La Justicia ingresó a la comunidad mapuche en busca de pruebas para determinar quién mató a Rafael Nahuel. No halló armas, pero sí “muchísimas” vainas de proyectiles calibre 9 mm de los que usa Prefectura y la Policía.
Según la web informativa En estos días, que dirige el periodista Santiago Rey, “las pruebas recolectadas y los datos que surgieron de la diligencia judicial hacen muy complejo para el juez avalar la teoría del Ministerio de Seguridad sobre un «enfrentamiento»”.
La revisión del terreno dejó como saldo el hallazgo de “innumerable cantidad de vainas de armas 9 mm; algunas correspondientes a armas antitumulto –escopetas 12/70–; inexistencia de armas; ausencia de tranqueras internas y de árboles con orificios de bala; y hasta una notable diferencia sobre el lugar donde ocurrió el asesinato de Rafael Nahuel en relación a los dichos del Ministerio de Seguridad (nacional), constituyen los datos más importantes que surgieron de la inspección ocular que este jueves encabezó el juez Gustavo Villanueva”, puntualizó la web mencionada.
Por otra parte, cabe recordar que la diligencia judicial se llevó adelante recién doce días después del asesinato por la espalda del joven de 21 años que había viajado para acompañar a algunos familiares que participan de la recuperación territorial de la comunidad Lafken Winkul Mapu.
El magistrado y su secretario fueron acompañados durante la inspección –que duró aproximadamente ocho horas–, por la fiscal que entiende en el caso; la defensora de Menores; el padre y el hermano de Rafael; las abogadas de la familia; la diputada nacional Victoria Donda (titular de la Comisión de DDHH de la Cámara baja); una abogada de Prefectura Naval y dos prefectos. Todos ellos, señala Rey, “custodiados dentro del territorio por unos 70 uniformados de diversas fuerzas federales, y unos 200 más que esperaron en la ruta”.
La web En estos días destacó que “en ningún momento hubo contacto con los integrantes de la comunidad, quienes permanecieron ocultos, salvo al final de la diligencia: en ese momento formaron un cordón a los costados de la senda y comenzaron a gritar «asesinos» a los miembros de las fuerzas de seguridad y al juez, y exigieron justicia para Rafael Nahuel y Santiago Maldonado. Sin embargo, no hubo incidentes”.
En diálogo con la web, la abogada querellante en nombre de la familia, Natalia Araya, sostuvo que “en el interior de la comunidad no existen las tranqueras ni había árboles caídos o con orificios de bala”, desmintiendo lo que informó el Ministerio de Seguridad que conduce Patricia Bullrich.
Incluso, el lugar sindicado como el del supuesto “enfrentamiento” tampoco coincidía con las declaraciones de la ministra: como se recordará, la cartera de Seguridad había informado que se produjo a unos 400 metros de la tranquera de ingreso, pero durante la diligencia se comprobó que el lugar donde Rafael Nahuel fue ultimado está “a unos mil o 1.500 metros” de la tranquera, detalló la abogada.
No se trata de un dato menor, puesto que demostraría que l”os efectivos del grupo Albatros de Prefectura avanzaron mucho terreno adentro de la montaña, hasta dar con el grupo de personas entre las que estaba Rafael”, explicó el portal barilochense.
Respecto de la vegetación, también se tomaron muestras, sobre las cuales inicialmente los peritos no coincidieron si era posible determinar si fueron afectadas por balazos.
Luego de la inspección, el magistrado ya cuenta con una serie de nuevas medidas solicitadas por la querella, y se abrirá la posibilidad de que los prefectos –aún no imputados formalmente– puedan ser citados a declarar. También Villanueva deberá definir si accede al cambio de carátula de “NN sobre muerte dudosa” a “homicidio agravado”, solicitado por la querella.
Fotos: Eugenia Neme
