La ministra de Seguridad Patricia Bullrich fue denunciada este martes por abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público. La presentación la realizó el ex juez federal de La Plata Carlos Rozansky.
El ex magistrado, en su denuncia, consideró que la funcionaria, al autorizar el Reglamento General para el uso de armas de fuego, incurrió en los delitos de “abuso de autoridad” y “violación de los deberes de funcionario público”.
Precisamente, al conocerse la publicación en el Boletín Oficial de la aprobación del Reglamento General que permite a las fuerzas de seguridad utilizar un arma de fuego ante “peligros inminentes”, comenzaron a llover las críticas.
Sin embargo, la de Rozansky es la primera denuncia penal contra la ministra de Seguridad, quien antes había defendido la medida: “Establecimos una normativa objetiva que le va a permitir a las fuerzas de seguridad proteger a la gente y no estar pensando que si toman la decisión que tienen que tomar, van a terminar procesadas o encarceladas”.
Asimismo, la funcionaria agregó, muy suelta de cuerpo: “El delincuente tenía que tirar y recién después lo podía hacer un efectivo de seguridad. Esto claramente lo ponía en inferioridad de condiciones. Acá hubo una doctrina en la que las fuerzas de seguridad sólo tenían que esperar que el delincuente tire primero”.
Los argumentos de la denuncia
En su presentación, Rozansky sostiene que con el nuevo reglamento “se está consagrando la aplicación de la pena de muerte sin juicio previo por parte de los integrantes de las fuerzas federales de seguridad”.
En ese sentido, el ex juez agregó: «Ello en un país que hace largos años desterró dicha pena de su legislación y se comprometió a no volverla a establecer conforme a las disposiciones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y a no privar a nadie de la vida arbitrariamente (conforme al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos)”.
Rozansky interpretó que la nueva disposición “intenta legitimar” lo que en la dictadura se llevaba adelante como “ley de fugas”. En otras palabras, “la ejecución extrajudicial de personas, muestra acabada de barbarie asesina”.
Para concluir las consideraciones argumentales de su presentación, el ex magistrado sostuvo que “autorizar a las fuerzas a efectuar disparos de armas de fuego a quien ha cesado de causar una agresión e intenta huir, es autorizarlas a ejecutarlo extrajudicialmente”.
El escrito plantea un reclamo: “Solicitamos a V.S. que como medida cautelar suspenda la aplicación de la misma, hasta que haya recaído sentencia definitiva en la causa”.
En el último párrafo se lee: “Por lo expuesto de V.S. solicitamos que, previo requerimiento fiscal, instruya la presente causa, dicte medida cautelar suspendiendo la aplicación de la Resolución 2018-956-APN-MSG, cite a prestar declaración indagatoria a la Ministra de Seguridad Patricia Bullrich, y declare la inconstitucionalidad de la citada Resolución”.
