Los comandantes de Gendarmería (RE) Juan Ángel Domínguez y Adolfo Kushidonchi fueron condenados este viernes en Santa Fe a penas de entre 17 y 22 años de prisión por el delito de tormentos cometido en 1976-77, durante la última dictadura cívico militar, cuando eran interventores de la cárcel de Coronda, en perjuicio de 38 presos políticos, dos de los cuales murieron a consecuencia de la tortura.
Los jueces María Ivón Vella (presidenta del TOF), José María Escobar Cello y Luciano Lauría resolvieron además que ambos condenados sigan en prisión domiciliaria «hasta tanto perduren las circunstancias por las cuales oportunamente se les concediera el beneficio».
Domínguez, comandante principal (RE) de Gendarmería Nacional, de 77 años, fue considerado en la sentencia «autor penalmente responsable de los delitos de tormento agravado por tratarse de perseguidos políticos en 38 casos y por tormento doblemente agravado por tratarse de un perseguido político y por resultar la muerte de la persona en perjuicio de Luis Hormaeche».
A su vez, Kushidonchi, comandante mayor (RE) de Gendarmería, de 78 años, fue condenado a 22 años de prisión por los delitos de tormento agravado por tratarse de perseguidos políticos en 38 casos y por tormento doblemente agravado por tratarse de un perseguido político y por resultar la muerte de la persona en perjuicio de Raúl San Martín.
La presidenta del TOF, quien leyó el veredicto, informó que el tribunal volverá a reunirse en audiencia el 6 de junio a las 18.30 para dar a conocer los fundamentos de la condena.
La lectura fue seguida por centenares de personas que se agolparon a las puertas del Tribunal, en Primera Junta y San Jerónimo, y festejaron ruidosamente la condena impuesta a los dos gendarmes procesados.
Entre otras entidades representadas en la lectura de sentencia estuvieron las Madres de Plaza de Mayo, la agrupación HIJOS, Familiares de Desaparecidos por Razones Políticas y los querellantes de la Asociación El Periscopio, integrada por ex presos políticos de Coronda, así como funcionarios, legisladores, organizaciones gremiales, sociales y políticas.
Las condenas fueron similares a las solicitadas por el fiscal general Martín Suárez Faisal (pidió 25 años para Kushidonchi y 20 para Domínguez), en tanto los querellantes Lucila Puyol y Guillermo Munné habían requerido prisión perpetua para ambos.
Los abogados Guillermo Morales y Claudio Torres del Sel, defensores de los acusados, habían pedido la absolución.
Los acusados comparecieron a lo largo de todo el juicio por videoconferencia (salvo Kushidonchi en la primera jornada) desde las ciudades donde residen debido a un beneficio otorgado en virtud de sus respectivas condiciones de salud.
La condena avaló lo actuado en la instrucción y en el debate oral acerca de que la cárcel de Coronda fue un lugar de confinamiento de presos políticos desde 1974 y que, a partir del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, se dio «una llegada masiva de perseguidos políticos y se agravaron las condiciones degradantes de detención».
Domínguez fue director interventor de ese penal entre el 8 de febrero y el 27 de marzo de 1977 y desde el 18 de noviembre de ese año al 1 de febrero de 1978. Kushidonchi, alias «El japonés», dirigió la cárcel corondina entre el 10 de noviembre de 1976 y el 13 de febrero de 1977, y por un período de varios meses desde el 1 de febrero de 1978.
En esta causa también era investigado por delitos de lesa humanidad otro comandante retirado de Gendarmería, Octavio Zirone, pero murió en Buenos Aires a mediados de 2014.
