La Multisectorial contra la Violencia Institucional de Rosario publicó un duro documento dirigido al gobernador Miguel Lifschitz, en el que repudia sus dichos en los que aseguró que la policía santafesina respeta los derechos humanos. “Estas declaraciones pretenden negar la gravísima problemática que afecta a nuestra provincia y a la ciudad y representan una grave ofensa para los familiares y las víctimas de violencia institucional”, señala el texto.
“Exigimos al gobernador de la provincia de Santa Fe –plantea el texto– que reconozca las graves violaciones a los derechos humanos que comete la policía, que no contribuya a los discursos políticos que niegan y provocan la re-victimización de quienes han padecido tales violaciones y que implemente políticas adecuadas para detectar, prevenir y sancionar adecuadamente estas prácticas”.
En su documento, que a continuación se reproduce completo, la Multisectorial le recordó al gobernador “algunos de los tantos casos, en los cuales la policía de la provincia de Santa Fe hostigó, maltrató, torturó, ultrajó, desapareció, disparó, hirió y asesinó a personas, principalmente jóvenes, en nuestra ciudad”, y realizó un repaso de varias de las causas más resonantes.
Señor gobernador, no niegue la violencia institucional
Familiares y víctimas de violencia institucional, organizaciones sociales, políticas, académicas, sindicales y de derechos humanos que integramos esta multisectorial, repudiamos las declaraciones del gobernador Miguel Lifschitz en torno a que la policía de la provincia respeta los derechos humanos y actúa dentro de los parámetros legales. Estas declaraciones pretenden negar la gravísima problemática que afecta a nuestra provincia y a la ciudad y representan una grave ofensa para los familiares y las víctimas de violencia institucional.
Desde la Multisectorial hacemos memoria y le recordamos algunos de los tantos casos, en los cuales la policía de la provincia de Santa Fe hostigó, maltrató, torturó, ultrajó, desapareció, disparó, hirió y asesinó a personas, principalmente jóvenes, en nuestra ciudad: Franco Casco en el 2014 fue detenido ilegalmente por policías de la comisaría 7ma de la ciudad de Rosario, torturado, asesinado y luego su cuerpo fue arrojado al Río Paraná. Más de una decena de policías están procesados por desaparición forzada agravada por la muerte de la víctima y torturas. En 2015 Jonatan Herrera recibió tres disparos que provocaron su muerte mientras lavaba su auto en la puerta de su casa, participaron varios policías del Comando Radioeléctrico y de la Policía de Acción Táctica en lo que se caracterizó como un pelotón de fusilamiento. Sólo tres policías fueron condenados. En 2017 María de los Ángeles Paris fue detenida ilegalmente por policías de la Comisaría 10, ingresada por la fuerza a la dependencia, esposada y fue hallada muerta en la celda donde estaba alejada. A nueve meses ningún policía fue imputado por el hecho. El mismo año David Campos y Emanuel Medina mientras circulaban en su vehículo fueron perseguidos y luego acribillados por policiales del Comando Radioeléctrico y de la Policía de Acción Táctica de la provincia de Santa Fe. Dos policías están imputados por homicidio y 16 por encubrimiento. Casos a los que se suman los de Gerardo “Pichón” Escobar, Jonathan Ojeda, Brandon Cardozo, Iván Mafud, Alejandro Ponce, Alexis Berti, Maximiliano Zamudio, Carlos Godoy, Michel Campero, entre tantos otros.
Nos preocupan los dichos del gobernador que niegan estas prácticas y a estas víctimas, en una alarmante coyuntura en la que tanto a nivel local como nacional funcionarios políticos han realizado manifestaciones y han tenido gestos que legitiman y habilitan prácticas policiales abusivas. Situación que se inscribe en un contexto político el que se despliega un grave e insistente ataque al movimiento de derechos humanos y en el que se pretende deslegitimar y banalizar las políticas y discursos que han constituido paciente y tenazmente estas conquistas históricas.
Exigimos al gobernador de la provincia de Santa Fe que reconozca las graves violaciones a los derechos humanos que comete la policía, que no contribuya a los discursos políticos que niegan y provocan la re-victimización de quienes han padecido tales violaciones y que implemente políticas adecuadas para detectar, prevenir y sancionar adecuadamente estas prácticas. Y así revalidar el compromiso que nuestro país ha contraído desde la recuperación democrática, en torno a construir memoria, verdad y justicia para todos aquellos que han sido víctimas de las fuerzas de seguridad del Estado, ayer y hoy.
