El director de Reforma Política y Constitucional de la provincia, Oscar Blando, es optimista en que la ley de leyes será modificada, para sacar a Santa Fe del atraso en esa materia. Retaguardia que comparte con Mendoza. Nuevos derechos y legislación de avanzada en la mirada oficial. La necesidad de acuerdos políticos y las distintas posiciones sobre la oportunidad para avanzar en el proceso.
La posibilidad de una adecuación del texto constitucional santafesino –de vanguardia cuando fue sancionado en 1962, atrasado ahora- se puso en marcha. El gobernador Miguel Lifschitz presentó ante los representantes de los partidos políticos el mensaje para que la Legislatura declare la necesidad de la reforma, primer paso del proceso. El director de Reforma Política y Constitucional de la provincia, Oscar Blando, aseguró a el eslabón que “nunca estuvimos tan cerca” de lograrlo, atento a que “es el momento donde más cerca estamos y más consensos hay”.
“He vivido varios intentos de estos procesos, entiendo que nunca estuvimos tan cerca. Es el momento donde más cerca estamos y más consensos hay, por ejemplo en términos de que nadie discute hoy –en otras épocas sí se discutió- si es necesaria o no la reforma. Todos admiten que lo es”, sostuvo Blando en una entrevista con este semanario. Aunque, aclaró, no sabe si los tiempos políticos permitirán que los cambios se produzcan este año, como desea el Ejecutivo provincial, o el próximo, pero asegura que antes de que el actual mandatario concluya su período de gobierno, la Constitución de Santa Fe será otra.
Sancionada en 1962, la ley de leyes santafesina fue de avanzada entonces; quedó a la retaguardia ahora. Santa Fe y Mendoza son las únicas provincias que no adecuaron sus textos constitucionales a la reforma de la Carta Magna nacional de 1995, que incluye la adhesión a los tratados y convenciones internacionales de derechos humanos. La necesidad de aggiornarla es compartida por las distintas fuerzas políticas con representación parlamentaria y por la mayoría de las entidades de la sociedad civil. La oportunidad para hacerlo, es otro cantar.
Un artículo, el que establece la reelección del gobernador, constituye un escollo difícil de digerir para las fuerzas políticas opositoras. De todos modos, el Frente Progresista hará lo posible para que este año la Legislatura declare la necesidad de la reforma y se vote una Convención Reformadora que permita aplicar el nuevo texto a partir de fines de año.
—Tras el debate con las instituciones de la sociedad civil y el envío del mensaje a la Legislatura, ¿qué espera ahora el gobierno?
—Esperamos que este proceso que empezó de una manera inversa, de consulta popular y de diálogo social iniciado por el gobernador Lifschitz, madure y tenga como final la aprobación del proyecto. Digo inverso e inédito en los procesos de reforma porque normalmente se presenta un proyecto que empieza por el diálogo político con los partidos y luego, si no hay apoyo, se termina el proceso y se frustra la posibilidad de la reforma. Acá se inició un proceso de consulta con instituciones, académicos, gremios, asociaciones vecinales, de distintos ámbitos que luego fueron haciendo aportes. Este mensaje a la Legislatura es de alguna manera una síntesis de ese largo proceso de discusión. El proyecto surge, desde luego, por convicciones propias del gobierno, pero esencialmente por este diálogo y estas consultas, por eso tiene su riqueza. Y eventualmente tiene la posibilidad de que la Legislatura lo mejore, lo enriquezca y también puede suprimirle partes. Porque en definitiva es la Legislatura actual la que determina qué temas o artículos van a reformar.
—¿Entienden que esos debates y consultas previos le brinda mayor solidez al proyecto de reforma?
— Los fundamentos del mensaje de alguna manera sintetizan gran parte de estas cuestiones. Esto se refleja por ejemplo en el tema de la consagración de derechos. Los mensajes no estipulan el articulado, esto no es el Pacto de Olivos que tiene artículos cerrados y eso es lo que se tiene que votar. En primer lugar (la reforma) es una adecuación a la Constitución Nacional y a los tratados de derechos humanos que están en ella. Pero por ejemplo el tema a la diversidad sexual, es un tema que se ha hablado con las organizaciones, la eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer, hemos incluido niñas niños y adolescentes, el tema de los derechos de los adultos mayores y de personas con discapacidad. No eludimos el tema de la seguridad pública y privada, el derecho de las víctimas también lo incluimos con una concepción democrática. También el tema de los derechos sexuales y reproductivos, que es un tema que está hoy en debate, el tema del aborto y su despenalización. Los consumidores, el derecho al agua, al medioambiente, el mutualismo y su función social que no está contemplado en el texto actual, la incorporación y la promoción de la ciencia y la innovación tecnológica, las nuevas tecnologías.
La perspectiva de género –que es más que la paridad, que también la incluimos en la lista de temas para los cargos públicos–, pero la perspectiva de género sólo la tienen la provincia de Neuquén y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y avanza en poner en cuestión las asimetrías, las relaciones de desigualdad entre el hombre y la mujer, para que haya políticas públicas en ese sentido. Nosotros enunciamos en el mensaje, lo que ahora viene es darle contenido a esos enunciados.
—Que puede ser modificado por los legisladores
—No todos podemos coincidir con los mismos ni tener la misma visión sobre esos derechos. Entonces el proceso que se inicia ahora necesita ser tanto o más participativo que antes, que la sociedad y las instituciones se apropien de los contenidos de estas propuestas para que las perspectivas, desde nuestro punto de vista, sean lo más progresista posible. La Legislatura puede modificarlo, puede ampliarlo, restringirlo. Suponiendo que la Legislatura aprobase la necesidad de la reforma, el gobernador tiene que convocar a elecciones de convencionales constituyentes en el número de 69 (convencionales, igual a la cantidad de senadores y diputados), y esos son los que van a conformar la Convención Reformadora. La Legislatura en esa ley establece los temas que se van a reformar y los artículos. La Convención sólo puede tratar los temas que fueron habilitados por la ley de necesidad de la reforma. No puede habilitar otros temas que no estén presentes. La gente va a votar distintas opciones políticas sobre la discusión que incluya la ley de necesidad. Si no, se atribuiría la Convención un poder que fue sometido a la voluntad popular.
Consensos
La cuestión central para poder avanzar –o no– en la reforma del texto constitucional santafesino pasa por los acuerdos políticos necesarios, imprescindibles para votar la ley que habilite la discusión.
De acuerdo a la propia Constitución, el mecanismo para su reforma debe cumplir una serie de pasos. El primero ya está dado. El gobernador envió a la Legislatura un mensaje para que se declare “la necesidad” de la reforma.
La ley establece que su aprobación requiere una mayoría agravada de la Legislatura, es decir el voto positivo de las dos terceras partes de ambas Cámaras, como explicó Blando.
El oficialismo provincial no reúne esos guarismos en ninguna de las dos. En el Senado, ni por lejos.
Sin embargo, Lifschitz aseguró esta semana cuando anunció el envío del mensaje que “prácticamente todos los partidos políticos se han expedido positivamente en cuanto a la necesidad de la reforma”.
No mintió. Pero de ahí a que le aporten sus votos a la aventura reeleccionista del mandatario hay un largo trecho.
“Por supuesto –dijo el gobernador– hay distintas opiniones respecto de los plazos y tal vez esto será parte del debate. Sin embargo considero que lo más rico está en el contenido mismo del proyecto; allí están los intereses presentes y futuros de los distintos sectores de la sociedad civil”.
El Partido Justicialista, con amplia mayoría de representantes en el Senado, sujetó una decisión oficial al respecto a la resolución que adopte su órgano partidario.
Algunas de las principales figuras políticas de ese espacio, el diputado Agustín Rossi y el senador Omar Perotti, se mostraron contrarios a que ésta sea la oportunidad para avanzar en una reforma del texto constitucional.
El proyecto contempla, entre otras cosas, establecer un sólo período de renovación de los cargos de diputados y senadores. En la Cámara alta, justamente, dominan los representantes departamentales que en algunos casos llevan varios períodos como jefes legislativos de sus distritos. No es un sapo fácil de tragar.
El PRO, al igual que el PJ, ató su decisión a un debate interno en el partido, para que se exprese institucionalmente. Su presidente, el diputado Federico Angelini, sostuvo que este año habría que dedicarlo a realizar una campaña de concientización sobre el asunto entre los santafesinos, para avanzar recién el año próximo. Que, vale recordarlo, es un año electoral. Y, habitualmente, se adopta como criterio más o menos establecido, el de separar las reformas constitucionales de los comicios de renovación de autoridades políticas.
“Hoy por hoy la reforma constitucional está muy metida en los 70 legisladores y no en la sociedad en su pleno. Por eso es que le proponemos ir a las elecciones de constituyentes, a partir de todo este proceso, en 2019”, sostuvo Angelini.
El presidente de la UCR santafesina, Julián Galdeano, dijo tras la presentación de Lifschitz que “en principio la reforma es necesaria” porque “hay cuestiones que es importante modificar en nuestra Constitución”.
Para el radical, que sostiene la doble alianza con Cambiemos a nivel nacional y la local con el socialismo en el Frente Progresista, si la reforma se encarase este año el que gane la elección será “próximo gobernador de Santa Fe”. Por eso, dijo, “el que no tiene un gran elector, tiene una mirada crítica sobre la oportunidad”.
Añadió, en mensaje directo a la Casa Gris, que el intento “no puede ser una reforma hecha exclusivamente” para darle la chance de reelección al actual mandatario, porque así “le estaríamos haciendo un flaco favor a la institucionalidad santafesina”.
A pesar de esos grises que plantean las fuerzas opositoras, para el director de Reforma Política y Constitucional, Oscar Blando, existen grandes posibilidades.
—¿Existen los consensos necesarios con la oposición para avanzar en la reforma?
—He vivido varios intentos de estos procesos, entiendo que nunca estuvimos tan cerca. Es el momento donde más cerca estamos y más consensos hay, por ejemplo en términos de que nadie discute hoy –en otras épocas sí se discutió– si es necesaria o no la reforma. Todos admiten que lo es. Lo que sí es cierto es que hay algunos que sostienen –como decimos nosotros– que debería ser en este año no electoral, y otros en el año que viene con las elecciones de 2019. Ahora, esto significa que hay acuerdo sobre la reforma: el debate es si es ahora, el año que viene o dentro de unos meses. Me parece que se están dando las condiciones de madurez institucional como para que haya reforma. No puedo asegurar si esto será ahora o más adelante, pero me parece que al término del mandato del gobernador Lifschitz nos encaminamos a una reforma constitucional.
