El macrismo logró que desaparezca la línea que separa a la selva del Estado de derecho. Tal vez la pesada herencia que deje este régimen no sea el colapso de la economía sino un país en el cual el desamparo absoluto sea la norma y no la excepción.
El desamparo como norma. La indefensión como estado permanente de las cosas. Un mundo inseguro esculpido por quienes llegaron al poder de la mano de consignas que prometían restaurar la seguridad perdida por el desinterés del “populismo” en la materia.
El macrismo funge entonces como un dispositivo que le niega la justicia social a los más vulnerables, la justicia previsional a los jubilados, la justicia laboral a los trabajadores, y la Justicia, así, en mayúsculas, a casi toda la ciudadanía, que desde los primeros días de diciembre de 2015 vive en riesgo penal.
Al arrebatarles toda expectativa de vida a las/os viejas/os, negándoles incluso el acceso a sus medicinas, al dejar sin pan a los hambrientos, sin amparo a los laburantes, sin tribunales a los sedientos de Justicia, Mauricio Macri se ha colocado en el lugar asignado a los enemigos del Pueblo.
Sin embargo, desde la cima de ese Estado despótico, Cambiemos exige que le garanticen la gobernabilidad, y hay fuerzas políticas dispuestas a otorgar –una vez más– esas garantías.
No importa que con el voto a favor del pago a los fondos buitre, que conllevó cortar el nudo que el anterior gobierno ató para evitar un nuevo endeudamiento fraudulento como el actual, haya sido la condición sine qua non del miserable destino que le espera a millones de argentinas y argentinos.
A nadie de quienes votaron la reforma previsional atada al blanqueo de los millonarios facinerosos amigos de Macri parece pesarle el lamento de los más viejos, que ya no saben cómo hacer para comer, pagar las tarifas y tomar sus remedios, y deben elegir qué dejan de lado.
Esas fuerzas políticas, sus dirigentes, legisladores, referentes, no se hacen cargo de otra cosa que de “la responsabilidad institucional”, como si la misma no condenara al hambre, la marginación o la muerte misma a millones de personas. Nunca ponderan que la responsabilidad institucional principal de la política debe estar atada a promover el bienestar de las mayorías, y no a garantizar la renta de la parte más parasitaria de la sociedad.
¿A quiénes representan Sergio Massa, Diego Bossio, Miguel Pichetto, sólo para citar ejemplos de políticos que “acompañan” con sus decisiones o votos el dispositivo a través del cual este régimen transfiere día a día recursos de los más débiles a las faquitreras de los más indecentes de los poderosos?
¿Por qué no prosperan las numerosas presentaciones ante los tribunales de referentes opositores que denuncian este saqueo sistemático y sus derivaciones delincuenciales?
Pues bien. El macrismo logró que desaparezca la línea que separa a la selva del Estado de derecho, y se sabe quiénes ganan o se favorecen cuando imperan las normas de la jungla, y también quiénes pierden.
Palabras en el aire
La obscenidad con que se exponen determinadas prácticas, el nivel de desparpajo con que se ponen en valor –en público, en los medios– opiniones, interpretaciones y definiciones respecto del funcionamiento de lo que se denomina “la Justicia”, no puede menos que aterrorizar al segmento de la sociedad que aún pretende que exista un mínimo de garantías que lo protejan.
Vale la pena repasar, entonces, hacer un punteo de esas expresiones, que en boca de algunos sujetos clave del dispositivo de poder permiten entender que esos dichos encierran, en realidad, conceptos y hechos que se encuentran absolutamente alejados de toda justicia, de cualquier posibilidad de establecer la igualdad ante la ley, y peor aún: la extrema posibilidad de manipulación de los procedimientos, la interpretación amañada de la jurisprudencia y el soslayo mafioso de las propias normativas surgidas del Congreso de la Nación.
Como es en ese marco en el que mejor se desenvuelve el macrismo explícito, y es con este contexto con el que la sociedad lidia todos los días, vale también sopesar que en ese barro de iniquidad también se mueven y danzan la política, la economía, los medios de comunicación hegemónicos.
Las vidas de millones de mujeres y hombres que no pueden obtener garantías en torno de su propia libertad, su derecho a la vida y, aunque parezca una exageración, el derecho a la alimentación, chapotean a diario en ese lodazal.
Así es imposible vivir sin estar en permanente riesgo. Dicho de otro modo: nadie merece vivir así, y los responsables de este statu quo son quienes gobiernan desde el 10 de diciembre de 2015, asociados al Partido Judicial de Comodoro Py y al dispositivo mediático hegemónico que lidera el Grupo Clarín.
Los siguientes textuales echan luz sobre el estado de cosas que impera en la “Justicia” argentina por estos días:
- «Él contó ciertas cosas que pidió que no se pusieran en el acta y no me gustaría ser yo quién las diga». Confesión del fiscal Carlos Stornelli, el lunes 17 de septiembre. en el programa Desde el llano, que conduce Joaquín Morales Solá en TN, al referirse a su omisión de hacer constar en acta y escribir parte de la declaración del ex secretario de Obras Pública José López en la causa de las fotocopias de los presuntos cuadernos del chofer Oscar Centeno.
A Stornelli lo acaban de denunciar por encubrimiento y abuso de autoridad por esa conducta, que se suma a otras, como ya se verá. La denuncia del abogado Leonardo Martinez Herrero recayó en el juzgado a cargo de Sergio Torres.
- “«No hay sortijas para todos». Era viernes al mediodía y la frase del fiscal Carlos Stornelli retumbó fuerte en los oídos de uno de los abogados defensores de Juan Carlos de Goycoechea, ex CEO de Isolux”. Diego Cabot, diario La Nación, 8 de agosto.
- “Los arrepentimientos en serie de estos tres empresarios fueron el producto del consejo de sus abogados pero, sobre todo, de un mensaje que les hizo llegar la fiscalía el primer día en el que fueron trasladados a Comodoro Py, luego de su detención: «No hay muchas, los primeros que la agarran serán bienvenidos, pero no habrá sortijas para todos»”. Diario Tiempo Argentino, 6 de agosto de 2018.
- «El ex secretario de Obras Públicas José López declaró cinco veces ante la Justicia y ya dio cuatro versiones distintas sobre la procedencia del dinero. Ahora se lo atribuyó a CFK, a medida de las expectativas del juzgado en la causa de los cuadernos». El párrafo pertenece a un artículo escrito por los periodistas Irina Hauser y Raúl Kollmann, de Página 12, el pasado lunes 17 de septiembre.
- «Estamos en una situación preocupante. Cuando esto se sedimenta y naturaliza vivimos todos en libertad condicional». «La denuncia la inventó (el juez Claudio) Bonadio. Yo tengo dos denuncias inventadas, la otra es del (juez Marcelo) Martínez de Giorgi. Lo que me preocupa, más allá de la situación personal, es la fragilidad institucional. Hay un callejón en el que si uno no hace lo que el poder quiere, se lo persigue». El encomillado corresponde a dichos del fiscal federal Federico Delgado, denunciado por el jefe de la Agencia Federal de Inteligencia, Gustavo Arribas.
- «Me preocupa que esto sea así: tenés que arrepentirte, confesar algo, e involucrar gente. Si decís que sos inocente quedás preso. Hay que ir y confesar, si no quedás preso. ¿Qué querés que haga? ¿Se va a quedar preso un hombre de 74 años que tiene un hijo de 4 años?». «Si no sale en libertad, va a mentir y a involucrar a alguno». Mariano Cúneo Libarona, defensor del empresario Sergio Taselli en la causa de las fotocopias.
- «Vamos a plantear la nulidad de todo el procedimiento y vamos a requerir el juicio político del magistrado, que tantas veces fue apañado por el Poder Ejecutivo. Lo voy a denunciar penalmente». Carlos Beraldi, abogado defensor de la ex presidenta Cristina Kirchner, a propósito del allanamiento ordenado por Claudio Bonadio a los domicilios de la ex mandataria.
- “Estoy en Calafate. Llegué el viernes, no venía desde junio. Cuando vi lo que Bonadio había hecho en mi casa confirmé que no me había equivocado. Se llevaron hasta un rosario, de cuentas de piedra, que tenía colgado con otros más en el espejo de mi cuarto”. Senadora y ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, relatando los destrozos y faltantes que produjo el personal enviado por Bonadio para allanar su domicilio en el sur.
- «El juicio por jurados tiene dificultades ostensibles que han sido ya sobradamente mencionadas por la doctrina, más en sociedades con estructuras mediáticas altamente concentradas, donde no proliferan el debate y el disenso, sino el pensamiento unidimensional y casi siempre direccionado… matar a quien escapa no es (nunca) defenderse. Es matar. Es revancha. Es odio. Y la Justicia está para evitar esto. No para justificarlo«. Guido Croxatto, director del Tribunal Experimental en Derechos Humanos Rodolfo Ortega Peña (UNLa), opinando sobre el fallo que exculpó al carnicero que atropelló y mató a quien le había robado.
- «El arrepentido es un delincuente que negocia su impunidad. Cuanto más delincuente es el sujeto, más puede beneficiarse». Eugenio Zaffaroni, ex ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en conversación con Roberto Navarro en AM 530, el 18 de septiembre último.
El corazón del Lawfare
En un artículo titulado “La industria del arrepentido, el corazón del Lawfare”, que publicó el Diario de Vallarta y reproduce la cadena Telesur, el periodista e investigador argentino Claudio Fabián Guevara, miembro del equipo editorial de European Scientific Journal, escribió, en torno de la causa de las fotocopias de los cuadernos rostizados: “La causa es débil desde el principio: el chofer (Oscar) Centeno tiene antecedentes penales, fue denunciado por su propia esposa como extorsionador, y su credibilidad sería escasa para cualquier tribunal imparcial”.
Más adelante señaló: “Ante esta extorsión organizada, que es seguida por los flashes de los fotógrafos y las cámaras de TV, se produce una lluvia de «arrepentidos que confiesan», aunque sin autoincriminarse. En una investigación judicial seria es clave que se determine la correspondencia de esas confesiones con datos probatorios”.
Para cerrar, el periodista subrayó: “La mayoría de estos casos de «combate a la corrupción» –el encarcelamiento del ex vicepresidente argentino Amado Boudou, de la dirigente social Milagro Sala y otros muchos ejemplos– no resistirían la prueba de un tribunal imparcial que analizara las pruebas contemplando las garantías que siglos de evolución del Derecho han consagrado como regla”.
No es que no se haya dicho lo suficiente, pero la mirada de Guevara, desde fuera de la coyuntura política nacional, intoxicada por títulos mentirosos, presuntas confesiones que no pueden corroborarse en los respectivos expedientes, y otros desquicios por el estilo, tiene otro valor: el del azoramiento de quienes no pueden creer lo que está pasando en la Argentina.
El nuevo procesamiento de Cristina Fernández de Kirchner a manos del juez federal Claudio Bonadio el lunes pasado, renovando por cuarta vez su consideración de la ex mandataria como «jefa de una asociación ilícita”, habla a las claras del intento de tapar el desastre económico con las idas de CFK a Comodoro Py a declarar, los debates berretas acerca del desafuero, y la ofensiva troll en las redes sociales de quienes quieren ver “a la Yegua presa”.
El fin de semana anterior al procesamiento fue ostensible que Bonadio filtró la declaración de José López, en la que cambió por cuarta vez su declaración respecto de la posesión de los 9 millones de dólares con que fue apresado, esta vez diciendo –según los diarios Clarín y La Nación–, que eran de CFK.
Sin embargo, en el expediente el ex secretario de Obras Públicas no dijo eso, sino que “siempre creyó que (el dinero) era de Cristina”.
Con apenas esa declaración, sin otra prueba que las acusaciones que surgen de las fotocopias, los testimonios de empresarios que se acogieron a la figura del arrepentido, Bonadio entiende que Cristina Kirchner es la «jefa» de una asociación ilícita en la causa por supuestos pagos de coimas de esos empresarios a ex funcionarios por la obra pública durante su mandato.
Clarín nunca se priva de algo cuando puede enlodar a la ex presidenta, y el 14 de septiembre publicó lo que presuntamente había declarado el financista Ernesto Clarens como “imputado arrepentido”.
El diario de Héctor Magnetto informó: “Clarín accedió a la declaración completa del financista K, un hombre investigado hace diez años en más de un expediente judicial, y que admitió haber sido parte de una «organización delictiva» que se dedicó a la recaudación de «pagos ilegales»”.
Pero Clarín siempre sube la apuesta, y la escriba Lucía Salinas describió otro tramo de la declaración de Clarens: «Esta recaudación de 30 millones de dólares, la efectuaba para José López, se la entregaba a López en el domicilio cerca del Faena. Según López él preparaba el listado del pago de Vialidad con Cristina, siendo que ella estaba al tanto de quiénes cobraban primero».
Pues bien, Beraldi, el abogado de CFK antes mencionado, reveló que Clarens en realidad declaró lo siguiente: «Resulta una hipótesis falaz que se me atribuya haber intervenido en el manejo de fondos de terceros involucrados en los hechos, en particular Néstor Kirchner, Cristina Kirchner y/o Daniel Muñoz».
Así, con ese nivel de distorsión entre lo que figura en una causa y lo que publican los grandes medios, con la inconmensurable impunidad con que un ejército de periodistas, opinadores y panelistas dan por ciertas versiones mentirosas de lo que los “arrepentidos” dicen haber hecho para “enriquecer” a Néstor y Cristina Kirchner, suponer que alguien está a salvo de ese dispositivo es poco menos que suicida.
En este marco, con este escenario montado para que “no vuelvan más en la puta vida”, como dicen los hashtags de los trolls y los fans macristas del núcleo duro en las redes sociales, casi toda la sociedad está en peligro.
