El Concejo trabajó una agenda con fuerte impacto social. Se expidió a favor de una intervención urgente en un Fonavi casi en ruinas donde viven 64 familias con peligro inminente de derrumbe. Creó la Heladera Solidaria con alimentos que los restaurantes no lleguen a comercializar y tuvo manifestaciones de apoyo a las organizaciones que trabajan la problemática de las adicciones. Además, entre otras cuestiones, los ediles mostraron su preocupación por las víctimas de violencia de género.
Aunque parezca mentira Rosario tiene un Fonavi declarado oficialmente irrecuperable, en el que viven 64 familias entre titulares y herederos, en Florida y Humberto Primo. La sorpresa se justifica porque los problemas del llamado monoblock Cotar o Curva Tucumán, comenzaron a los años de ser habitados y de esto hace cuatro décadas, confirmó una vecina del nutrido grupo que desde la barra del Concejo festejó el interés de los ediles por una situación que a pesar de ser caracterizada como “derrumbe inminente”, sigue sin respuesta.
“Hay muchos Fonavis en la ciudad, pero este monoblock está declarado oficialmente irrecuperable por sus riesgos estructurales”, sintetizó el concejal Juan Monteverde (Ciudad Futura), y explicó que ya existe un proyecto para replicar el barrio en un terreno fiscal, ubicado enfrente. Pero el tiempo pasa como dice la canción y más que viejas las viviendas ya parecen ruinas, al punto que la Municipalidad debió apuntalar con hierro, dando el conjunto un aspecto de fragilidad estructural que sobrevive en el orden de los milagros.
¿Cómo llegó a ese punto la vivienda adjudicadas cuatro décadas atrás? Para Monteverde uno de los temas más importantes pero omitido con demasiada frecuencia en las agendas, es la recuperación de los grandes conjuntos de viviendas sociales. En la última sesión, mientras los ediles describían la situación, los vecinos levantaban carteles que son síntesis de años de vivir entre grietas, humedad, hongos, peligro de electrificación, aguas corriendo por las paredes y desprendimientos sobre la cabeza en cualquier momento.
¿Qué paso dio el Concejo a favor de los afectados? Aprobó la suspensión de intimaciones judiciales municipales por deudas impagas de la Tasa General de Inmuebles (TGI) y suspender su pago por un año, a los titulares de las viviendas.
Además, se aprobó un estudio de factibilidad para la construcción de un nuevo complejo habitacional, en un predio que pertenece a la Nación, y que está ubicado frente al Fonavi Cotar. Y se acordó una reunión conjunta con la Secretaría de Vivienda de la Nación, el Servicio Público de Vivienda y Hábitat de la Municipalidad de Rosario y la Comisión de Planeamiento del Concejo, a fin de continuar la búsqueda de una solución.
“Si algo caracterizó a estas vivienda ha sido el abandono total del Estado, pero no sólo sobre el mantenimiento”, dijo la concejala María Fernanda Gigliani (Iniciativa Popular). Y no pasó por alto otra situación que padecen los adjudicatarios: la titularización, la adjudicación dominial, que “reconoce un derecho para los herederos”. Además remarcó la importancia de poner en el centro de la escena el reclamo de los vecinos y celebró “el gesto de justicia” que implican las normas votadas sobre el barrio Cotar.
Los vecinos aplaudieron, levantaron los carteles y bajaron presurosos.
“Cuando el vecino se baña o hace sus necesidades me cae el agua arriba de la mesada donde cocino, por un agujero. El otro día estaba friendo y cayó un cascote dentro de la sartén y me quemé con el aceite que saltó”, comentó al el eslabón, Lorena García. En la vereda el grupo celebró con redoblantes. Un paso, una pequeña movida hacia la dignidad.
Ni un pibe menos
Frente al Concejo, también sonaban redoblantes. Hacia ellos cruzó presuroso el concejal y pastor Eduardo Trasante (Ciudad Futura). A veces la realidad tiene esos diálogos, mientras el frío y la bruma reconfiguraban la tarde, en el Concejo se escuchaba la angustia de los vecinos del Cotar, en el Monumento a la Bandera, las voces se alzaban bajo la consigna “Ni un pibe menos por la droga” y obviamente para reclamar por situaciones anexas a la problemática, como la represión y la narcocriminalidad.
“Hace varios años venimos haciendo esta marcha con la intención de involucrarnos como sociedad civil y pidiendo al Estado un camino de mayor inclusión para muchos jóvenes que quedan fuera del sistema, que se den oportunidades y que haya una política integral que aborde este problema que nos está haciendo perder tantas vidas jóvenes”, dijo el padre Fabián Belay, después de su saludo fraterno con el pastor Trasante.
Según Belay, la muerte alcanza a los jóvenes no sólo con las sobredosis, suicidios y balaceras abultan una estadística tan evitable como dolorosa. “En los barrios más humildes la falta de oportunidades hace que muchos de ellos caigan en el narcomenudeo porque no tienen otras alternativas”.
¿En qué tramo está ese camino de inclusión? ¿Hay acompañamiento para la subjetividad dañada de los pibes? “Hace años que venimos diciendo que muchos de los pibes que terminan muriendo, antes de ese momento, pasaron por el sistema de salud y no fueron acompañados, por el sistema judicial y no se les dio una alternativa, por el sistema educativo y quedaron expulsados, entonces decimos cómo pensar las distintas ramas del Estado que pueden abrazar la vida de estos pibes”, reflexionó el sacerdote.
En ese marco, Belay, responsable de la Pastoral Social sobre Drogadependencia, enumeró: “pedimos al sistema de salud una guardia que atienda en modo específico las crisis, tanto en el ambiente público como privado, no pueden recibir a un pibe en crisis porque los equipos no están preparados”.
“Estamos contentos con los Programas Nueva Oportunidad, Nexo Oportunidad y Hay Equipo, pero no hay una política integral sobre el tema”, sostuvo Belay. Y se interrogó sobre cómo generar instancias de trabajo en los barrios. “Esto es lo que desde varias organizaciones y también desde la Iglesia estamos tratando de llevar adelante, para que en el mismo barrio se haga capacitación, contención psicológica y comunitaria y una opotunidad para salir a trabajar, si esto no sucede, sigue siendo una alternativa más real el delito y la venta”, enfatizó.
“Lo que estamos pidiendo son políticas integrales, hay cosas que venimos pidiendo desde hace años y no hemos sido escuchados”, dijo el sacerdote. Y remarcó la necesidad de contar con un equipo especializado para dar respuesta urgente ante las crisis subjetivas. “Nosotros, las organizaciones que vivimos en el territorio, pedimos que se nos escuche y ser partícipes de las políticas públicas y de colaborar, pero no esto que los programas nos llegan como bajadas a implementar, ese modo de hacer política territorial no existe no va más”, aseguró.
De esa gravitación, también dieron cuenta las Madres Territoriales Contra las Adicciones, un movimiento con alcance nacional que realiza encuentros mensuales en distintos lugares de la zona y el país. El objetivo es visibilizar “los graves problemas que tenemos cuando nuestros hijos contraen esta enfermedad, no hay lugares sanitarios para atenderlos ni públicos ni privados”, explicaron.
Una banda ameniza el encuentro de las organizaciones, las madres y los pibes. “No vamos a permitir que nuestros hijos se mueran” y aseguran que darán batallas e irán contra el sistema por el acceso a la salud, a modo de ejemplo, dicen las madres. Ahora suena una cumbia los pibes bailan y saludan. Enfrente los que piden viviendas ya levantan los redoblantes. La neblina ayuda al frío, cae la tarde en este lugar del mundo y hay una sensación a pequeña victoria.
Otros temas
Los ediles aprobaron un proyecto de Lisandro Zeno (Partido Demócrata Progresista), que crea el Programa Heladera Solidaria, que articula bares, restaurantes y organizaciones sociales, a fin de que se distribuyan los alimentos que no fueron comercializados. Además se aprobó una iniciativa de Ciudad Futura para reforzar la asistencia por violencia de género: “hay ayuda, pero se debe fortalecer, por ejemplo, con atención las 24 horas”, aseguraron.
Promovido por Eduardo Toniolli (Partido Justicialista), se aprobó la preservación de la primera estación de trenes del interior del país. La iniciativa plantea que una vez declinada la opción de prórroga de la actual concesión del complejo Puerto España, que incluye entre otros emprendimientos al restaurante Don Ferro, “el Municipio estudie la posibilidad de combinar el uso gastronómico, que permita absorber al personal actual, con la instalación de un Museo Ferroviario aprobado por Ordenanza en 1996, que nunca fue efectivizado”, indicó Toniolli.
Propuesto por la concejala Norma López, (Frente para la Victoria-PJ), se votó un decreto que encomienda al Ejecutivo que incorpore a su página web un registro de datos estadísticos mensuales, estableciendo un desagregado especial para el caso de víctimas de violencia de género, donde deberán constar: “composición del hogar, vivienda y hábitat, alimentación y nutrición, acceso a bienes y servicios, situación ocupacional, ingresos del hogar, bancarización y acceso al crédito, educación y salud”.
