“Millones de mujeres y personas gestantes seguimos exigiendo el derecho humano fundamental a ejercer nuestra autonomía”, señalaron desde la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.
La declaración fue enviada a la prensa en el marco de Día de los Derechos Humanos. “Hace 70 años, la Asamblea General de las Naciones Unidas consagró la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en la que se consigna que los derechos humanos son fundamentales, inalienables e inherentes a todas las personas, sin importar etnia, color, religión, sexo, género, idioma, opiniones políticas o de otra índole, origen nacional o social, propiedades, lugar de nacimiento, ni ninguna otra condición”, recordaron desde la Campaña.
La organización, que nuclea a referentes de la lucha por el derecho al aborto legal seguro y gratuito señaló en su documento que aquella declaración de la ONU “constituye nuestra bandera universal hacia la equidad, la libertad, la justicia, la no discriminación y la dignidad de toda la sociedad, para el desarrollo libre y autónomo de las mujeres, lesbianas, bisexuales, trans, travestis y maricas”.
“Este 10 de diciembre, desde la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito volvemos a manifestar que los derechos sexuales y reproductivos son derechos humanos”, remarcaron desde la campaña. “En virtud de ello, nuestro país debe legalizar la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) para cumplir con los estándares internacionales y la adecuación de normas que el compromiso con pactos y convenciones internacionales exige”, añade el texto que a continuación se reproduce completo.
Declaración de la Campaña Nacional por el Derecho al aborto legal, seguro y gratuito con motivo del Día de los Derechos Humanos.
Millones de mujeres y personas gestantes seguimos exigiendo el derecho humano fundamental a ejercer nuestra autonomía: ¡aborto legal, seguro y gratuito ya!
Hace 70 años, la Asamblea General de las Naciones Unidas consagró la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en la que se consigna que los derechos humanos son fundamentales, inalienables e inherentes a todas las personas, sin importar etnia, color, religión, sexo, género, idioma, opiniones políticas o de otra índole, origen nacional o social, propiedades, lugar de nacimiento, ni ninguna otra condición.
Esta Declaración constituye nuestra bandera universal hacia la equidad, la libertad, la justicia, la no discriminación y la dignidad de toda la sociedad, para el desarrollo libre y autónomo de las mujeres, lesbianas, bisexuales, trans, travestis y maricas.
Este 10 de diciembre, desde la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito volvemos a manifestar que los derechos sexuales y reproductivos son derechos humanos. En virtud de ello, nuestro país debe legalizar la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) para cumplir con los estándares internacionales y la adecuación de normas que el compromiso con pactos y convenciones internacionales exige.
El 30 de octubre de este año el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas emitió la Observación General N.º 36 sobre el artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, relativo al derecho a la vida. En el artículo 9 referido específicamente al aborto aclara:
Aunque los Estados partes pueden adoptar medidas destinadas a reglamentar la interrupción del embarazo, dichas medidas no deben resultar en la vulneración del derecho a la vida de la mujer embarazada o de sus otros derechos en virtud del Pacto, como la prohibición de los tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
Deben facilitar un acceso seguro al aborto para proteger la vida y la salud de las mujeres embarazadas, y en las situaciones en que llevar a término el embarazo causaría a la mujer graves dolores o sufrimientos. Los Estados partes no deben regular el embarazo ni el aborto de manera contraria a su deber de velar porque las mujeres no tengan que recurrir a abortos peligrosos.
Tampoco deben establecer requisitos excesivamente onerosos o humillantes para las mujeres que deseen someterse a un aborto. La obligación de proteger la vida de las mujeres contra los riesgos para la salud relacionados con los abortos peligrosos exige que los Estados partes garanticen a mujeres y hombres, y en particular a los adolescentes, acceso a información y educación sobre las opciones reproductivas y a toda una serie de métodos anticonceptivos. También deben velar porque las mujeres embarazadas tengan acceso a servicios de atención de la salud adecuados, tanto prenatales como con posterioridad al aborto.
Desde la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito denunciamos el incumplimiento de nuestros derechos: el Estado condena a cientos de mujeres y personas con capacidad de gestar a arriesgar nuestra salud y nuestras vidas en prácticas de abortos clandestinos inseguros, porque, a pesar de ser un país laico, subsume sus responsabilidades políticas a intereses de las jerarquías eclesiásticas católica y evangélica que pretenden obturar el ejercicio de nuestros derechos.
Este año millones de mujeres, lesbianas, bisexuales, trans, travestis y maricas reclamamos en las calles, los trabajos, las plazas, las redes y el Congreso Nacional políticas públicas que garanticen el derecho humano a decidir sobre nuestros cuerpos.
Por ello, y en pos del ejercicio de la autonomía sobre nuestros cuerpos, nuestras identidades y nuestros deseos, exigimos:
· Plena implementación de la Ley de Educación Sexual Integral que contemple una perspectiva de géneros, laica y científica. Una ley que incluya a las personas con discapacidades y las corporalidades disidentes.
· Que se cumpla con el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable y se garantice el acceso libre y gratuito a los métodos anticonceptivos.
· Que todas las provincias adhieran al “Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo” (protocolo ILE) del Ministerio de Salud de la Nación.
· Que en todos los centros de salud y hospitales se garanticen interrupciones legales del embarazo, tal como lo dispone el Código Penal desde 1921.
· ¡Aborto legal ya! porque es una cuestión de justicia social, de salud pública, un derecho humano y una deuda de la democracia.
