Treinta y cuatro años después de que quedara plasmada en el prólogo del informe final de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep), la teoría de los dos demonios resurge ahora como intentona judicial mediante el pedido de reapertura de la causa por la muerte de un militar, Julio Argentino del Valle Larrabure, que ya fue juzgada hace cuarenta años y cuyo planteo colisiona contra la jurisprudencia local e internacional sobre qué se considera crímenes de lesa humanidad. Esta semana la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario escuchó los argumentos de las partes sobre el caso, en el que debe decidir si la muerte del mayor –ascendido posmortem a coronel– ocurrida en 1975 tras ser secuestrado por el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERO), puede tratarse o no como un delito imprescriptible. “Jurídicamente es descabellado, es una construcción claramente política que busca una equiparación e intenta distraernos de los verdaderos problemas”, dijo a El Eslabón Gabriel Ganón, abogado de organismos defensores de los derechos humanos. “La única explicación de este intento jurídico de consagrar la teoría de los dos demonios en una sentencia judicial, es este contexto político, en el que quienes nos gobiernan son los mismos que instigaron y se enriquecieron con el golpe de Estado cívico-militar”, sumó su voz Nadia Schujman, del equipo jurídico de la agrupación Hijos.
Larrabure fue secuestrado el 10 de agosto de 1974 en la fábrica militar de Villa María, Córdoba, durante una acción emprendida por la guerrilla del ERP. El 23 de agosto de 1975, un año después, su cuerpo apareció en Rosario en cercanías de la estación El Gaucho, en un baldío. De acuerdo a la investigación que se realizó en ese momento, había permanecido en un sótano de una vivienda de esa zona y la autopsia determinó –de acuerdo a una investigación realizada por el periodista Carlos Del Frade y publicada en 2011 por este semanario– que “la muerte de Argentino del Valle Larrabure fue producida por asfixia por estrangulación” y que su cuerpo se encontraba “buen estado nutricional”.
En el contexto político de entonces, a siete meses del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, el Ejército manipuló ante la opinión pública el caso Larrabure como otro elemento para justificar la interrupción del orden democrático.
Si públicamente lo que motivaba una nueva incursión de las Fuerzas Armadas en el gobierno de los argentinos era “la lucha contra la subversión”, secretamente la razón fundamental –no la única– estaba fundada en la reconversión económico-social del país en favor de los sectores concentrados del capital y de las finanzas. Los documentos de las propias Fuerzas Armadas dan cuenta de que para entonces, principios de 1976, la guerrilla del ERP estaba prácticamente desarticulada.
Cosa juzgada
En términos jurídicos –tal vez los menos importantes en este caso de pura motivación política–, la muerte de Larrabure ya fue juzgada. Es, entonces, cosa juzgada. “Por el hecho ya hubo una causa judicial en su momento, por lo cual de abrirse nuevamente se violaría la prohibición de doble juzgamiento”, puntualizó Schujman.
Más convencidos de la eficacia de la acción directa que de la morosidad burocrática de los tribunales, los militares que se alzaron contra la Constitución en 1976 condenaron a la muerte a quienes señalaban como atacantes de la fábrica militar de Villa María y del secuestro de Larrabure.
“Los señalados como autores fueron secuestrados y desaparecidos”, dijo Ganón.
Si los supuestos autores del secuestro de Larrabure fueron desaparecidos por el aparato de represión del terrorismo de Estado, ¿a quién se pretende juzgar ahora?
La querella que impulsa la causa inició una presentación en diciembre pasado que llegó a la Cámara rosarina, con el principal argumento, para lograr la reapertura de la causa, de que el ERP era “una poderosa organización armada, que había recibido el apoyo de los estados argentino, cubano y chileno”.
El enrevesado argumento busca probar –sin pruebas– que el ERP no era una guerrilla marxista insurgente sino un apéndice estatal. El único modo de consagrar “la aberración jurídica” que, atentos, tramita como un expediente más en el Poder Judicial acomodaticio argentino.
Como los presuntos autores fueron asesinados por la dictadura, la querella de la familia Larrabure apunta a uno de los pocos militantes del ERP con vida y cierto conocimiento público: Juan Arnold Kremer, conocido por su apodo de Luis Mattini, ganado en los 70 a fuerza de cebar mates, y que Kremer luego adoptó como alias incluso en los libros que publicó sobre su experiencia insurgente.
“Nunca fue imputado Kremer por ese hecho, los acusados fueron otras personas, nunca nadie lo imputó. Es una causa claramente política, no es que no se investigaron y castigaron los hechos, sino que los autores directos están muertos”, recordó Ganón.
“Lo que quieren –siguió– es traer a Mattini a un juzgamiento político, no jurídico”. El abogado recordó que la querella, a cargo de Javier Vigo Leguizamón, no ofreció ninguna prueba de cuál fue el rol que cumplió Mattini en la operación de Villa María”.
En un plano hipotético, Ganón sostuvo que “aún en el eventual supuesto que pudiese considerarse un crimen de lesa humanidad, que el ERP tenían control del territorio, que había apoyo del Estado, aun así no aparece la figura de Mattini”.
El planteo de Vigo Leguizamón contra Kremer-Mattini es el de la autoría mediata, es decir aquél que ordena un crimen. “Es la figura del autor mediato que se aplicó a (el presidente genocida Jorge) Videla por los crímenes de sus subordinados”, sostuvo Ganón, para señalar que “es descabellado, es una construcción política”.
Aberración jurídica
Ahora, sobre las cuestiones jurídicas, nos ilustra Schujman. “Esto nos lleva a tener que volver a explicar qué es un delito de lesa humanidad y en su definición misma, por el estatuto de Roma, de la Corte Penal Internacional, se haya la respuesta: el sujeto activo del delito, es decir quién puede cometerlo. Esa respuesta nos da la llave a la rotunda negativa a que pueda considerarse a este u otros casos de hechos llevados adelantes por las organizaciones armadas en los años 70, como un delito de lesa humanidad. Ya que el tipo penal establece que sólo puede cometerlo el Estado, o bajo la tolerancia de éste”.
Y sigue: “Recordemos también, que los tipos penales son cerrados y en ellos no puede haber analogías o interpretaciones libres. Esta es una garantía, un pilar del derecho penal liberal que hace que no se puede a juzgar a una persona por cualquier cosa sin ninguna certeza previa”.
De ese modo, dice una de las abogadas de Hijos, y “volviendo al caso puntual, debemos decir que el mismo motivó una instrucción en su momento del Procurador General de la Nación a los fiscales (hace más de once años), posicionándose claramente en el sentido antes aclarado. En dicho dictamen se señalaba la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en la que desde el fallo “Arancibia Clavel” se dice que un crimen de lesa humanidad lo comete el Estado en un ataque general y sistemático contra la población”.
“Esa postura –abunda– la Corte la siguió sosteniendo hasta el día de hoy, en una serie de fallos sumamente conocidos como son “Simón”, “Lariz Iriondo”, “Mazzeo”, entre otros. Por si cabe alguna duda a estas alturas, lo que se quiere explicar es que al no ser el caso Larrabure –si hubiera habido delito–, un crimen contra la humanidad, el mismo está prescripto por el paso del tiempo y por tanto es una aberración jurídica querer ventilarlo a estas alturas”.
Esa aberración jurídica es, hoy, materia de análisis por parte de los seis integrantes de la Cámara Federal de Rosario: Fernando Barbará, Aníbal Pineda, Guillermo Toledo, Edgardo Bello, Élida Vidal y Sebastián Gallino.
El contexto político, claro, lo permite. Casi que lo promueve. Los precedentes jurídicos indicarían una unívoca respuesta: rechazar el planteo de la muerte de Larrabure como un delito de lesa humanidad. Pero la conducta del Poder Judicial no ofrece garantías. Está constituido por jueces venerables, y por venales.
Dos demonios recargados
Una resolución opuesta a la jurisprudencia existente sobre crímenes de lesa humanidad, ¿sería posible? De nuevo: los antecedentes nacionales e internacionales la hacen imposible. Pero el caso Larrabure puede abrir –en consonancia con los planteos oficiales– una novedosa vía jurídica que avale lo que el bueno de Ernesto Sábato plasmó en 1984 en el prólogo del Nunca Más: la aliviadora teoría de los dos demonios, que consiste en postular la existencia de grupos mefistofélicos separados de la sociedad que se enfrentan entre sí en un guerra tan cruel como inentendible, victimizando a los correctos y pasmados ciudadanos.
Un cuento de hadas horrible, pero que tuvo gran aceptación en el período pos dictadura, en el que casi nadie quería hacerse cargo ni de haber bancado –por acción u omisión– los horrores de la dictadura ni de la militancia revolucionaria de las organizaciones armadas.
Pero pasemos a un experto, que va a explicar esto mejor. Es Daniel Feierstein, doctor en Ciencias Sociales e investigador del Conicet, autor de lo que llama “los dos demonios recargados”.
Dice que en el cuentito de Sábato “la gran trampa en la que queda inserta la teoría de los dos demonios es el concepto dos, la equiparación de dos prácticas sociales absolutamente distintas”.
Es decir, “la equiparación de la violencia insurgente, un proceso de resistencia y articulación de luchas, con lo que implica la decisión del Estado de llevar a cabo una masacre sistemática de sectores de la población, una destrucción parcial del grupo nacional argentino, lo que se llama genocidio”.
Señala Feierstein, que dicha teoría “pone a la sociedad afuera de lo que ocurrió”. Y avanza, al sostener que a mediados de los 90, particularmente con la aparición de la agrupación Hijos “irrumpe una nueva generación que recupera la lucha de quienes enfrentaron a esa idea de los dos demonios, a quienes poner el terror fuera de la sociedad no les era funcional”. Es decir, una generación que se hace cargo de la militancia de sus padres en los 70 y de los objetivos políticos de las guerrillas, complejizando el cuento de hadas horrible. Y, también, señalando que las mazmorras del terrorismo de Estado fueron la excusa siniestra para instalar un modelo político-económico neoliberal, caracterizado como de acumulación financiera en desmedro del capitalismo productivo. Un modelo excluyente, bah.
“Entonces –dice Feierstein en una entrevista para Emergentes TV– plantean separar esos dos tipos de prácticas sociales, la violencia insurgente del genocidio estatal, y centrar la mirada en comprender los objetivos de la represión”.
¿Cómo regresa el par de demonios, cuya expresión judicial se analiza por estos días en la Cámara Federal de Rosario? “Lo que he llamado los dos demonios recargados, este nuevo surgimiento de la teoría de los dos demonios, va a plantear la lógica inversa: esto es, aceptamos que existió una represión estatal, pero tenemos que tomar en cuenta que también hubo una violencia insurgente que es tanto o más grave que la violencia estatal”, dice el especialista sobre la mirada de las organizaciones pro dictadura.
“La carga está puesta en visibilizar la violencia insurgente e igualarla a la violencia genocida, y esto tiene una enorme gravedad”, abunda.
Feierstein plantea que “la inteligencia del gobierno macrista, en un sentido perverso, fue comprender que las transformaciones de la memoria colectiva no se llevan de arriba hacia abajo, sino mostrarse receptivo a lo que estaba ocurriendo desde 2008 o 2009 con las organizaciones que empiezan a reeditar esta teoría de los dos demonios recargada, y comenzar a hacerla explícita, a permitirle aparecer desde el aparato público”.
Recuerda que los casos “más resonantes” fueron los de Darío Lopérfido y Gómez Centurión “cuestionando un símbolo de esa lucha por la memoria colectiva” como es el número de 30 mil desaparecidos. También inscribe en esa operación por la construcción del sentido común “la calificación de presidente (Mauricio) Macri del período como ‘guerra sucia’, un término que había estado ausente del lenguaje público durante tres décadas”.
Dice Feierstein que paralelamente “hay una producción de la ofensiva mediática y cierta escucha del gobierno, es un posicionamiento inteligente de plantearse en el lugar de escucha y no de emisión”.
Así, “estas figuras marginales” como en algún momento fue Cecilia Pando, “comienzan a tener lugar protagónico en el aparato mediático. Emulando el funcionamiento de las organizaciones de derechos humanos, empiezan a aparecer las víctimas del ‘terrorismo’, organizaciones legales que asisten a las víctimas, tienen repercusión mediática y empiezan a ser escuchadas, entre comillas, por funcionarios del gobierno”.
Para el especialista, el acierto del macrismo consiste en no adoptar medidas gubernamentales –de arriba hacia abajo– sobre el proceso de construcción de memoria colectiva, sino alentarlas a surgir en la base social para luego “oírlas” como expresiones potables.
“Lo más importante –cierra Feierstein- es salir a dar la disputa por el sentido, por abajo, contra esta nueva teoría de los dos demonios que comienza a cobrar fuerza en algunos sectores de la sociedad”.
Fuente: El Eslabón
