“La presente investigación se inició a raíz de la comunicación enviada el 19 de noviembre de 2014 a la Fiscalía Federal N° 3 por el jefe de la Sección Rosario de la Superintendencia de Drogas Peligrosas, subcomisario RAÚL HIRCH, en la que se puso en conocimiento que el día anterior, personal de esa dependencia había observado la posible comercialización de estupefacientes en la intersección de las calles Laprida y Chávez de esta ciudad, donde anteriormente había funcionado un bunker de venta de droga en el interior de un pasillo”, dice la resolución firmada por los fiscales federales Adriana Saccone y Diego Iglesias, el martes 27 de marzo de 2018, que, por primera vez en el ámbito de la justicia federal, imputará a la principal banda narco del sur de la provincia de Santa Fe, conocida como “Los Monos”, de los delitos del narcotráfico.
La decisión, largamente esperada y postergada, se dio a conocer el mismo día y casi a la misma hora en que terminaba el proceso judicial contra la misma organización en el nuevo edificio de la justicia penal santafesina bajo los cargos de asociación ilícita y asesinatos varios.
De los 32 imputados de la causa federal 23.772, solamente seis personas tienen el secundario completo; 12 son menores de treinta años y 22 tienen ocupación fuera de sus casas, la mayoría en actividades informales.
Pero más allá de estas características, el escrito de 180 páginas de los dos fiscales presentan algunas confirmaciones que ya estaban en la causa iniciada por el juez provincial Juan Carlos Vienna, discutidas en el proceso celebrado hasta el 27 de marzo en los nuevos tribunales penales santafesinos y en otras causas federales que no llegaron a juzgar a Los Monos.
La historia de la banda, según los expedientes provinciales, tiene un punto de crecimiento geométrico a partir de 2007.
Sin embargo, ni la causa elevada a juicio en los tribunales santafesinos ni la que ahora llevará adelante la justicia federal, aporta datos sobre el desarrollo de la organización antes de 2012.
Semejante espacio vacío, por lo menos de cinco años entre 2007 y 2012, deja muchos elementos por afuera de la construcción de la verdad histórica que debe fundamentar la reparación legal a las víctimas, en primer lugar, y a la sociedad, en segundo término.
Ese recorte histórico deja de lado otros actores que seguirán gozando de una intocable impunidad, de una insoportable impunidad.
¿Quiénes le presentaron el negocio del narcotráfico y el contrabando de armas como los mejores nuevos caminos para sus actividades?.
¿Quiénes fueron sus primeros proveedores de estupefacientes y armas?.
¿Cómo lavaron sus dineros, durante años, en la plaza financiera, empresarial o inmobiliaria de Rosario?.
Si la causa Vienna hablaba de un “gobierno de facto” sobre varios barrios rosarinos constituido a partir de 2007, en esta resolución judicial se afirma que la banda se expandió a distintas regiones del país.
¿Cómo fue posible semejante desarrollo sin que aparezcan funcionarios municipales, provinciales y nacionales involucrados o mencionados o meramente apuntados a través de instituciones u organizaciones estatales que debieron evitar ese crecimiento?.
En esta resolución figuran algunos proveedores y menciones a laboratorios clandestinos pero falta conocer el manejo de esas rutas, las de la marihuana y cocaína, que existen desde hace cuarenta años y en las que, evidentemente, cambian los nombres de los gerentes o responsables de los peajes pero siguen siendo las mismas.
El presente escrito de los fiscales federales no hace mención a integrantes de fuerzas de seguridad, nacionales o provinciales, pero es evidente que algunos articularon esas relaciones en un primer momento dentro de esta línea histórica tan difusa y que está tan lejos del interés de los fiscales y jueces, no solamente federales, sino también provinciales.
Pero si aparece con contundencia la certeza de la continuidad de las actividades ilegales desde el interior de los penales provinciales. He aquí otro enorme elemento que debe explicar la conducción política de la provincia. Nadie explica si el Servicio Penitenciario no controla por inútil o porque cobra su mirar para otro lado.
Y el tema del dinero es estridente en su inexplicable silencio.
Financiamiento y lavado forman parte de un cuidadoso armado de ocultamiento en el que las justicias, provincial y federal, no ayudan casi en nada a destruirlo.
Claramente el capitalismo no investigará en serio una de sus principales arterias que los alimenta.
En el medio, la vida de las pibas y los pibes que se pierden inmoladas en el altar del dios dinero que manejan los titiriteros ocultos, los que gozan de una insoportable impunidad.
Por lo menos por ahora.
