Argentina es el país sudamericano que registra “el mayor aumento de los servicios públicos sobre el salario mínimo en los últimos tres años”, según un estudio realizado por la Universidad de Avellaneda (Undav).
De acuerdo con el estudio, elaborado por la alta casa de estudios, desde 2015 se pasó de una incidencia muy baja del costo tarifario, cercana al 6 por ciento del salario, a una del 23,5.
Gracias a la política energética del gobierno de Mauricio Macri, el país profundizó el impacto de las facturas de los servicios públicos en el bolsillo de la clase trabajadora.
La Undav señaló que con la liberación de las tarifas, se registró una «notable transferencia de recursos», y el supuesto ahorro que posibilitó la supresión de los subsidios en las tarifas, fue más que compensado por la merma de otros recursos, tales como menores ingresos por baja de retenciones a las exportaciones, a la minería y a las grandes empresas, producto de la reforma impositiva sancionada a fines de 2017.
Cabe recordar que ante la propuesta del gobierno nacional de compensar con un aporte millonario a las empresas energéticas, producto del efecto de la suba del dólar, que primero quiso hacer pagar en cuotas a los usuarios y que ahora saldrían de las arcas del estado, no representa precisamente un ahorro para las cuentas oficiales.
El informe, añade que que desde inicios de 2016 se aplicaron incrementos acumulados promedio del 2.057 por ciento en gas natural, de 1491 en energía eléctrica y de casi un 1.000 en el servicio de agua potable, según publica este miércoles el diario Popular.
En tanto que en materia de transporte, en el estudio se destacaron los ajustes del 677 por ciento en peajes, 375 en el boleto del tren, 332 en colectivos de corta distancia y un 177 en subtes, para el acumulado trianual.
La Undav explicó que al estudiar la evolución del peso de los principales servicios públicos (energía eléctrica, gas de red y agua potable) sobre el salario mínimo, se encuentra un incremento acumulado de 17,2 puntos porcentuales en los últimos tres años, subrayó el artículo.
Fuentes: Undav/Popular/NA/RR
