Otra mentira neoliberal que se cae, desmentida por la realidad. Tras un mes de vigencia de la reforma laboral en Brasil, se destruyeron 12 mil empleos. Quienes impulsaron la reforma habían prometido que se crearían 26 mil nuevos puestos de trabajo. Pero no. Otra vil patraña de los que siempre mienten.

Nunca una reforma laboral creó fuentes de trabajo. Siempre se aplicaron diciendo que al flexibilizar el “mercado laboral”, los patrones tomarían más empleados. Pero es falso. Nunca jamás sucedió. En ningún lugar del mundo.

Estas mal llamadas reformas, en realidad son ajustes, son flexibilizaciones que quitan derechos a las trabajadoras y trabajadores, dejan a la gente en la calle o bien la esclavizan. Es una mentira vieja, muy vieja. Anterior a la posverdad, incluso.

Se dice que son reformas necesarias. Que tienen que ver con la necesidad de adaptar el mundo del trabajo con las nuevas tecnologías. Y con hacerlo más flexible para que el empleador pueda tomar más gente sin tener que sortear una legislación que le resulte engorrosa. Todas patrañas.

En principio, no son decisiones soberanas de los gobiernos. Son exigencias del Banco Mundial (BM) y del Fondo Monetario Internacional (FMI). Son fórmulas, siempre idénticas, de manual, que se vienen aplicando hace años en América Latina y Europa. Constituyen la prueba más palmaria del avance de los bancos y las grandes corporaciones por sobre las democracias.

En noviembre de 2017 Brasil entró en el túnel del tiempo. Entró en vigencia la nueva legislación laboral, cuatro meses después de su aprobación y en medio de protestas de los trabajadores que denuncian una pérdida de derechos que retrotrae la situación más de un siglo.

Este histórico retroceso es producto de la brutal embestida de la derecha en la región, en línea con la situación de la Argentina gobernada por Mauricio Macri, que está intentando un avance similar contra los trabajadores.

La iniciativa del presidente Michel Temer fue duramente combatida por los sindicatos desde que el mandatario golpista la presentó en 2016 como “una herramienta para modernizar la legislación laboral de 1943 y facilitar las contrataciones”.

Y finalmente, luego de tres huelgas generales reprimidas brutalmente, los empresarios brindaron con champán. “Fue una hermosa reforma”, dijeron.

Para la Confederación Nacional de la Industria, la patronal que más se movilizó en favor de la reforma, su entrada en vigor representa “el deseado avance en la construcción de relaciones de trabajo modernas y alineadas con la economía del siglo XXI”.

La reforma laboral fue una de las claves del gobierno golpista de Temer. Fue uno de los objetivos fundamentales de la administración espuria que se hizo del poder en Brasil. Para eso las corporaciones patronales pusieron en el cargo a Temer. Para que hiciera el trabajo sucio. Para eso lo sostienen allí pese a las denuncias de corrupción.

Ese fue el trato: las corporaciones y sus empleados en el congreso (más conocidos como legisladores) lo hacen zafar a Temer de la cárcel, y él impulsa todas las reformas necesarias para transferirles la mayor cantidad de riquezas posible.

La reforma impulsada por Temer tuvo una fuerte oposición gremial (tres paros generales en los últimos meses) y sufrió varias modificaciones en el Parlamento, pero fue aprobada el 11 de julio de 2017 en el Senado. Ya antes, en abril, había sido aprobada en Diputados.

De esta manera echaron por tierra buena parte de la legislación laboral anterior, vigente desde 1943, y se produjo un retroceso en materia de derechos de por lo menos un siglo.

“Van a dotar de competitividad al mercado brasileño, van a generar nuevo empleos e incorporar al país al siglo XXI”, repitieron como loros los neoliberales. Pero una vez más la realidad los desmintió  “Las medidas apuntan a combatir el desempleo, que aflige a cerca de 13 millones de personas, y a impulsar la recuperación de una economía que sufrió en 2015 y 2016, con caídas del PBI del 3,5 y del 3,6 por ciento, su recesión más grave en varias décadas, afirma el discurso oficial”. El problema es que estas medidas ya se aplicaron decenas de veces en el mundo, y que nunca, pero nunca jamás, dieron esos resultados.

La nueva norma “flexibiliza” las relaciones laborales. Un eufemismo para decir: todo para la patronal, en detrimento del trabajador, que pierde los derechos más básicos, más elementales, aquellos ganados por siglos de luchas obreras que costaron cientos de miles de vidas a través de la historia.

La idea apunta destruir al movimiento obrero organizado, promover el individualismo, alentar el modelo de trabajador neoliberal, sin derechos, apenas una mercancía con síndrome de Estocolmo.

La nueva legislación que entró en vigencia este 11 de noviembre en Brasil privilegia los acuerdos por sector, por empresa, y sobre todo individuales, por sobre las leyes vigentes y las convenciones colectivas. De esta manera, los contratos privados pasan a ser más importantes que los acuerdos firmados por los gremios. El movimiento obrero organizado pierde fuerza y razón de ser.

La reforma crea las condiciones para que los patrones aumenten el grado de explotación sobre los trabajadores, que no tendrán la garantía de la ley al momento de reivindicar sus derechos.

Se afectan las vacaciones, las horas laborables por semana y el aguinaldo, que son puntos clave de los derechos laborales. Con la nueva normativa las vacaciones se pueden fraccionar hasta en tres períodos.

La jornada laboral podrá ser de hasta doce horas, con lo cual se registra un retroceso histórico: la jornada de ocho horas requirió años de lucha y mucha sangre derramada en todo el mundo. La nueva ley estableció que las jornadas de doce horas deben producirse tras 36 de descanso y que no se podrán superar las 44 horas semanales.

Se autorizó además la “jornada intermitente”, esto es el pago de salarios sobre una base horaria o por jornada, y no mensual. Podrá haber contratos parciales de hasta 30 horas semanales, o 26 horas y 6 horas extras.

Con la nueva legislación, la contribución sindical, que antes era obligatoria y equivalente a un día de salario al año, pasó a ser voluntaria. Otra medida claramente enfocada a restar poder al movimiento obrero organizado.

La nueva ley laboral reglamenta además una nueva modalidad que se viene reforzando en todo el mundo, el “trabajo desde el hogar”. En este sentido, dispone qué gastos deben correr por parte de la empresa, entre otros detalles.

La tercerización es otro de los puntos que la nueva legislación refuerza, ampliando la posibilidad que tienen las empresas de subcontratar otras firmas para que realicen tareas.

La nueva ley avanzó sobre los derechos de las trabajadoras embarazadas, permitiendo que desarrollen sus tareas en ambientes no del todo salubres si presentan un certificado médico que asegure que no hay riesgo para ella o el feto.

Además, se flexibilizan a favor de la patronal las condiciones de despido. En este sentido, el monto de las indemnizaciones no está más atado al salario del trabajador y el preaviso baja de 30 a 15 días.

Asimismo, se ponen condiciones a los litigios laborales, también perjudicando a los trabajadores y desalentándolos a demandar a sus patrones. Según la nueva ley, el litigante debe establecer a comienzo del juicio cuánto dinero desea recibir de compensación al término del proceso, deberá comparecer a todas las audiencias judiciales (salvo fuerza mayor) y pagar las costas del juicio si pierde (a menos que no tenga recursos suficientes).

Se cayó la mentira

La mentira no duró ni un mes. Los datos oficiales no lo pudieron ocultar. En vez que crear 26 mil puestos de trabajo, la nueva legislación laboral destruyó 12 mil.

El ministro de Trabajo de Brasil, Ronaldo Nogueira, renunció al cargo horas después de que datos oficiales revelaran que los despidos superaron a las contrataciones en 12 mil puestos, tras la entrada en vigor de la reforma.

En un comunicado oficial, el gobierno informó que Nogueira, quien pertenece al conservador Partido Laborista Brasileño (PTB), argumentó “motivos personales” al presentar su dimisión.

En esos dos años, el Producto Bruto Interno de Brasil se encogió más del siete por ciento, algo que no ocurría desde la década de 1930.

“Los resultados de la reforma laboral serán recogidos en 2018”, dijo el ministro Nogueira, que citó la perspectiva de economistas y del gobierno de un crecimiento del PBI el año próximo año de entre 3 y 3,5 por ciento.

La reforma laboral, que quebró la legislación de 1943, fue la gran conquista del oficialismo en la agenda parlamentaria de 2017.

La nueva ley recibió el aliento de la Federación de Industrias del Estado de San Pablo (Fiesp), la entidad cuyo presidente, Paulo Skaf, es dirigente del Movimiento de la Democracia Brasileña (MDB), el partido de Temer.

El gobierno se encuentra negociando los apoyos para otra reforma para la cual necesita modificar la Constitución, la previsional, con sesión marcada en la cámara baja para el 19 de febrero.

La reforma necesita de 308 votos de los 513 de la Cámara de Diputados y hasta este fin de año el gobierno no llegaba a ese número.

El ministro de la Secretaría de Gobierno (Articulación Política), diputado Carlos Marún, dijo que los gobernadores que busquen financiación de los bancos públicos deberán ordenar a los parlamentarios de sus estados a votar la reforma previsional.

 

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