El cristal con que se mira a Brasil es muy diferente al que se utiliza para mirar, por ejemplo, a Venezuela. A Michel Temer los medios hegemónicos no le dicen “dictador”. Pero a Temer nadie lo votó para ser presidente. Asumió mediante un procedimiento escandaloso, un golpe de Estado. La mayoría de los que perpetraron esa maniobra hoy están presos.
El nivel de aprobación del presidente es menor al cinco por ciento. Temer utiliza al Ejército para reprimir la protesta social, e infiltra los partidos políticos y las organizaciones sociales con miembros de inteligencia del Ejército. Pero los medios hegemónicos no denuncian “la dictadura de Brasil”.
Tampoco funciona división de poderes en Brasil desde que Temer y su banda se hizo del poder. El mandatario, sobre quien pesan varias causas por corrupción, tiene comprados y extorsionados a buena parte del Poder Judicial y el Parlamento. Existen grabaciones en las que el ilegítimo presidente avala todo un sistema de coimas a parlamentarios.
Pero Brasil, sumido en estos días en un caos, con desabastecimento, cortes, y grandes penurias por parte de la población, no forma parte del Eje del Mal, porque todas esas penurias fueron producidas por un gobierno neoliberal, ajustador, de derecha, aprobado por EEUU.
El capítulo más reciente del impredecible torbellino en que se ha convertido Brasil comenzó el 21 de mayo como una medida de fuerza de los empresarios del transporte que protestaban por un incremento en el precio del diesel. Pero la medida tuvo luego derivaciones impredecibles. Se sumaron camioneros autónomos, petroleros, trabajadores de otros gremios, y muchos otros actores sociales entraron en juego hasta acorralar a un ya acorralado gobierno.
Cuando al cierre de esta edición el paro de transportistas comenzaba a ceder, el de petroleros se hallaba en su apogeo, y Brasil salía de un colapso para meterse en otro. La inmensa mayoría del pueblo apoya las medidas de fuerzas y describe a Temer como “un payaso, un ser patético, ridículo y arrastrado”.
El ilegítimo presidente, que ya antes de la crisis carecía de poder, está en la cuerda floja pese a que cedió a las exigencias de los huelguistas y bajó el precio del combustible por dos meses. Se lo describe como un zombi que deambula por el Palacio presidencial sin apoyo de ningún tipo, solo gracias a la inercia de un poder corporativo que no encuentra cómo reemplazarlo. Tiene mandato hasta el 1 de enero de 2019, pero hasta sus propios aliados señalan que será difícil su tránsito hasta esa fecha.
“Llegamos a un punto en que el gobierno Temer no tiene más nada que ofrecer. Terminar su mandato extremamente debilitado, un zombi en Planalto”, afirmó el politólogo André César, de la consultora Hold, citado por el diario Página|12 en su edición del 30 de mayo.
Ante semejante vacío de poder, las corporaciones se debaten entre la búsqueda de una continuidad de las políticas de ajustes (sin Lula en el horizonte, claro) en el marco de las formalidades democráticas, por un lado, y por otro, están las propuestas delirantes de algunos sectores del Ejército, de la policía, y de partidos de ultraderecha (con cierto apoyo en sectores minoritarios de la población), que llaman al golpe de Estado militar.
Brasil tiene una extensión de 8,5 millones de kilómetros cuadrados. El grueso de las cargas en ese país se realiza por vía terrestre. Hay más de 200 mil kilómetros de rutas y carreteras. La medida de fuerza de los transportistas obligó a suspender el dictado de clases en cuatro estados y comenzó a notarse el desabastecimiento, no sólo de combustible, sino incluso de alimentos y artículos de primera necesidad.
La primera reacción de Temer fue un clásico de los gobiernos de derecha de la región: recurrir al Ejército y emplearlo para la seguridad interior, para reprimir la protesta y desalojar las rutas. Toda una definición de sus políticas y su gestión. Y en el caso del golpista presidente de Brasil, ninguna novedad. Lo viene haciendo desde que accedió en forma ilegítima al gobierno.
Pero más allá de la decisión de Temer, los generales y altos mandos brasileños hace tiempo se convirtieron en actores de peso en la crisis política de Brasil. Opinan, presionan, se erigen en tuiteadores seriales capaces de amenazar con intervenir, como hicieron antes del fallo de la Justicia contra Lula. Si la Justicia no lo condena, advirtieron en los días previos a la decisión judicial, las Fuerzas Armadas defenderán la Constitución contra el embate de los corruptos.
En Brasil, al igual que en otras partes del mundo, la corrupción es utilizada como una suerte de Caballo de Troya de la derecha, la ultraderecha, los golpistas y la anti-política. Desde estas posiciones se intenta utilizar la muy justificada bronca de ciudadanas y ciudadanos para buscar una salida autoritaria a la crisis.
La demonización de Lula forma parte de esta operación que busca presentar que “la única salida” es la destrucción de lo poco que queda de democracia en Brasil, que reside en el poder popular, en la militancia, en la convicción de millones de mujeres y hombres que desean votar al líder.
Porque en medio de la crisis desatada por el paro de camioneros, muchos vieron la oportunidad para destruir lo poco que queda de normalidad institucional y se habló de suspender las elecciones presidenciales del 7 de octubre.
La derecha está agazapada, no tiene candidato firme, y sabe que si la Justicia permite que Lula se presente como candidato, gana. Allí está puesta la voluntad popular.
Tras nueve días de protesta, con 24 de 27 estados afectados y más de 500 bloqueos, las asociaciones de transportistas aceptaron levantar la medida de fuerza y la situación se está normalizando en forma paulatina al cierre de esta edición. Pero no todos los camioneros acataron las decisiones de los dirigentes. La mayoría de ellos son autónomos y no están afiliados a ninguna agrupación
Por eso en muchos casos los camioneros se cortaron solos, formaron grupos de WhatsApp a través de los cuales coordinaban las acciones a seguir. En algunos casos expresaron opiniones claramente golpistas. Incluso en algunos camiones se pudieron ver banderas pidiendo una “Intervención militar”.
No es casual que el capitán retirado Jair Bolsonaro, candidato de ultraderecha, militarista y pro-genocida que las encuestas ubican en segundo lugar, pero muy lejos de Lula, haya intentado sacar provecho de este río revuelto a partir de la protesta. Se embanderó con la huelga de los camioneros.
El caos y la bronca que se expresaron en las rutas, y especialmente los carteles pidiendo los militares, son un terreno fértil para su prédica, que incluye la promesa de que “uno de cada tres de sus ministros serán hombres de las Fuerzas Armadas” y que se aprovecha asimismo de la demonización de Lula e insiste en la lucha contra la corrupción.
Sindicato de policías apoya a camioneros
La policía también dijo presente en medio de esta situación de crisis, y no sólo para reprimir, sino también como actor político. Entidades de agentes de la Policía Federal de Brasil se negaron a cumplir las órdenes del gobierno para obligar a los camioneros a desbloquear las rutas.
Los uniformados, a través de un comunicado, reivindicaron la lucha de los transportistas contra el ajuste de precios del gasoil. “Las entidades representativas de los policías federales manifiestan su apoyo al movimiento de los camioneros, ocasión en la que reafirman su compromiso de defender al pueblo brasileño y de jamás funcionar como policía de gobierno o un brazo armado contra los manifestantes”, señalaron desde la Federación Nacional de Policías Federales (Fenapef).
El comunicado se conoció tras el anuncio de Temer, que por cadena nacional dio a conocer una rebaja en el precio del diesel.
“La lucha de los camioneros representa la voluntad de todos los brasileños”, dice el sindicato de policías, que agradeció a los camioneros el apoyo a las manifestaciones a favor de la lucha contra la corrupción y la Operación Lava Jato en junio de 2017.
Petroleros contra tarifazos y privatizaciones
Cuando la medida de fuerza de los camioneros, tras casi diez días de vigencia, empezó a perder fuerza, comenzó la huelga de los petroleros. La Federación Única de los Petroleros (FUP) anunció el lunes 28 una huelga de 72 horas a partir del martes protestando contra el precio de las tarifas de gas para uso domiciliario y el combustible. Además, por el rechazo a la privatización de Petrobrás.
De hecho, los trabajadores vienen pidiendo la renuncia del presidente de Petrobrás, Pedro Parente quien, según el comunicado de la FUP, “con el aval del gobierno de Michel Temer, sumió al país en una crisis sin precedentes”.
De acuerdo con la FUP, fue la actual política de reajuste de los derivados del petróleo la que hizo disparar los precios de los combustibles, hecho por el que acusa al presidente de Petrobrás y a Temer.
Los sindicalistas de las empresas petroleras anunciaron que desde el domingo pasado se presentaron cortes y retrasos en las cuatro refinerías y fábricas de fertilizantes que están en proceso de venta. Según denuncian los petroleros, se cuadruplicaron las importaciones y se adoptaron precios internacionales bajo la gestión de Parente.
“En 2017, Brasil fue inundado con más de 200 millones de barriles de combustibles importados, mientras que las refinerías, por deliberación del gobierno Temer, están operando con menos del 70 por ciento de su capacidad”, señala el comunicado de la FUP.
El gobierno de Temer, en el marco de su plan de ajuste y privatizaciones, ya inició negociaciones para venderles dos de sus plantas de fertilizantes a la rusa Acron. El presidente golpista pretende recaudar 21 mil millones de dólares más en 2018, que se suman a los 13.600 millones de dólares obtenidos de privatizaciones anteriores.
Fuente: El Eslabón
