Organizaciones de derechos humanos repudiaron los dichos del ministro de Seguridad provincial, por “justificar un hecho de violencia institucional”. “La impunidad genera más impunidad”, se quejaron.
La Multisectorial contra la Violencia Institucional (MVI), de la que participan familiares de víctimas de gatillo fácil y diversas organizaciones, expresaron su preocupación por las declaraciones públicas de Pullaro “frente a la represión policial sufrida por Gustavo Benítez, quien resultó gravemente herido el sábado pasado, en un contexto de un operativo de control vehicular en la zona sudoeste de nuestra ciudad y permaneció doce horas detenido”.
“Pullaro defendió públicamente el accionar policial, legitimando de este modo un uso excesivo de la fuerza como forma cotidiana de gestionar conflictos por parte de la policía”, alertaron desde la multisectorial. Y subrayaron: “Nos preocupan las declaraciones del principal responsable político de la policía en el actual contexto político y social, sumado a la grave situación en materia de violencia institucional que atraviesa Rosario y la provincia de Santa Fe, quien tiene la obligación de diseñar e implementar acciones, programas y políticas para detectar, prevenir y sancionar la violencia institucional; lejos de esto avala estas prácticas, generando las condiciones para que estas graves violaciones a los derechos humanos sigan sucediendo”.
A través de un comunicado, la entidad dijo que le “sorprende” que el ministro resalte que en su gestión «a los malos policías» se los “saca” de la fuerza de seguridad “porque el propio funcionario manifestó en audiencia con integrantes de esta Multisectorial que él no tomaría ninguna medida administrativa sobre el personal policial hasta que sean sometidos formalmente al proceso penal y que tampoco avanzaría en los procesos administrativos hasta que no se establezca judicialmente la responsabilidad penal de los policías involucrados en los hechos”.
Desde la Multisectorial agregaron que el propio Pullaro les reconoció que “él no tenía facultades legales para actuar” y además que “no es él el que aplica sanciones administrativas, sino que es una facultad del Jefe de Policía”. Cuestión que para la entidad implica “una clara señal a favor del autogobierno policial”.
“Exigimos una investigación eficaz, pronta e imparcial por parte de la fiscal Karina Bartocci, encargada de la Oficina Fiscal de Violencia y Corrupción Policial y hacemos responsable al Ministro de Seguridad y al Ministerio Público de la Acusación por la seguridad e integridad física de Gustavo Benítez y su familia”, reclamó por último la multisectorial.
Otras organizaciones de derechos humanos de la ciudad, como la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Familiares de desaparecidos, Hijos, también repudiaron los dichos de Pullaro. Junto al espacio Juicio y Castigo, que comparten con un amplio abanico de organizaciones sociales, gremiales y políticas, plantearon que la palabras del ministro provincial “operan como un estímulo a los casos de violencia institucional que lamentablemente venimos denunciando en nuestra provincia, en la que los casos de gatillo fácil y apremios ilegales se repiten uno tras otro”.
“También señalamos, con profunda preocupación, el silencio del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia, que funciona como un aval a esta justificación de los abusos policiales y desautorización del poder judicial que emana de los dichos de Pullaro”, indicaron desde Juicio y Castigo.
Las organizaciones de derechos humanos consideraron que el Ministro de Seguridad se puso “en sintonía con la línea “manodurista” que impone su par nacional, Patricia Bullrich, que no sólo aplaude los hechos represivos, sino que asciende a los agentes involucrados, como pasó en los casos de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel”.
“La impunidad sólo genera más impunidad señor Ministro. Donde hay un caso de violencia institucional, lo que debe hacer el Estado y su cartera, es mover todos los resortes institucionales a su alcance para que el hecho se investigue y la Justicia pueda actuar en consecuencia, y para que los agentes involucrados sean sancionados. Ese es el mensaje que deben bajar las autoridades si lo que quieren es respetar la Constitución Nacional, los tratados internacionales de Derechos Humanos, y evitar que esa práctica se extienda cada vez más, y no promocionarla”, concluyeron los organismos.
