquier medio, por atroz que fuere, y aún fuera de la ley. Con esa comunión ideológica con el plan sistemático trazado por los altos mandos militares, se transformaron, en mayor o menor medida, en engranajes esenciales para que las fuerzas armadas y de seguridad con sede en la zona se pusieran al servicio del régimen de la dictadura más atroz que se recuerde en nuestro país», señaló el fiscal.
Querella
En la audiencia de este lunes, el primero en alegar fue el representante legal de la querella, Iván Bordón, apoderado de María Angélica Marcón –hija del fallecido testigo-víctima Osvaldo Marcón–. Bordón reclamó la pena de 15 años de prisión efectiva para Mulasano.
El abogado explicó que la querella consideró acreditados los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada por el uso de violencia y amenazas contra Osvaldo Marcón y de imposición de tormentos agravados por ser las víctimas perseguidos políticos.
Fuente: Fiscales/NorteAmplio
