La decisión de los diputados justicialistas de no avanzar este año en la Reforma Constitucional –sumada a idéntica actitud de Cambiemos– deja a Lifschitz sin su pretendida reelección. Además, el demorado pago de la deuda nacional con Santa Fe completa un cuadro poco alentador para el Frente Progresista.
La negativa de la mayoría de los diputados provinciales del Partido Justicialista a tratar, este año y en los tiempos propuestos por el oficialismo, la Reforma Constitucional deja al gobernador Miguel Lifschitz sin su pretensión de ir el próximo año por la reelección. El macrismo ya se había opuesto, por lo que la coalición de gobierno parece no contar con los 34 votos necesarios para avanzar en su proyecto. A ese opaco panorama político para los objetivos de la Casa Gris se le suma la morosa negociación de la deuda nacional con Santa Fe que le permitiría a la gestión del ex intendente rosarino aumentar los recursos y las obras públicas disponibles para mantener al Frente Progresista en el poder en 2019, cuando se cumplirán doce años del arribo a la Gobernación. Así cerró una semana compleja para el gobierno, aunque matizada con alguna noticias menos desagradables.
Muy rápido
Mientras la agenda nacional estuvo concentrada en el regreso del país a las recetas y metas del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el consiguiente ajuste fiscal que prepara el ahora súper ministro de Hacienda Nicolás Dujovne, en Santa Fe los diputados opositores del PJ le pusieron límite al intento reformista de Lifschitz. Y, entre otras razones, argumentaron que la crisis del país reduce el precio que la reforma posee en la agenda de temas de las gentes.
Cada uno con sus argumentos, los diez legisladores de la Cámara baja pertenecientes a distintos bloques del Justicialismo plantearon que este año no habrá lugar para reformar la Constitución provincial.
Ese es el anhelo del gobernador, quien busca modificar la ley fundamental de la provincia –desactualizada, por cierto– para aspirar a un nuevo período de gobierno, siempre que cuente con el aval de los santafesinos en condiciones de sufragar.
El ex presidente de Diputados, Luis Rubeo (h), presentó incluso un proyecto de reforma propio, del mismo modo que lo hizo el referente del Partido del Progreso Social (PPS), Héctor Cavallero.
Para Rubeo, los principales escollos al planteo del Frente Progresista son los exiguos plazos propuestos por Lifschitz para realizar la reforma, 40 días, y la no inclusión del sistema electoral de primarias, las Paso, para dirimir la selección de los convencionales constituyentes.
En declaraciones radiales, el legislador indicó: “Creo que la reforma constitucional, tal como la plantea el gobernador, no va a salir”.
“Por eso –continuó– presentamos un proyecto alternativo planteando que se lleve adelante la reforma pero el año que viene. Los plazos que plantea el gobernador son muy exiguos”.
Algo similar planteó Cavallero: “Tenemos que ir a las comisiones para que hagamos lo que quiere él, no le interesa la opinión de los tres proyectos”, dijo sobre el apuro del gobernador.
Para el ex intendente rosarino el proyecto de Lifschitz no va a salir en los tiempos propuestos por el oficialismo: “Yo creo que no, porque estoy planteando un debate de seis meses con la gente, ya que todos tenemos el discurso, pero hay que agregar a la democracia representativa y participativa, me niego a que se hagan acuerdos legislativos restringiendo el temario de la Constitución”, sostuvo.
Desde el sector del justicialismo que lidera el senador nacional Omar Perotti, el diputado provincial Roberto Mirabella también puso reparos. Dijo que la modificación de la ley fundamental santafesina no puede hacerse a los apurones y propuso, en cambio, convocar a una consulta popular de carácter vinculante para conocer la opinión de la población. Pero con las elecciones del año próximo.
“Conmigo, del oficialismo nadie habla, con la coyuntura que vive el país y esta provincia, con la presión tarifaria que hay sobre los hogares, con el deterioro del poder adquisitivo, con los niveles de inseguridad que hay, el gobernador debería estar preocupado por esas cosas, por la realidad, y no por esta ilusión de seguir siendo gobernador”, dijo Mirabella al diario Rosario/12.
De ese modo, el referente de Perotti puso sobre relieve que la crisis autoinfligida por Cambiemos coloca al tope de las necesidades y problemas de la ciudadanía cuestiones más acuciantes que la reforma constitucional.
Que, vale remarcar, la mayoría de los referentes del arco político con representación legislativa en Santa Fe consideran necesaria, por la desactualización del actual texto normativo. Esta provincia es una de las dos que aún no adecuaron su ley de leyes a la reforma de la Carta Magna nacional de 1994.
Con las ganas
El macrismo santafesino había hecho lo propio. Es decir, también había rechazado la premura oficial para tratar la “necesaria” reforma de la Constitución provincial.
El encargado de transmitir la mala noticia para la Casa Gris fue el intendente de Santa Fe, el radical José Corral, posible candidato de Cambiemos a la Gobernación el próximo año.
“La reforma busca la reelección del gobernador Lifschitz, comprendo que él tenga ganas, pero hay que respetar las instituciones y cumplir con la ley”, sostuvo Corral.
Para el radical amarillo, la reforma “debe discutirse con tiempo y una amplia participación de la ciudadanía”.
Algo que, para el intendente, se da de bruces con el objetivo del Frente Progresista que “pide que salga en 40 días”.
De todos modos, el referente de Cambiemos en Santa Fe sostuvo que el espacio político está de acuerdo con modificar la Constitución, pero recién en 2019. Y “haciendo hincapié en una amplia participación de la ciudadanía, porque hay que pensar cómo le damos más poder a la gente y no a los políticos”, abundó, refiriéndose a su condición en tercera persona.
De este modo, el gobierno de Lifschitz ve amenazada seriamente su pretensión de llevar adelante una reforma constitucional en lo que queda del año, tal como era su deseo. La inclusión de la reelección del gobernador –y la decisión de Lifschitz de no excluirse de esa chance– aparecen, hasta ahora, como un escollo insalvable en las distintas oposiciones legislativas.
El oficialismo tampoco contará con los votos de los bloques del Frente Social y Popular (FSP) que lidera el diputado Carlos Del Frade ni los de la bancada de Igualdad y Participación conducida por el ex senador nacional Rubén Giustiniani, un socialista crítico alejado del oficialismo provincial.
Esos cuatro diputados, que hace poco hicieron público un acuerdo político para funcionar cohesionados, presentaron esta semana un proyecto propio de reforma de la Constitución, el tercero que se suma al del gobierno.
Frente a ese horizonte negativo, Lifschitz tuvo un pequeño alivio al conseguir que el miércoles pasado la comisión de Asuntos Comunales le diera dictamen favorable al proyecto de reforma del oficialismo.
La propuesta del gobierno, que ahora pasó a la comisión de Educación, contó con los votos de los cuatro legisladores que responden al Frente Progresista, mientras que justicialista Olga Coteluzzi firmó en minoría el proyecto de Rubeo. Los legisladores de Cambiemos que integran esa comisión no pusieron su rúbrica en ninguno de los dos.
En Educación, la comisión en la que deberá ser tratado el dictamen, el oficialismo ya no posee mayoría. Según lo acordado en Diputados, el proyecto de reforma también deberá sortear las comisiones de Derechos y Garantías, Presupuesto y Hacienda y, finalmente, Asuntos Constitucionales.
Bono contribución
Si el panorama político en relación a la reforma constitucional no es el óptimo para el gobierno de Lifschitz, el económico tampoco. No por razones que atañan a la correcta administración de la hacienda pública santafesina, sino por la dificultad que la Casa Gris encuentra en la Rosada para avanzar en un acuerdo por la deuda –reconocida judicialmente– de la Nación con la provincia. Un toquito de 50 mil millones, según las cuentas del gobierno local.
La gestión de Lifschitz se encontró, a los pocos días de andar, con ese obsequio de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que falló a favor de Santa Fe, San Luis y Córdoba, en el litigio que las tres provincias mantenían con la administración federal por la retención de un porcentaje de la coparticipación que iba a fondear la Ansés.
Esa decisión judicial supuso una caja extra para el gobierno de Santa Fe pocos días antes de la llegada de los Reyes Magos. Pero en la Casa Rosada también hay avezados ilusionistas.
La discusión sobre el monto total de la deuda y la forma de pago se estiró. Cuando el año pasado el gobierno de Mauricio Macri apuró a las provincias a firmar un Pacto Fiscal, le puso a Santa Fe la zanahoria del pago de la deuda para que Lifschitz rubricara el acuerdo.
La letra del convenio decía que al 31 de marzo debía sellarse un acuerdo para la cancelación del pasivo de Nación con la provincia. Pero la letra, a veces, se muere.
La oferta de Cambiemos no incluyó ni un peso cash. Bonos del Estado nacional y obra pública. Papeles en el viento.
Esta semana Lifschitz se reunió con el ministro de Ajuste, Nicolás Dujovne, para avanzar en la discusión. Como ¿contrapropuesta? le planteó percibir “una parte del capital” adeudado con “un título que le sirva a Santa Fe” y el resto en obras públicas, pero con una “cláusula de garantía” que establezca que las mismas se llevarán adelante “en corto tiempo, no mayor a tres años”.
“No hay inconveniente en aceptar obras como parte de pago si sabemos cuáles son, cómo se van a ejecutar y en corto tiempo, en un plazo no mayor a tres años”, dijo el ministro de Gobierno, Pablo Farías, encargado de dar los detalles del encuentro de Lifschitz con Dujovne.
“Y además –siguió– si tenemos la garantía de que se va a dar ese cumplimiento o una reparación inmediata a la provincia si no se cumple con esa obra”.
Comprensivo con los desbarajustes que el macrismo realiza con las cuentas públicas, Farías dijo que entiende “que hay una situación económica que en las últimas semanas ha complicado bastante al gobierno nacional sobre todo para tener que hablar de la disponibilidad de recursos, pero igualmente como el objetivo es lograr un acuerdo que reserve este capital para todos los santafesinos, vamos a tratar de que se dé en el menor tiempo posible”.
Por ahora, plata no hay. Y Seguro, como se sabe, cumple condena a reclusión perpetua.
