Los homicidios cometidos en Santa Fe suman 73 y fueron 166 en Rosario, hasta el 27 de noviembre de 2018 (cifras de las ciudades no de los departamentos).

Los números son recursos escasos para sintetizar la historia de cada vida perdida.

Pero son las cifras las que también marcan el rumbo de las políticas de seguridad, tanto a nivel provincial como nacional.

Durante 2018, el Ministerio de Seguridad ocupó el segundo lugar en el presupuesto santafesino entre las carteras provinciales.

Tuvo asignadas partidas por 18.182.410.000, nada menos que el 9,50 por ciento.

En 2019 seguirá siendo el segundo ministerio detrás de los números de Educación y sumará 24.615.130.000 y que representará el 8,88 por ciento. Más dinero en lo concreto y menos porcentaje en el total. Una marca de la ley de leyes del gobierno de Miguel Lifschitz.

Una de las partidas está destinada a la “Prevención de actividades ilegales del personal policial”.

En 2018 fueron 7.234.000 pesos, lo que representaba el 0.037 por ciento del presupuesto total.

En 2019, el dinero dispuesto para combatir la corrupción policial sumará 9.619.000 pesos, 0,034 por ciento del total.

Este número es importante porque al mismo tiempo que expresa una cifra anoréxica, la contrapartida de esa ínfima inversión parece tener un resultado concreto en las prácticas habituales de los integrantes policiales.

Según cifras actuales del Ministerio Público de la Acusación, a través de la Unidad Fiscal Especial de Violencia y Corrupción Institucional número 231, hubo 5.525 denuncias contra funcionarios y funcionarias policiales desde mayo de 2015.

Los tres hechos más denunciados son incumplimiento de los deberes de funcionario público (38,39 por ciento), apremios ilegales (26,70 por ciento) y amenazas (7,35 por ciento).

Además el presupuesto 2019 destina 17.171.540.000 pesos a la “seguridad personal y bienes”. Una suma muy grande.

Estas cifras del presupuesto 2019 en seguridad y los números de homicidios, por un lado, y de casos de denuncias de corrupción policiales, por otro, demuestran que una de las causas de la inseguridad en las principales ciudades de la provincia son los nichos de funcionarios y funcionarios que no cumplen con la ley.

Si muchas y muchos de los que manejan las calles de las principales ciudades de la provincia hacen las cosas más, difícilmente se construirá la necesaria seguridad democrática que exige el pueblo santafesino.

*Diputado provincial del Frente Social y Popular y periodista

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