La Asamblea de Madres y Padres de Secundarios de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) expresó este lunes su “firme defensa de la educación pública y gratuita como un derecho humano inalienable”. “Una educación pública de calidad sólo puede sostenerse con salarios dignos”, plantearon.
En medio de operaciones de comunicación y polémicas agitadas por algunos sectores que apuntaron a deslegitimar el largo conflicto gremial sostenido por los docentes universitarios, en reclamo de sueldos acordes con la inflación y en defensa del presupuesto educativo, la entidad que nuclea a padres y madres de estudiantes del Politécnico y el Superior de Comercio salió a bancar “el derecho a huelga, con la convicción de que una educación pública de calidad sólo puede sostenerse con salarios dignos”.
“Por supuesto que, como familias, anhelamos que nuestros hijos e hijas avancen en sus programas de estudio e incorporen conocimientos. Pero entendemos que la presencia en las aulas no puede ocurrir a cualquier precio”, señalaron desde la Asamblea de padres y Madres. Y agregaron: “La presencia en las aulas sólo se garantiza con inversión, presupuesto, condiciones edilicias seguras, laboratorios y talleres equipados, y salarios dignos”.
“Manifestamos nuestro rechazo al recorte de partidas presupuestarias de educación, ciencia, tecnología e infancia para ser destinadas a fuerzas de seguridad, tal como se anunció en el boletín oficial del lunes pasado”, también señala el comunicado que a continuación se publica completo.
Comunicado
En un contexto nacional de recortes presupuestarios, una inflación proyectada en más del 40 % y políticas que amenazan con desmantelar el sistema educativo, desde la Asamblea de Madres y Padres de Secundarios de la UNR manifestamos nuestra firme defensa de la educación pública y gratuita como un derecho humano inalienable. Ante la crisis de financiamiento que arroja a la educación a un futuro incierto, rechazamos cualquier intento de privatización o iniciativa arancelaria que tiendan a convertirla en un bien de mercado.
La educación no es un servicio. Es un derecho conquistado y refrendado por décadas de tradición y que debe ser garantizado por el Estado. Por esto, hemos acompañado el reclamo salarial de los docentes universitarios. Una lucha que recibió un respaldo multitudinario en la marcha del 29 de agosto en Rosario. Como padres y madres de estudiantes secundarios, allí estuvimos. Defendiendo el derecho a huelga, con la convicción de que una educación pública de calidad sólo puede sostenerse con salarios dignos. Creemos que, en una sociedad democrática, no debe limitarse nuestra libertad de expresarnos: apoyar el legítimo reclamo de mejoras salariales y presupuestarias no es desestabilizar a un gobierno.
Las aulas, mientras tanto, no estuvieron vacías. Cientos de chicas y chicos participaron en las tomas pacíficas de sus escuelas en defensa de la educación pública, resueltas en asambleas de estudiantes de un desempeño cívico ejemplar. Rescatamos el invaluable aprendizaje que significó esa experiencia colectiva de formación ciudadana y ejercicio pleno de la democracia.
Por supuesto que, como familias, anhelamos que nuestros hijos e hijas avancen en sus programas de estudio e incorporen conocimientos. Pero entendemos que la presencia en las aulas no puede ocurrir a cualquier precio. La presencia en las aulas sólo se garantiza con inversión, presupuesto, condiciones edilicias seguras, laboratorios y talleres equipados, y salarios dignos. Creemos, además, que una educación integral, inclusiva y de calidad –la formación, en suma, de ciudadanos libres y con sentido crítico– no puede reducirse a la simple asimilación de contenidos disciplinares.
Nos inquieta, en este escenario, el atraso en la homologación de los títulos con que egresan los alumnos del Instituto Politécnico, que se encuentran en trámite de aprobación a nivel nacional desde hace dos años. Una situación irregular que genera incertidumbre y ha causado complicaciones administrativas a jóvenes que siguen sus estudios a un nivel superior.
Es en este marco que manifestamos nuestro rechazo al recorte de partidas presupuestarias de educación, ciencia, tecnología e infancia para ser destinadas a fuerzas de seguridad, tal como se anunció en el boletín oficial del lunes pasado. Dos días después, nos informamos con preocupación del fracaso, debido a la ausencia del oficialismo que impidió el quorum, de una sesión especial en la Cámara de Diputados de la Nación que se disponía a tratar la emergencia educativa.
Asimismo, repudiamos el secuestro y la tortura a una maestra por trabajar en ollas populares en la escuela 801 de Moreno, sin clases desde la muerte de una vicedirectora y un portero en una explosión de gas. En este contexto económico, el atentado reviste una gravedad institucional alarmante. Porque vulnera legítimos derechos garantizados por la Constitución Nacional y nos hace retroceder cuarenta años como sociedad democrática, reflotando prácticas de una de las épocas más dolorosas que ha atravesado nuestro país.
Apelamos a que los ciudadanos que no desean resignar las libertades y garantías conquistadas nos acompañen en el enérgico rechazo de estos procedimientos mafiosos y en la defensa de la educación como un bien público, que nos ofrece el encuentro con los otros, nos iguala y nos hace libres.
