El diputado provincial Carlos Del Frade presentó un proyecto que beneficia a trabajadoras sexuales, personas travestis y trans que hayan sido víctimas de los edictos policiales hasta abril de 2010.
El legislador del Frente Social y Popular presentó este lunes por la mañana el proyecto de ley de Reparación Histórica para Víctimas de Violencia Institucional por motivos de trabajo sexual y/o identidad de género. Del Frade estuvo acompañado por Georgina Orellano, secretaria general de la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina (AMMAR) y referentes de distintos espacios de mujeres, estudiantiles y feministas. Todas las presentes coincidieron: este proyecto de ley va más allá de las posiciones respecto al trabajo sexual, sino que es, ante todo, lograr que el Estado “se haga cargo” y brindar una herramienta efectiva y concreta hoy y ahora.
El proyecto que se presentó el pasado 29 de noviembre pero hoy se encontró con la prensa fue el eje de una mañana en la que circuló el mate, los bizcochos y la complicidad. La mesa para una conferencia se transformó en un espacio de respeto y escucha a testimonios sobre las torturas, vejaciones y violencias que el Estado ejerció sobre trabajadoras sexuales y personas trans/travestis hasta 2010, cuando se derogaron los artículos del Código de Faltas que penaban la “prostitución escandalosa y callejera”, “la ofensa al pudor” y el travestismo.
Tal como recuerdan los fundamentos del proyecto de ley, los artículos 83, 87 y 93 del Código de Faltas “estaban basados en criterios subjetivos e indefinidos, que dejaban en manos de la policía la libertad y la seguridad de las trabajadoras sexuales y trans, que a su vez se anclaban en la discriminación, la violencia física, simbólica, psicológica y en muchos casos hasta la tortura y la violación, todos abusos generados por parte de la policía santafesina y la Justicia”. La ideóloga de la derogación de esos tres artículos fue Sandra Cabrera, secretaria general de Ammar hasta 2004, cuando fue asesinada de un balazo en el pecho tras reiteradas amenazas.
Una herramienta de transformación
Miriam tiene 55 años y cinco hijos y se presenta como las viejas, las que trabajaron en la época de Sandra Cabrera. Este lunes llegó con un borrador, un par de nombres que juntó con sólo preguntar un poco: 21 compañeras e historias que serían beneficiadas con la aprobación la reparación histórica. Miriam contó este lunes, entre lágrimas y con la voz quebrada, cómo olía la alcaidía y cómo olían las comisarías, “ese olor a humedad queda, no se va”, dijo y contó también cómo era trabajar en la calle en esa época, qué pasaba en los calabozos, cómo corrían las compañeras cuando llegaban los autos de moralidad. “Sólo se les pasaba una cosa por la cabeza: con quién se iban a quedar sus hijos esos diez, quince días presas”, explicó. Y reveló la fórmula que nunca falla: “Siempre nos cuidamos entre nosotras”.
El proyecto de ley rescata que la reparación es necesaria, indiscutible, si se tiene en cuenta que en cada una de esas detenciones arbitrarias y violentas se les impedía continuar con su actividad y de esta forma se les anulaba el ingreso económico, que en la mayoría de los casos, representaba el único del hogar, siendo ellas responsables de la manutención de sus hijos e hijas. Muchas de esas detenciones quedaron archivas y el estigma impidió e impide todavía que muchas personas accedan al trabajo formal. Por eso también las leyes y ordenanzas de Cupo Laboral Trans ofician de reparadores históricos frente a la violencia y discriminación ejercidas por cada uno de los niveles del Estado.
“Recorrimos un largo camino tejiendo este proyecto de ley, sabiendo que es un hecho político visibilizar lo que no se dice y lo que se tapa. Hay que decirlo con todas las letras: se ejerció violencia institucional y necesita reparación”, remarcó este lunes Majo Gerez, referente de Ni Una Menos, de Mala Junta y también asesora del diputado Del Frade.
Para Georgina Orellano, la reparación es fundamental más allá del debate sobre si la prostitución es o no un trabajo. “Es necesaria la reparación y entender que el Estado cumplió un rol de vulneración de derechos de personas que han ejercido el trabajo sexual. El estado las violentó, generó medidas como los edictos policiales (que siguen vigentes en 17 provincias) y aún hoy, viviendo en democracia, todavía hay hostigamiento a las compañeras”. Orellano sumó: “Un proyecto de ley como este demuestra que son necesarias alternativas y políticas concretas que sean herramientas de transformación de vida, hoy y ahora”.
El diputado por el Frente Social y Popular, Carlos del Frade, resaltó la deuda de la democracia con las trabajadoras sexuales y las personas trans. “Recién ahora empezamos a discutir esas violencias. Tenemos una democracia chueca, que avanza de a poco”, sostuvo. Y agregó: “La reparación es un acto de justicia en materia de derechos humanos y laborales, y que claramente tiene que ver con esta generación tan sensible de trabajadoras y por este gran movimiento feminista que pelea por una igualdad que aún no tenemos. Esta valentía merece que estemos al menos un cachito en el acompañamiento de la lucha por una igualdad tan esperada y tan lejana hoy tanto en Rosario como en Santa Fe”.
Los principales puntos del Régimen Reparatorio para Víctimas de Violencia Institucional por Motivos de trabajo sexual y/o identidad de género:
- La ley tiene como objeto la reparación histórica para que ellas personas privadas de su libertad por aplicación de las contravenciones previstas en los artículos 83, 87 y 93 del Código de Faltas de la Provincia de Santa Fe, derogados en junio de 2010.
- Se contempla otorgar una pensión mensual no contributiva, con carácter vitalicio, equivalente a la suma de dos veces el haber mínimo de pensión vigente en la provincia de Santa Fe.
- Las personas beneficiarias y su grupo familiar primario gozarán de prioridad para la asistencia médica a través de la cobertura médico asistencial integral que brinda IAPOS que será sin aportes personales ni al sistema solidario.
- La solicitud del beneficio se hará ante la Subsecretaría de Género de la provincia. En caso de que la persona solicitante no aprote materiales probatorios suficientes, corresponderá a la autoridad de aplicación la producción de prueba adicional de oficio. Toda negativa al otorgamiento del beneficio deberá estar basada en una justificación objetiva y razonable con carácter no discriminatorio.
- La pensión es de carácter independiente de cualquier otra reparación que hubiere lugar para toda persona comprendida por el objeto de la presente ley, sin perjuicio de la indemnización que a cualquier persona afectada correspondiere por daño moral, físico y/o psicológico a consecuencia de la tortura institucionalizada y la reclusión prolongada y vejatoria a la que haya sido sometida.
- El beneficio será compatible con toda prestación contributiva o no contributiva de cualquier jurisdicción que pudiera estar percibiendo el/la solicitante.
