La Red de Profesionales por el Derecho a Decidir se pronunció «ante las serias declaraciones públicas que están haciendo muchos grupos de la salud antiderechos». «Negar el acceso a un aborto seguro, es una práctica violenta y de poder», plantearon.
La Red hizo pública su posición a través de un documento que a continuación se reproduce completo:
Ante las serias declaraciones públicas que están haciendo muchos grupos de profesionales de la salud antiderechos, violando leyes existentes, nosotrxs lxs profesionales que hace años venimos garantizando derechos sexuales reproductivos y no reproductivos decimos:
El aborto y la maternidad no deben ser una condena social para nadie, ni mucho menos una situación moralizante en la vida de las personas con capacidad de gestar. En nuestro país existe la Ley 25.673 (ley de salud sexual y procreación responsable) vigente desde el año 2002 que establece que los derechos sexuales, son aquellos que involucran la capacidad de disfrutar una vida sexual libremente elegida, satisfactoria, sin violencia ni riesgos. Y que los derechos reproductivos, se refieren a la posibilidad de decidir en forma autónoma y sin discriminación si tener o no tener hijos, cuántos hijos tener y el espaciamiento entre sus nacimientos, para lo que se requiere disponer de información suficiente y acceso a los medios adecuados.
Los derechos sexuales y reproductivos son reconocidos como parte de los derechos humanos. Están establecidos en la Constitución Nacional, por los tratados internacionales de derechos humanos que la integran, otros tratados y acuerdos internacionales aprobados por la Argentina, así como por las leyes nacionales sobre el tema.
Lxs más de 800 profesionales de la salud de todo el país que formamos parte de esta red, hace años que venimos garantizando el acceso a estos derechos. La diferencia con los grupos antiderechos radica en que nosotrxs hacemos uso de las leyes vigentes para garantizar atención de calidad y encuadrada en los derechos humanos vigentes. Acompañamos a las personas gestantes en lo que sea que decidan, que ellas decidan. Trabajamos a conciencia y acorde a los estándares establecidos mundialmente, no forzamos a nadie ni a una maternidad obligatoria ni a un aborto inseguro. Tampoco anteponemos nuestras creencias personales al momento de atender a una persona, ni recomendamos según nuestro punto de vista como debería de actuar ni elegir en su vida. Es el ejercicio del principio rector denominado “transparencia activa”, que es nuestro deber como profesionales de la salud dar opciones. Es la persona que consulta la que tiene autonomía para decidir lo que más le convenga según su contexto social, preferencias, entre otras.
También existe la Ley 26.485 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales, sancionada en Marzo del 2009. La misma garantiza todos los derechos reconocidos por la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, la Convención sobre los Derechos de los Niños y la Ley 26.061 de Protección Integral de los derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. Señala, en especial, los derechos referidos a:
– Una vida sin violencia y sin discriminaciones;
– La salud, la educación y la seguridad personal;
– La integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial;
– Que se respete su dignidad;
– Decidir sobre la vida reproductiva, número de embarazos y cuándo tenerlos, de conformidad con la Ley 25.673 de Creación del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable;
– La intimidad, la libertad de creencias y de pensamiento;
– Recibir información y asesoramiento adecuado;
– Gozar de medidas integrales de asistencia, protección y seguridad;
A seis años del fallo FAL, el acceso al aborto legal (vigente desde 1921) no es implementado en todo el territorio nacional. Tan sólo nueve jurisdicciones cuentan con protocolos que se ajustan casi en su totalidad a lo dictado por el Tribunal Supremo (Chaco, Chubut, Jujuy, La Rioja, Misiones, Salta, Santa Cruz, Santa Fe y Tierra del Fuego). No garantizar que el sistema de salud se adapte a los estándares de legalidad forma parte de las múltiples violencias que el Estado Argentino perpetua sobre los cuerpos de las mujeres y las personas con capacidad de gestar. Estableciendo así la maternidad como una obligación moral y hasta como una condena.
El uso discriminatorio de la legislación penal, las sanciones punitivas y las restricciones jurídicas para regular el control de las personas gestantes sobre su propio cuerpo es una forma grave e injustificada de control por parte del Estado. La aplicación de esas disposiciones genera estigma y discriminación y vulnera los derechos humanos.. Atenta contra su dignidad e integridad física al restringir su autonomía para adoptar decisiones sobre su propia vida y su propia salud.
La denegación de acceso a los servicios de salud esenciales con respecto a la interrupción del embarazo, los anticonceptivos, el tratamiento de infecciones de transmisión sexual tiene consecuencias particularmente graves para la salud y la vida de las personas gestantes. Esos servicios se deniegan por medios como la penalización, la reducción de la disponibilidad, la estigmatización, la disuasión o actitudes despectivas de los profesionales sanitarios. Es así como, la denegación del acceso hace que la prestación de servicios se vuelva clandestina y pase a manos de profesionales sin las debidas calificaciones, volviéndola insegura.
Lxs más de 800 profesionales de la salud que constituimos esta red, entendemos que negar el acceso a un aborto seguro (realidad de la vida sexual de millones de personas con capacidad de gestar), es una práctica violenta y de poder ejercida por algunos/as profesionales de la salud. Se ocultan detrás de lo que llaman derecho, cuando a las claras está que es solo un lugar de privilegio, porque el derecho de una persona no puede ser superior jamás al derecho a una vida digna de otra. Y abortar de forma segura, sin miedo a morir, sin estar condenadas a la clandestinidad, a la tortura, a la soledad, es un derecho básico. No somos lxs profesionales de la salud quienes morimos a causa de los abortos clandestinos, no somos lxs profesionales de la salud quienes sufrimos con nuestros cuerpos la violencia institucional ante una situación de aborto, tampoco seremos lxs profesionales de la salud quienes propiciemos tratos inhumanos y denigrantes a las personas por decidir vivir su sexualidad plenamente. Esxs profesionales que niegan el acceso a un aborto seguro, que violentan los cuerpos de las mujeres y personas con capacidad de gestar que se acercan a pedir ayuda al sistema de salud atravesando una situación de aborto inseguro, son los/las mismas que no permiten el acceso pleno a los métodos anticonceptivos. En nuestro país, se sigue negando el acceso a la ligadura tubaria, derecho consumado ya en la ley 26130, poniendo obstáculos de todo tipo, pero sobre todo bajo argumentos morales y religiosos. Se niegan realizar vasectomías, a colocar Dispositivos Intrauterinos (DIU) en adolescentes y nulíparas, a recomendar la anticoncepción de emergencia, se continúa realizando legrados de forma sistemática. Prácticas que nada tiene que ver con garantizar derechos.
Existe también la Ley 26.529 Derechos del Paciente en su Relación con los Profesionales e Instituciones de la Salud, desde marzo del 2009. La misma establece como esenciales los derechos a la asistencia por profesionales de la salud sin discriminación, al trato digno y respetuoso, a la intimidad, al respeto por la dignidad humana y la autonomía de la voluntad. Tiene derecho a aceptar o rechazar determinadas terapias o procedimientos médicos o biológicos, con o sin expresión de causa-, a la confidencialidad en la elaboración o manipulación de la documentación clínica, derecho a la información sanitaria y a la interconsulta médica.
Las prácticas médicas que violentan y vulneran el derecho de las personas con capacidad de gestar, a una atención sanitaria de calidad. Negar el derecho al acceso al aborto seguro, a la atención de calidad ante una situación de aborto y/o embarazo no deseado, se encuentra al mismo nivel de ilegalidad y violencia, que negar el acceso a cualquier práctica de salud, como por ejemplo, el acceso a la medicación de urgencia ante un infarto o una herida de arma o una crisis asmática. Nosotrxs lxs más de 800 profesionales de la salud que constituimos la Red de profesionales de la salud por el derecho a decidir, hace muchos años que sabemos de qué lado estamos paradas, del lado de la garantía de derechos, del respeto a la autonomía y la vida digna.
Queremos la legalización y despenalización del aborto, porque el aborto legal ya ha sido conquistado como ejercicio de libertad y autonomía por parte de las personas con capacidad de gestar. Es esto lo que lo hace real y un derecho humano. Hoy, en el camino a garantizar ese derecho, todavía muchas mueren o quedan con marcas imborrables, a causa de los abortos clandestinos. El sistema de salud, debe formar parte de la solución y no de los problemas. Los y las profesionales de la salud que se niegan públicamente a garantizar el derecho al aborto legal y voluntario, se niegan al derecho a una vida digna, promueven que el destino de muchas mujeres y varones trans sea la muerte, la soledad, la clandestinidad y las marcas imborrables de las cuerpas y las vidas. Quienes se niegan a garantizar el derecho al aborto legal también expresan públicamente sus deseos sádicos de violentar y vulnerar a aquellas personas que solicitan un aborto en sus servicios. Son quienes solicitan que las instituciones de salud funcionen bajo lógicas mercantiles y de exclusión.
Esta Ley busca ampliar derechos, brindar derecho al acceso a la atención en salud de todas las personas con capacidad de gestar a la hora de ejercer su autonomía, sin importar en qué provincia, ciudad o pueblo viven, ni la capacidad económica que tengan. Busca desarmar la hipocresía de los que se llaman objetores de conciencia y realizan abortos con fines lucrativos en la clandestinidad. Por sobre todas las cosas, no obliga a nadie a realizarse un aborto, así como tampoco obliga a nadie a morir en la clandestinidad producto de un aborto inseguro e ilegal. No es una Ley Antiderecho Médico como esgrimen, esta ley es un paso más en la garantía de los derechos sexuales reproductivos y no reproductivos, es un paso más en la conquista de los derechos de muchxs por sobre los privilegios de pocos.
Que sea LEY!
Educación sexual para decidir
Anticonceptivos para no abortar
Aborto legal para no morir
