El bloque de diputados provinciales Frente Justicialista para la Victoria (FJV) pidió al Ejecutivo que brinde mayor información respecto de la Autopista Rosario-Santa Fe, a casi dos años de la rescisión del contrato.
Así lo plantearon, en la última sesión, los diputados Héctor Cavallero, Silvia Simoncini, Roberto Mirabella, Patricia Chialvo y Germán Bacarella, que integran la bancada del FJV, acerca de “todo aquello que fue tenido en cuenta para la firma del decreto 90/18 que publicó el gobernador Miguel Lifschitz con fecha 1º de febrero, donde ratifica la rescisión absoluta sin culpa de ambas partes, la Provincia y Arssa, del contrato de concesión de la autopista Rosario-Santa Fe».
La documentación requerida incluye el monto adeudado por la UTE concesionaria al Estado provincial concedente en virtud de obras de pavimentación que debía realizar y no realizó, a la fecha de extinción del contrato.
En relación con los incumplimientos de plazos de pago de parte de la Provincia hacia el concesionario por obras complementarias realizadas, alegados en los considerandos del decreto 90/2018, los legisladores piden un detalle de los mismos, indicando monto, concepto, fecha en que debía realizarse el pago y fecha en la que efectivamente se concretó.
Al mismo tiempo, los diputados quieren saber “si la Provincia adeudaba a la fecha de extinción del contrato sumas de dinero a la concesionaria por pago de obras complementarias, y en caso afirmativo, indicar monto” y, además, “cuáles son las diferencias entre el estado estructural del pavimento real frente a la información suministrada en el proceso licitatorio, a las que hace referencia el Ing. Gueydan, y si las mismas han sido constatadas, relevadas y cuantificadas”.
También se reclama que el Ejecutivo informe “cuáles son las variables macroeconómicas consideradas como de entidad suficiente para tener por extinguido el contrato sin culpa de partes, a las que se alude en los considerandos del decreto 90/2018, detallando el cálculo de su incidencia concreta sobre las acreencias recíprocas de las partes” y “cuáles son los importes de las acreencias y deudas mutuas de las partes a la fecha de extinción del contrato de concesión”.
Por último, solicitan “el detalle del cálculo (cuantificación y homogeneización en el tiempo) efectuado por el Ing. Gueydan de los valores correspondientes a las obligaciones del concedente y concesionario, por el cual concluyó que el balance se presenta equilibrado”.
Para el diputado del Partido Progreso Social (PPS), Héctor Cavallero “los fundamentos del Decreto 90/2018 terminan siendo tan inconsistentes como el Decreto inicial (5194/16) sometido a revisión, y el único beneficiario del caso fueron la UTE y sus integrantes quienes ven perdonados sus incumplimientos”.
El Tigre agregó: “Tenemos entonces la necesidad de que se nos informe con claridad y números concretos, cuales son las acreencias y deudas que supuestamente en forma recíproca tienen la UTE concesionaria y el Estado provincial concedente, y cuál es el cálculo por el cual el Poder Ejecutivo llega a la conclusión de que las mismas se encuentran compensadas o «equilibradas», ya que de los antecedentes del caso no nos resulta posible coincidir en tal apreciación”.
