Este martes se conocerá el veredicto en el proceso que se sigue a tres acusados de afectar la salud de docentes y alumnos de un establecimiento rural en Colonia Santa Anita, al realizar una aplicación aérea de agroquímicos en un campo lindante.
El Tribunal de Concepción del Uruguay dará conocer este martes 3 de octubre su veredicto en el inédito juicio por una escuela rural fumigada en Colonia Santa Anita, en la provincia de Entre Ríos. La Fiscalía pidió 18 meses de prisión para los imputados: el productor José Honecker, el presidente de la empresa fumigadora Agro Litoral Ernesto Rodríguez, y el piloto de la aeronave, César Visconti. La causa investiga una denuncia por intoxicación en diciembre de 2014 cuando una avioneta fumigó con agroquímico un campo de arroz cercano al edificio escolar, afectando gravemente la salud de docentes, alumnos y directivos. El caso recobra importancia porque podría sentar precedente.
“Era un 4 de diciembre, hacía mucho calor, soplaba viento norte. Un alumno que venía del patio me dijo «seño, anda un avión volando re bajito». Cuando salgo del aula siento un olor terrible. Entré enseguida y cerré todas las ventanas. Filmé a la avioneta esparciendo veneno por delante de la escuela. Al rato, una nena empezó a vomitar, otros tenían mareos, dolores de panza. Llamé al hospital y a la Policía, y el avión seguían fumigando”, narró Mariela Leiva, directora de la escuela rural Nº 44 República Argentina de Colonia Santa Anita, en el departamento Uruguay.
“Pese a las presiones y amenazas que recibimos, sabemos que es una causa que puede sentar precedente. El dueño del campo es un ex alumno de la escuela y no le importó nada. Ni siquiera cumplieron con avisar 48 horas antes que iban a fumigar. Las fumigaciones aéreas son muy nocivas para la salud, sobre todo de los niños. Incluso la mesa de enlace de las entidades agropecuarias de Entre Ríos sacó un comunicado donde llama a la reflexión al tribunal, y defiende un modelo de producción por encima del derecho a la vida, de la salud”, indicó la referente de la campaña “Paren de fumigar las escuelas” y militante del gremio docente Agmer, en declaraciones al programa Poné la pava (radio Gran Rosario).
La causa fue elevada a juicio el 4 de julio pasado. Al pedir un año y 6 mese de prisión para los acusados por lesiones leves culposas y contaminación ambiental culposa, la Fiscalía caracterizó como agravante que la contaminación con agroquímico se realizó en una institución pública, en una escuela, con niñas y niños; aunque relativizó la gravedad al atenuar “los antecedentes” de los tres acusados. También recalcó que la sentencia no es “contra la actividad económica que se realiza sino contra los ejecutores de un hecho evitable”.
Al conocer la solicitud de la Fiscalía, la docente Mariela Leiva escribió en las redes sociales: “Lo importante aquí es que luchamos para sentar un precedente, que los imputados sean condenados, ayudando de esta manera a la lucha por la defensa de la salud y el ambiente”.
Y continuó: “Quiero repudiar la declaración del presidente de la Federación Agraria, que cuestiona los informes presentados por los organismos oficiales como el municipio y el oficial de Policía desestimando la investigación de la Fiscalía, queriendo justificar lo realizado por el productor que al año siguiente volvió a realizar otra aplicación, infringiendo totalmente la legislación vigente, a la empresa de aviación que no tenía la habilitación para trabajar en la provincia, informe de la pericia contable, y al piloto, que tiene que tener la formación específica para realizar la pulverización y con esto quiero decir, que sabía lo que hacía”.
