La democracia brasileña dejó de funcionar plenamente en agosto de 2016, cuando un golpe parlamentario derrocó a Dilma Rousseff. A partir de ese momento, comenzó un proceso de sistemática destrucción de las instituciones.
El gobierno ilegítimo de Michel Temer implementó ajustes que quitó derechos a la población y militarizó a la sociedad, lo que condujo a un plan sistemático de represión de la protesta social que incluyó los asesinatos de Marielle Franco y Paulino Teixeira.
Cuando asomó la posibilidad de un regreso de Lula a la presidencia, los poderes fácticos incrementaron los niveles de violencia para evitar que se expresara la voluntad popular en las próximas elecciones de octubre.
La Justicia puso a Lula contra las cuerdas con una condena por corrupción con poco sustento, los medios hegemónicos siguieron propalando odio y violencia. Y fuerzas parapoliciales recurrieron a la violencia de las balas atacando la caravana proselitista del líder del Partido de los Trabajadores (PT). Los militares completaron el cuadro amenazando con intervenir si la Justicia no condenaba a Lula.
El ex presidente brasileño quedó a un paso de la cárcel luego de que el Supremo Tribunal Federal (STF) negó un recurso de habeas corpus para evitar ir a prisión y apelar en libertad su condena en segunda instancia por corrupción.
La tortuosa sesión de los once jueces de la Corte en Brasilia dejó como resultado seis votos por el rechazo del beneficio y cinco a favor. En un clima de mucha tensión dentro de la sala del STF, y también en las calles de todo Brasil, donde se manifestaron militantes populares y también detractores a Lula, el tribunal votó con la idea de complicar la candidatura del líder y dejarlo fuera de las elecciones presidenciales del 7 de octubre.
Cuando se terminen de completar detalles administrativos del proceso, lo que puede demorar algunos días, la orden de detención de Lula debería ser firmada por el juez federal de primer grado Sergio Moro, en Curitiba. Fue Moro, el magistrado estrella de la derecha, quien en julio de 2017, en el marco de la Operación Lava Jato, halló culpable a Lula de corrupción y lavado, sin pruebas sólidas que respalden la acusación.
El ex presidente apeló el fallo. Pero el 24 de enero, un Tribunal Regional Federal en Porto Alegre no solo ratificó la sentencia sino que la extendió, de nueve años y medio de prisión a 12 años y un mes. Fue entonces que los abogados de Lula presentaron el habeas corpus preventivo ante el STF, que lo rechazó complicando la situación del líder.
Impedir el regreso del pueblo al poder a cualquier costo
El rechazo del tribunal completa la jugada de los poderes fácticos para mantener y profundizar la restauración conservadora que se enquistó en el poder con el golpe a Dilma. El gobierno de Temer militarizó el estado de Río de Janeiro el 16 de febrero. El 14 de marzo fue asesinada la militante Marielle Franco. El 20 de marzo mataron al concejal suplente Paulino Teixeira. Pocos días después, al sur de Brasil, es atacada a tiros la caravana proselitista de Lula. Y días antes del fallo del STF, el ejército amenazó con el uso de la fuerza si la Justicia no condenaba a Lula. “Si ocurre semejante apartamiento de la ley, ahí no tengo duda de que sólo queda el recurso a la reacción armada. Ahí es el deber de la Fuerza Armada restaurar el orden. Pero no creo que lleguemos a eso”, lanzó el general Luiz Gonzaga Schroeder Lessa, jefe del Ejército de reserva brasileño.
Cada sector de la derecha, cada actor del establishment viene poniendo su parte para mantener la restauración conservadora. Pero el pueblo de Brasil, el PT y el amplio espectro de organizaciones que apoya a Lula, no van a dejar de luchar, ante la Justicia y en las calles, para que la voluntad popular sea respetada.
“El pueblo brasileño tiene el derecho de votar a Lula, el candidato de la esperanza. El PT defenderá su candidatura en las calles y en todas las instancias”, anunció la comisión ejecutiva del PT. Lula encabeza todas las encuestas con un 37 por ciento de intención de voto, a más de 20 puntos de diferencia del segundo, el ultraderechista y pro-genocidas capitán retirado Jair Bolsonaro, con el 17 por ciento.
Lula quedó muy cerca de la prisión. Para evitarla, sus abogados presentaron otro recurso de habeas corpus una vez que sea arrestado y un reclamo ante Naciones Unidas. Luego, podrían intentar revertir la condena a través de un recurso especial ante el Superior Tribunal de Justicia (STJ), si se considera que se infringieron leyes federales o el proceso jurídico, y, finalmente, un recurso extraordinario ante el propio STF, si se apunta que se violaron principios constitucionales.
Pero la legislación electoral no permite que una persona condenada en segunda instancia sea candidata a un cargo electivo e inhabilitaría su registro. El PT adelantó que pedirá al Tribunal Superior Electoral (TSE) que haga una excepción y acepte su candidatura mientras se resuelven las apelaciones a la condena en la justicia criminal. En agosto los partidos deben anotar a sus candidatos.
Fuente: El Eslabón
