Tras impulsar la adhesión a la ley de desfederalización del narcomenudeo, Lifschitz recordó que él votó en contra de esa norma cuanto era senador. Explicó que la gestión de gobierno lo obliga a ser pragmático y cree que la injerencia de la Justicia ordinaria en esos delitos será beneficiosa. Todo lo contrario opinan expertos, jueces y trabajadores judiciales.

Tras proponer en su discurso de inicio de las sesiones ordinarias legislativas el impulso a la ley de adhesión de desfederalización de las investigaciones judiciales por narcomenudeo, el gobernador Miguel Lifschitz recordó –sin que nadie se lo solicitara– que cuando fue senador provincial fue el único que votó en contra de la aplicación de esa norma que ahora solicita como mandatario. “Soy una persona práctica que lleva dos años y medio de gestión” y periódicamente le estalla el problema de la violencia letal asociada a las redes de comercialización en pequeña escala. La ley para que sean los fiscales provinciales quienes se encarguen de perseguir a los pequeños vendedores de drogas tiene media sanción del Senado y el gobierno quiere que la apruebe Diputados. Ese deseo es hijo de una necesidad: detener la ola de crímenes y vendettas entre bandas que abulta la tasa de homicidios dolosos. Si se trata del remedio adecuado, es por lo menos materia de debate.

6 de 24

Sólo seis de las 24 provincias adhirieron a la ley de desfederalización del narcomenudeo: Buenos Aires, Córdoba, Formosa, Chaco, Salta y Entre Ríos.

El principal efecto es que alivia enormemente la tarea de los juzgados federales, abarrotados de causas por eso casos. Y, paralelamente, deja en evidencia que la Justicia Federal se encarga, con mayor ahínco, de perseguir penalmente a pequeños vendedores que en muchas ocasiones son también consumidores.

En la provincia de Buenos Aires, primera en adherir, las causas investigadas en el fuero federal por narcotráfico descendieron del 56 por ciento del total de investigaciones en 2005 –antes de la desfederalización– al 11 por ciento en 2015, según un informe de la Procuraduría contra el Narcotráfico (Procunar). Pero el marcado descenso no provocó que el delito descendiera. Buenos Aires no está “libre de narcos”, pero sus juzgados federales están aliviados.

En el mismo 2015, Santa Fe fue la provincia de la región NEA (noreste argentino) con más causas iniciadas por narcotráfico, según el informe de la Procunar.

De las 2.892 causas iniciadas, el 67 por ciento correspondió a ese ítem. En 2012, antes de la explosión de la violencia narco por el asesinato de uno de los líderes de Los Monos, las causas ascendieron al 72 por ciento en los juzgados federales santafesinos. Sin embargo, no se vieron los resultados de ese accionar.

En dirección opuesta al crecimiento del fenómeno narco en los medios de comunicación y en la preocupación del gobierno provincial, desde 2012 a 2015 las causas por narcotráfico descendieron. El primero de esos años se iniciaron 2.382 expedientes que fueron perdiendo intensidad hasta los 1.940 de 2015.

El epicentro, de todos modos, fue Rosario. Del total de causas por drogas 1.179 se iniciaron en los dos juzgados federales penales de esta ciudad, seguida por la capital con 467 expedientes.

Según el informe de la Procunar, el 30 por ciento de esas causas tuvieron como objeto de la persecución penal la tenencia para consumo personal (19 por ciento) y la tenencia simple (11 por ciento).

Ahora sí

Al día siguiente de proponer que Santa Fe adhiera a la polémica ley de las pequeñas causas de narcotráfico, Lifschitz explicó por qué cambió de opinión.

“Cuando este proyecto se votó la primera vez, y tuvo media sanción, yo era senador y fui el único voto en contra”, recordó. “Yo también tenía reparos y creo que lo mejor es que la Justicia Federal pueda abordar toda la complejidad del tema”, abundó. Pero, eso no ocurrió, y las urgencias mandan.

Siguió Lifschitz: “Llevo dos años y medio de gobierno y no hemos logrado que la estructura de la Justicia Federal se adecue para abordar la complejidad del narcotráfico en las grandes ciudades”.

Aclaró que sus dichos no constituyen “una crítica ni a los jueces ni a los fiscales” con los que trabaja mancomunadamente, “pero la estructura es insuficiente para abordar la complejidad del problema”.

Recordó que realizó gestiones con los ministros de Seguridad, Patricia Bullrich, de Justicia Germán Garavano, en el Consejo de la Magistratura y ante el presidente de la Corte Suprema de Justicia nacional, el rafaelino Ricardo Lorenzetti.

Le preguntaron si creía que existía falta de compromiso de esas autoridades para con Santa Fe. “Puede ser que haya compromiso, pero la realidad nos muestra que no se ha movido nada”, acomodó.

El mandatario argumentó en favor de la ley de desfederalización que “la mayoría de los casos (de homicidios y balaceras) de los últimos cinco meses, son ajustes de cuenta, disputas territoriales, conflictos entre bandas y familias, todas vinculadas a la distribución del narcotráfico en el territorio”.

En abril se registraron 29 homicidios dolosos en el departamento Rosario, casi uno por día. Varios de ellos con el sello del crimen mafioso por encargo y que tuvieron como víctimas a personas con antecedentes penales y ligadas a bandas narco, como la de Los Monos.

Para Lifschitz, que los fiscales se zambullan en el universo del narcomenudeo “prácticamente es investigar lo mismo” ya que “al investigar la balacera o la usurpación, detrás hay un tema de narcotráfico”.

Aseguró que tanto los fiscales del nuevo sistema procesal penal cuanto la Policía de Investigaciones –la niña mimada del gobierno, en la que confía– están en condiciones de abordar ese desafío, que pocos resultados ha dado en otros distritos.

“Hoy podemos ser auxiliares de la Justicia Federal y cooperar”, dijo en declaraciones a LT8, incluyendo al Ministerio Público de la Acusación casi como una dependencia más del gobierno.

Por qué no

El ministro de la Corte Suprema de Justicia santafesina, Daniel Erbetta, se mostró poco optimista en las virtudes que pueda producir la desfederalización.

“En términos de eficacia, en las provincias que la han adherido, no ha tenido ningún impacto en lo que considero debe ser la concentración de los recursos del Estado para combatir el narcotráfico”, sostuvo en declaraciones a Canal 5, y agregó: “Es algo insólito en términos constitucionales, porque hace que un delito que es federal en una provincia que no adhirió a la ley, sea ordinario en una que sí adhirió”.

Y concluyó: “Para reducir la violencia entre las bandas no hace falta una ley de narcomenudeo, para eso está la policía, y si queremos combatir la droga hay una división de la policía provincial que trabaja en convenio con la federal”.

El diputado provincial del Frente Social y Popular, Carlos Del Frade, también fue contundente al respecto: “La ley de narcomenudeo multiplica el narcotráfico”.

“Hace trece años que soportamos esa ley en algunas provincias y hoy te encontrás con que se multiplicaron las detenciones, hay entre 70 y 80 mil personas detenidas en esos años”, precisó.

Para agregar que “en el mismo período el consumo de cocaína se multiplicó por dos, el de las metanfetaminas se multiplicó por tres y la marihuana en un 150 por ciento”.

“Con lo cual –sostuvo Del Frade– el resultado de la ley es dejar libre a quienes manejan, son el corazón y el cerebro de esto, que son los que manejan el dinero y que no están justamente en ningún barrio de la Argentina”.

También el sindicato de judiciales liderado por Julio Piumato se opone a la medida impulsada por Lifschitz.

Desde la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) aclararon que “provincializar un segmento de la ley de estupefacientes no implica sumarse a combatir el narcotráfico, sino asumir por parte de la provincia la persecución del narcomenudeo, que es una cosa muy distinta”.

A través de un comunicado, el gremio indicó que “la provincialización de la persecución del narcomenudeo implica un abordaje de la problemática relacionada con las drogas desde la represión penal, que en la práctica ha demostrado, sobradamente, que no tiene ningún beneficio ni respecto a los delitos menores que prevé la ley 23.737 (de drogas) ni respecto al narcotráfico y contrabando de estupefacientes”.

También alerta que la superabundancia de tareas en el fuero ordinario y en la función policial puede desbordar su acción. “El narcomenudeo ocupa más del 50 por ciento de las causas que se tramitan en el ámbito federal. Si la policía y la justicia local tienen que prevenir y combatir estos hechos, se les estaría duplicando las tareas que a diario efectúan debiendo desviar la atención de otros hechos de mayor importancia y que alarman mucho más a la sociedad”.

Además, según se lee en el comunicado, “puede que dos o más fuerzas con competencias distintas estén investigando una misma banda al mismo tiempo con la consiguiente duplicidad de recursos que se tira a la basura”.

Por último, señalaron que de acuerdo a los especialistas en la materia “en muchas oportunidades hay autorización para que el estupefaciente circule por el territorio nacional para intentar llegar a descubrir el total de la banda, y se vería interrumpido si en la provincia se lo detiene por la adhesión a la ley nacional 26.052 que prevé la desfederalización de la persecución penal del narcomenudeo”.

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