Alejandro Caniglia, integrante del Frente de Profesionales del Partido del Progreso Social, plantea si la desfederalización del delito de narcomenudeo será una solución o un problema.
La ley nacional de desfederalización (26.052) es conocida como la ley del narcomenudeo y fue sancionada en 2005. Esta norma deriva en la Justicia provincial perseguir, juzgar y reprimir el tráfico de drogas de baja escala. Hasta el momento, hay cinco provincias adheridas: Córdoba, Chaco, Salta, provincia de Buenos Aires y Entre Ríos, cuyo Poder Legislativo aceptó la adhesión en marzo pasado.
La diferencia entre el narcotráfico y el narcomenudeo es su escala: éste refiere a cuando «se comercie, entregue, suministre o facilite estupefacientes fraccionados en dosis destinadas directamente al consumidor». Pero también la siembra o cultivo de plantas destinadas a obtener estupefacientes para consumo personal, y la tenencia para consumo de estupefacientes.
En Santa Fe, en los años 2013, 2014 y 2016 se presentaron en el Senado proyectos para adherir a la normativa nacional pero ninguno prosperó. En noviembre del año pasado la Cámara Alta logró media sanción para la aplicación de la ley de narcomenudeo en el territorio provincial, por lo que deberá tratarse en Diputados.
En este contexto la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, lleva adelante una ofensiva para que las provincias que aún no lo hicieron adhieran a la normativa. Y a nivel local cuenta con el respaldo del ministro de Seguridad, Maximiliano Pullaro, aunque con la oposición de la Corte Suprema de Justicia.
El pasado 1º de mayo, el gobernador Miguel Lifschitz aprovechó el discurso de apertura de sesiones ordinarias de la Legislatura santafesina para cambiar el eje de la discusión política en la provincia. En su mensaje a los legisladores les pidió atender a unas sugerencias que él mismo iba a enviar para que luego Santa Fe adhiera a la ley nacional de narcomenudeo que ya tiene media sanción del Senado. Lifschitz quiere que la Justicia provincial persiga a las bandas barriales que venden drogas y eso acaparó la atención de propios y extraños.
Con esa solicitud, el gobernador logró lo que quería: correr el eje de los temas espinosos como las subas de las tarifas y, fundamentalmente, los problemas de seguridad, que en los primeros cuatro meses del año muestran índices de homicidios en Santa Fe y Rosario que se volvieron a disparar luego de un 2017 con resultados relativamente positivos, para poner el foco en el combate al narcotráfico.
Uno de los argumentos para oponerse a la adhesión viene siendo que la ley de narcomenudeo en vez de permitir a la Justicia Federal profundizar las investigaciones contra la narcocriminalidad para que las fiscalías provinciales se encarguen de perseguir a los pequeños vendedores, hizo que en más del 80 por ciento de los casos se terminará penalizando al consumidor igual que al vendedor y sin tratamiento para los casos de adicción severa.
En cambio se alegó, para potenciar la adhesión, que de asumir las provincias la persecución de delitos menores, la Justicia Federal podía invertir todos sus recursos en investigar a los grandes narcotraficantes.
Sin embargo al hacer un análisis del informe presentado en 2014 por la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), en el que quedó plasmado en números qué ocurrió en las provincias que adhirieron a la ley, podemos observar que en el caso de Buenos Aires «derivó en una merma en la cantidad y en la calidad de causas iniciada en el fuero federal por figuras más graves que las causas menores».
«Los números en ese sentido son contundentes: cuando todavía no existía la adhesión, las causas iniciadas en provincia de Buenos Aires por estupefacientes en el fuero federal eran 10.044. Al año siguiente (2006), 1.222; en 2007, 815; y en 2008, 631. Una merma del 94 por ciento en 3 años».
Alguno podría decir que es una consecuencia lógica de que se le retire a la Justicia Federal las causas menores, pero en realidad se verifica paralelamente un continuo descenso en el ámbito federal de causas por tipos penales que pasaban a ser de su exclusiva competencia, es decir, causas más grandes: por delitos mayores, de 2005 a 2008 se da un descenso en las causas por tenencia con fines de comercialización del 88 por ciento y por comercio simple del 89 por ciento». Es decir: que la Justicia Federal no tuviera que ocuparse de las causas menores no hizo que se afianzaran las investigaciones en las causas más grandes.
El mismo informe de la Procunar del año 2016 confirmó otro dato: que en materia de estupefacientes, se sigue persiguiendo más a los consumidores o a los pequeños vendedores que a las grandes estructuras narco.
Además siguiendo en la línea de oposición a la desfederalización, cabe destacar que separar en distintas competencias las investigaciones de un mismo delito implica que la Justicia Federal, encargada de perseguir los delitos más complejos, se quede sin la información con que más se cuenta en este tipo de casos, que es la que proviene de investigar los búnkers y la venta minoristas para, de ese modo, llegar a las grandes estructuras, más teniendo en cuenta que las fuerzas policiales son muy celosas a la hora de compartir y/o transmitir información, elemento de fundamental importancia si tenemos en cuenta que el narcotráfico suele suceder de manera transjurisdiccional.
Para terminar cabe destacar que las estructuras no se actualizan desde 1979. Desde esa fecha el Poder Judicial de la Nación no creó en Rosario nuevas fiscalías ni juzgados. No tener estructuras que permitan investigar los delitos como corresponde habla de las decisiones políticas que hay que tomar. Hoy en día, sólo por proporción de habitantes deberíamos tener nueve fiscales en la ciudad de Rosario. Pero hay sólo tres y de esto debe hacerse cargo el gobierno provincial y nacional. El primero gestionando la creación de la estructura restante y el segundo aportando el financiamiento y la decisión política para su realización, de lo contrario insistir con la desfederalización producirá replicar en Santa Fe, las estadísticas de provincias en las cuales la adhesión a la ley ha fracasado.
