Macri, el liquidador

El régimen que conduce Mauricio Macri tiene en claro que el principal enemigo de su Gobierno de CEOs y de las corporaciones aliadas está apoyado en tres patas: el movimiento obrero organizado, el peronismo que no baja las banderas históricas y el Estado organizado para ejercer un rol estratégico de control y regulación en favor de los sectores más vulnerables.

Si algo sabe el elenco gubernamental es que el escollo para propiciar la sustentabilidad de un proyecto que tiene como eje abrir in extremis la economía para satisfacer la voraz apropiación de la renta nacional por parte de la alianza entre la oligarquía agroexportadora, el sistema financiero y el pool de grupos económicos oligopólicos y corporaciones vernáculas es un Estado que dé marco a un desarrollo autónomo de las decisiones imperiales e intereses trasnacionales asociados a esa criminal coalición.

Por tanto, Macri está decidido a retomar el proceso de desguace y vaciamiento iniciado por la dictadura cívico militar en 1976, continuado por el menemismo en los años 90, e interrumpido por la entrada en escena del peronismo kirchnerista entre 2003 y 2015.

La importancia de definir e identificar a los protagonistas del progresivo aniquilamiento de sectores estratégicos, como pueden serlo la industria para la Defensa, los organismos de control de la agroindustria, la industria aeroespacial y la producción energética, entre otros, radica en que cualquier política de resistencia y oposición a ese proceso debe articularse con los trabajadores de esas áreas, los científicos que pilotearon el incipiente desarrollo llevado adelante durante el período previo a la llegada del macrismo, y la dirigencia política nacional y popular con voluntad de lucha.

En este artículo se describirán las acciones que en dos años el macrismo ejecutó en dos organismo del Estado que sirven como símbolo del vaciamiento y la desarticulación de resortes clave del Estado.

El caso Senasa

En febrero del año que acaba de terminar, Redacción Rosario publicó una grave denuncia que llevaron adelante los trabajadores del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), junto con referentes del Frente para la Victoria (FpV), quienes acusaron al gobierno nacional de propiciar el vaciamiento del organismo, y advirtieron sobre “el peligro de que sean las mismas multinacionales quienes controlen los productos”.

El ex diputado nacional Eduardo Seminara, las concejalas Norma López y Marina Magnani, todos del FpV, y Franca Bonifazzi, referente del mismo espacio en Casilda, participaron en aquel momento de la asamblea de trabajadores del Senasa Santa Fe, quienes junto a los gremios ATE lista Bordó, la Asociación de Profesionales Universitarios del Ministerio de Agricultura y Ganadería de la Nación (Apumag) y Upcn, denunciaron “el vaciamiento continuo del gobierno nacional, el recorte de funciones y el peligro de que sean las mismas multinacionales quienes controlen los productos”.

Los asistentes remarcaron que “con la modificación de la resolución 260/14 se excluye a los aceites, harinas y subproductos de la intervención obligatoria del Senasa, quedando a merced de las corporaciones el control de los productos”.

En ese sentido, aseguraron que “esto, lamentablemente, se traduce en pérdida de soberanía alimentaria y sanitaria, en menor trabajo y menor recaudación en concepto de aranceles y otorgar a empresas privadas los controles mediante la tercerización. Son funciones indelegables del Estado porque se trata de la salubridad de los agroalimentos que consume todo nuestro pueblo”.

El Senasa es, precisamente, el organismo responsable de planificar, organizar y ejecutar programas y planes específicos que reglamentan la producción, orientándola hacia la obtención de alimentos inocuos para el consumo humano y animal.

Los presentes en aquella asamblea remarcaron que el ajuste sobre un “área fundamental del Estado” implica “pérdida de soberanía alimentaria”, “pérdida de puestos laborales” y una macabra planificación “para que no se controle”.

La cuestión de la arremetida del macrismo sobre el Senasa volvió a hacerse pública en junio de 2017, cuando el diputado provincial Carlos Del Frade se animó a denunciar penalmente al presidente Mauricio Macri y a varios ministros de su gabinete por la presunta comisión de un delito conexo con el organismo.

El legislador del Frente Social y Popular (FPS) cargó contra el Gobierno nacional a raíz de lo que planteó como un nombramiento ilegal, el de Cristian Cunha como coordinador regional de Puertos, Aeropuertos, Aduanas Secas y Pasos Fronterizos, todas áreas dependientes del Senasa.

También acusó por abuso de autoridad a Jorge Dillon, a cargo del  organismo,.al tiempo que presentó un recurso de amparo para lograr que se declare la inconstitucionalidad de la resolución del Senasa por la cual quedaron exceptuadas del control fitosanitario y de calidad las llamadas tortas de cereales y oleaginosas.

Las denuncias de Del Frade fueron sorteadas y terminaron siendo tramitadas por el juzgado Federal Nº4, cuyo titular es Marcelo Bailaque, aunque con la eyección del radical Ricardo Buryaile del Ministerio de Agroindustria, Dillon dejó su cargo como directivo del Senasa, de modo que la denuncia contra él pasó a ser abstracta, pero no contra Cunha.

Cunha se referencia en el espacio político que encabeza el legislador provincial del PRO Federico Angelini, quien a la vez es uno de los principales operadores de Cambiemos en la provincia de Santa Fe.

Lo cierto es que los motivos del legislador para elevar sus denuncias no son para nada abstractos. Al momento de hacerlas, Del Frade señaló al diario Rosario 12: «Exceptuar del control determinado tipo de exportaciones no forma parte de las facultades del Senasa, sino que, contrariamente, implica una clara violación al deber de control que recae sobre este organismo, afectando derechos constitucionales».

Como se sabe, todos los embarques de productos granarios destinados a la exportación deben pasar por el control fitosanitario y de calidad del Senasa.

Sin embargo, desde que el Gobierno nacional emitió la resolución 37/2017 hace casi un año, se modificó el primer artículo de la resolución 260, fechada el 6 de junio de 2014, y desde entonces quedaron exceptuados de ese contralor tanto los aceites, harinas, pellets y expellers, si así no lo solicita el país de destino.

Para Del Frade, el intento de excepción «conspira contra el espíritu de toda la legislación que regula la materia y, por lo tanto afecta las garantías de salubridad, higiene y seguridad alimentaria, al tiempo que incrementa las posibilidades de responsabilidad internacional del Estado argentino por las eventuales consecuencias que pueda generar la ausencia de controles».

Como se dijo, la denuncia del ex periodista propicia la investigación de la «presunta comisión de los delitos de usurpación de autoridad» por parte de Cunha, puesto que asegura que éste fue nombrado «ilegalmente» por el presidente Macri, el Jefe de Gabinete de Ministros, Marcos Peña, y el ex ministro de Agroindustria Buryaile.

En rigor, Del Frade sostiene que Cunha comenzó a ejercer «de hecho» el cargo antes aún de ser nombrado, basado en que Cunha realizó declaraciones públicas y varias presentaciones institucionales, entre otras en la Bolsa de Comercio de Rosario. El legislador del FPS, incluso, indicó que algunos trascendidos daban cuenta de que el funcionario denunciado poseía un despacho propio en las oficinas del Senasa desde mediados de 2016.

En declaraciones al periodista Claudio Socolsky, además de alertar sobre los graves impactos en la salud pública, Del Frade cuantificó los perjuicios para el Estado a causa de las decisiones oficiales del macrismo: «El presidente Macri está desprotegiendo la salud y la integridad del pueblo argentino a partir de la resolución donde corre al Estado del control de todas las exportaciones que hagamos de la torta de oleaginosas, y esto significa que las empresas se van a controlar a sí mismas. Ocho de ellas alquilan los puertos de Santa Fe, y están facturando 234 mil millones de pesos. Con la resolución del Presidente les regalamos 1.500 millones más, y además están subfacturando, según denunció el gobierno de China, dos mil millones de dólares».

El interés del jefe de Estado por intervenir en el organismo de control quedó plasmado en un artículo que publicó La Nación el 28 de septiembre del año pasado, cuando Macri cargó directa y personalmente contra el Senasa. El título de la nota no pudo ser más insidioso: “En su ofensiva contra las «mafias», Macri criticó a dos empresarios portuarios del comercio exterior”.

Ya en el cuerpo central de la nota, el mandatario se despachó con una frase críptica: “Queda mucho por hacer, sobre todo con la Aduana y con el Senasa, son organizaciones en las que tenemos que ir avanzando en que faciliten, que no nos traben”. ¿Facilitar qué? ¿Trabar qué cosa?

El concepto tal vez se entienda mejor si se toma nota de que fue pronunciado en el marco del anuncio de un programa de creación de empresas en 24 horas denominado Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS).

Las SAS son, según las califica el diario El Cronista Comercial, “más flexibles, se inscriben en plataforma digital y se les otorga el Cuit en 24 horas”. ¿Por qué Macri hizo la relación entre las trabas y las SAS. Lo explica él mismo: «Para que el campo de juego esté lisito y parejo. Porque cada traba, cada demora, la historia nos dice que se transformó en un quiosco, que en base a la extorsión resta energía, nos traba, destruye oportunidades».

El capital base de una SAS son dos salarios mínimos vitales y móviles, y el objeto social puede ser plural, y las actividades comprendidas en dicho objeto podrán ser conexas o no. Una especie de viva la pepa empresarial. Menos regulación, más negocios, menos Estado.

Pero volviendo al Senasa, en noviembre pasado, luego de ganar las elecciones de medio término, Macri volvió a la carga, apelando nuevamente a La Nación como usina informativa de sus decisiones. El diario de los Mitre aseguró, el domingo 5 de ese mes, que el mandatario “planea un fuerte achicamiento de cargos y estructuras”, y especificó que avanzaría en “una reconversión de organismos descentralizados, como PAMI, Anses, Senasa, INTA, INTI y otros”.

Apelando a “un borrador que circula en la Casa Rosada”, La Nación señaló que el Senasa cuenta con 6 mil empleados, y que la idea para ese y otros organismos es la vieja fórmula del conservadurismo: «Vamos a podar la estructura». Hasta el jueves pasado, la Asociación de Trabajadores Estatales (ATE) informó que los despidos en el Senasa alcanzaba a 130 trabajadores.

Ante la última ola de despidos, los trabajadores del Senasa expresaron: “Lejos estamos de convertirnos en el «supermercado del mundo» (palabras del presidente Mauricio Macri), ya que para que eso sea posible hay que implementar políticas de fortalecimiento del Sistema Fito-Zoosanitario nacional, para que Argentina sea creíble en el mundo y así pueda exportar sus productos”.

La Agencia Paco Urondo informó que “asimismo, los empleados advirtieron que entre las provincias que sufrirán mayores riesgos sanitarios se encuentran Entre Ríos, Tucumán y Corrientes. Ya que se «levantaron las barreras» de control de San Jaime de la Frontera y 7 de Abril.,Villa Olivari y Yapeyú”.

Los mayores beneficiados frente a la clara política de desregulación y vaciamiento del organismo de control son los inescrupulosos productores agropecuarios y las empresas agroexportadoras, con las cuales Macri tiene una especial simpatía, al punto de haberles prometido que les bajará aún más las retenciones que el Estado percibe por las exportaciones de soja.

Fanazul, en el subibaja

El peronismo kirchnerista no se caracterizó por diseñar políticas activas en el área de Defensa, y los motivos exceden por mucho el espacio y objetivo de esta nota.

Si bien no hubo un proyecto estratégico en torno de la industria para la Defensa, y privó el peregrino concepto de Nación sin hipótesis de conflicto, merced a cierto voluntarismo desarrollista se lograron avances meritorios.

Uno de ellos fue el valioso intento de recuperación de la industria armamentista, en cierto modo articulado con el estímulo de un desarrollo científico tecnológico que aportó a esferas que en otros países están fuertemente ligadas a la Defensa, como la industria aeroespacial y la investigación nuclear.

La puesta en órbita de dos satélites geoestacionarios y el desarrollo de un programa para poder realizar los lanzamientos a través plataformas y vectores propios, es un ejemplo, acaso el más conocido.

Pero ha sido poco divulgado el financiamiento de grupos de investigación nacionales que participaron del proyecto científico que utiliza el Gran Colisionador de Hadrones del Consejo Europeo para la Investigación Nuclear (Cern), en Ginebra, Suiza. Menos difundido aún fue la participación de investigadores pertenecientes a las universidades de Buenos Aires y La Plata en el proyecto Atlas, que tuvo a su cargo el diseño y la construcción de uno de los cuatro detectores de partículas que contiene ese colisionador.

Pues bien, esos impulsos, acaso como golpes en la oscuridad, fueron intentos serios de desarrollo científico autónomo. Ningún país serio desperdiciaría la oportunidad de aplicar esos avances al área de Defensa. La Argentina quizás hubiese necesitado permanecer más tiempo en esa dirección.

En diciembre de 2015 cambió todo, y cualquier perspectiva de desarrollo científico tecnológico con posibilidades de ser aplicado a un programa de Defensa autónomo se evaporaron en el mismo momento en que Macri ensayaba sus pasos de torpe danza en los balcones de la Casa Rosada.

Tras dos años de gestión, otro de los “logros” de Cambiemos en cuanto al vaciamiento del Estado se pudo constatar, precisamente, en el área de Defensa, y en particular, en la la Dirección General de Fabricaciones Militares (Dgfm).

Esta semana, Luis Riva –el interventor de la Dgfm– desvaneció cualquier ilusión que pudieran tener los trabajadores de que Fanazul, la fábrica de explosivos ubicada en la localidad bonaerense de Azul, continúe en actividad.

El miércoles pasado, el funcionario encargado de anunciar la decisión política del Ministerio de Defensa que encabeza Oscar El Milico Aguad, primero despidió a 219 contratados, y luego confirmó el cierre definitivo de la planta.

Con un argumento que deben usar muy pocos países en el mundo en materia de Defensa –“razones de mercado”–, el burócrata de la administración Macri informó la desvinculación de los operarios y, con un cinismo sin precedentes, se deshizo de toda responsabilidad respecto del destino de los mismos: “Eso le corresponde a la sociedad azuleña”.

El jueves, esa sociedad azuleña salió a las calles, en una multitudinaria manifestación frente al Palacio Comunal, a reclamar por la continuidad de Fanazul, puesto que la ciudad entera depende económicamente de que esa planta esté en actividad.

La paradoja es que esa misma sociedad azuleña en 2013 celebraba la incorporación de mano de obra a Fanazul. Eran tiempos de un intendente peronista. Ahora la gobierna un macrista.

Y tal como lo publicó en su momento el sitio Noticias de Azul, el 23 de octubre de ese año 2015, el por entonces jefe comunal José Inza, invitado por el interventor de esa época Federico Bugatti, visitó la planta, “destacó el crecimiento de FanAzul y celebró la generación de empleo”. Ese día se incorporaron 49 nuevos empleados.

En octubre de 2013, cuando en Fanazul se incorporaban trabajadores y se invertía,

Bugatti expresó: “Fabricaciones Militares es un organismo que en los años 90 estuvo prácticamente devastado y ahora, en los últimos 10 años, ha tenido una recuperación muy importante, el apoyo es total y constante, las proyecciones en cuanto a crecimiento son muy buenas pero depende de la interacción, del organismo que ahora depende del Ministerio de Defensa, en una decisión de la Presidenta para hacerlo mucho más estratégico en la parte productiva y en el rol que cumple el organismo hacia el marco del país todo”.

En noviembre de 2014 esa fábrica militar de pólvoras y explosivos de Azul recibió el Premio Nacional a la Calidad “en reconocimiento a su subsistema de Gestión de la Salud y Seguridad Ocupacional, la versatilidad y participación activa de su personal y al uso de herramientas innovadoras en el área de administración de los recursos humanos”, según se encargó de reseñar el ex intendente Inza.

Fanazul no es una planta desligada del sistema de producción de armamentos para la defensa. Es una de las cinco sedes de Fabricaciones Militares, que empleaba hasta el miércoles a 259 trabajadores y posee cinco plantas productivas en las que elabora nitroglicerina, TNT (Trinotrotolueno), DNT (Dinitrotolueno), explosivos gelatinosos, pulverulentos, agentes de voladura, emulsiones, carga de proyectiles y Booster.

En una visita que llevó adelante el ex ministro de Defensa Agustín Rossi a Fanazul, en marzo de 2015, recordó la época de privatizaciones cuando en los años 90 muchas fábricas militares estaban a disposición para ser privatizadas y destacó el crecimiento que tuvo esta industria para la defensa del país desde el año 2003.

“Había un país que no incluía a la industria para la defensa, al proyecto industrial, basado en los servicios y en la importación. Hoy hay una idea de país que es la que tiene la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner que le da a la industria para la defensa un rol de preponderancia. Personalmente creo que el camino de la Argentina en los próximos años es el de profundizar los aspectos industriales”, expresó aquel día el Chivo Rossi, quien luego felicitó a los trabajadores y directivos de la fábrica por la mención obtenida pocos meses atrás.

Es evidente que todo cambió. De aquellas decisiones estratégicas que incorporaban tecnología y empleo se pasó a las “razones de mercado”, que cierran fábricas y expulsan mano de obra calificada.

El miércoles, los diferentes gremios estatales manifestaron que el cierre de Fanazul conllevará “un desastre para la economía local porque, el gobierno (nacional) aplica las mismas políticas de los años noventa”.

Riva atinó a asegurar que sólo preservó –en términos de “recursos humanos”, como les gusta definir a los funcionarios de Cambiemos– a los 25 trabajadores que que aún permanecen en la planta, quienes tendrán como misión resguardar la seguridad del polvorín que allí está depositado.

La decisión de Macri de pulverizar todo vestigio de un Estado protagónico, activo, con vasos comunicantes con la sociedad, propenso al desarrollo y al resguardo del patrimonio nacional puede verse con claridad al repasar los despidos llevados adelante por su administración hasta el jueves pasado.

Sólo en el área de Fabricaciones Militares, la lista es ominosa: En Río Tercero, 29 cesantías; en Villa María, 30; en Fray Luis Beltrán, 35; en la Sede Central, 16; en Azul, 230.

En otras áreas, como el Ministerio de Defensa, 70; en el Enacom, 108; en el Ministerio de Energía, 140; en Modernización, 10; en la Jefatura de Gabinete, 27; en Presidencia, 28; en el Incaa; 21, en la Anses, 7; en Cultura, 64; en el Ministerio de Medio Ambiente, 30; en Vías Navegables; 16, en Radio Nacional; otros 16, y en la Televisión Digital Abierta 180.

Como dijeron los referentes de ATE antes del paro nacional del pasado jueves, “Macri continúa desmantelando al Estado”. Y es hora de pararlo.