Cada vez son más contundentes las pruebas para inculpar al primer ministro y a su esposa por cargos de soborno, fraude, abuso de confianza y “compra” de periodistas.
La Fiscalía israelí recomendó que el primer ministro de ese país, Benjamín Netanyahu, sea acusado formalmente de soborno en dos de los tres casos que investiga, informó el 19 de diciembre el Canal 10 de Israel.
Acorralado por las acusaciones de corrupción, con la coalición de partidos que lo apoya en crisis y la oposición exigiéndole la renuncia, finalmente Netanyahu debió adelantar las elecciones, que se celebrarán el 9 de abril.
La crisis de la coalición gobernante llegó a su punto máximo la semana pasada, cuando no alcanzó los votos necesarios para aprobar una polémica ley que permitía el reclutamiento al servicio militar de personas de creencias ultra ortodoxas.
Pero los problemas para el gobierno habían empezado antes, en noviembre, cuando Avigdor Lieberman renunció como ministro de Defensa al considerar que la respuesta a los ataques con cohetes desde Gaza era “demasiado débil”.
No fue más que una excusa para detonar una vieja interna que enfrenta al primer ministro con el super-hiper-halcón Lieberman, que considera que las políticas de Netanyahu en Gaza son blandas.
El 11 de noviembre se desató una nueva escalada de violencia entre Israel y la Franja de Gaza que en 48 horas produjo 20 muertos y decenas de heridos.
Todo comenzó con una operación comando israelí, en la que murió un soldado de ese país y siete palestinos. Luego, Hamás respondió con una lluvia de cohetes que produjeron decenas de heridos en Israel. Por su parte, el ejército israelí respondió con bombardeos aéreos y terrestres desde aviones de combate, helicópteros y tanques contra más de veinte objetivos militares de Hamás y de la Yihad Islámica.
Según la versión oficial israelí, “un agente de las IDF (Fuerzas de Defensa de Israel) murió y otro agente resultó herido de levedad durante un intercambio de disparos”. Pero la versión palestina señala que se trató de una operación de las fuerzas especiales israelíes, que habían intentado infiltrarse desde el este de Jan Junis, en el sur del enclave, en un vehículo civil.
Luego de dos días de violencia, y cuando ya se temía una escalada incontrolable, las principales milicias palestinas de Gaza anunciaron el martes una tregua mediada por Egipto, Noruega, Suiza y la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
En principio, el cese del fuego no fue aceptado por el gobierno de Netanyahu, que supeditó los futuros pasos a seguir a lo que suceda sobre el terreno. Después fue aceptado, pero produjo una crisis dentro del gobierno israelí y la renuncia de Lieberman, que no estuvo de acuerdo con la tregua, trató de mentiroso a Netanyahu y consideró insuficiente la respuesta militar contra los ataques de Gaza. En ese momento comenzó a profundizarse la grieta que ya venía de mucho antes y terminó de romperse esta semana.
En medio de esta crisis política de la coalición gobernante, las investigaciones por corrupción, que también vienen de lejos, cobraron un nuevo impulso en diciembre.
El fiscal Shai Nitzan aseguró que están completando un sumario de 800 páginas en el que recomendarán al Fiscal General, Avichai Mandelblit, formalizar la acusación de Netanyahu en los casos 2000 y 4000.
Según el diario La Vanguardia de Barcelona, el caso 2000 investiga un presunto intento de pacto entre Netanyahu y Arnon Mozes, editor de uno de los diarios de mayor difusión de Israel, el Yediot Aharonot, para recibir una cobertura favorable.
Por su parte, el denominado caso 4000, que es considerado el más grave, analiza si Netanyahu favoreció al magnate de la comunicación y principal accionista del Grupo Bezeq y el portal de noticias Walla, Shaul Elovitch, a cambio de una cobertura positiva para él y su familia entre 2012 y 2017, según informó el diario catalán.
Durante la instrucción, la Policía también recomendó acusar a Netanyahu por delitos de soborno, fraude y abuso de confianza en los casos 1000 y 2000, y junto a su esposa en el caso 4000.
El equipo del fiscal todavía no habría decidido la opinión legal sobre el caso 1000 que investiga la recepción de regalos de lujo, por valor de 282 mil dólares a cambio de favores, según informó el portal digital israelí Times of Israel.
Netanyahu ha negado su implicación reiteradamente y mantiene que “nada habrá porque nada hubo”.
La recomendación de la Fiscalía reitera el pedido de la Policía cursado el 2 de diciembre, cuando se recomendó acusar al primer ministro por cargos de soborno.
La policía israelí informó que había encontrado pruebas para inculpar al primer ministro y a su esposa, por cargos de soborno, fraude y abuso de confianza.
La policía ya había recomendado inculpar al primer ministro por aceptar regalos de empresarios multimillonarios y por haber presuntamente utilizado su poder político, para influir en la promoción de leyes que beneficiaban a un medio de comunicación, también a cambio de obtener noticias que potenciaran su mandato.
El primer ministro negó cualquier delito, desestimando las acusaciones y alegando que se trata de una caza de brujas orquestada por medios de comunicación: “Las recomendaciones de la policía sobre mí y mi esposa no sorprenden a nadie. Estas recomendaciones se decidieron y se filtraron incluso antes de que comenzara la investigación», aseguró.
Sesenta testigos comprometen a Netanyahu
El “caso Bezeq” es el más grave de todos en los que Netanyahu está involucrado. Dos de sus principales confidentes pasaron a ser testigos estatales y se cree que proporcionaron a la policía pruebas incriminatorias.
Antiguos trabajadores del portal de noticias Walla (perteneciente a Bezeq) aseguraron haber sido presionados para guardar silencio sobre informaciones que pudieran perjudicar a Netanyahu. Por su parte, la policía dice que la investigación, que incluyó el testimonio de 60 testigos, reveló que Netanyahu y el jefe de Bezeq, Shaul Elovitch, mantenían una “relación basada en sobornos”.
Según informaron las autoridades policiales, entre 2012 y 2017, el primer ministro y sus socios “intervinieron abiertamente” casi a diario en el sitio de noticias Walla, y utilizaron su cercanía a Elovitch para influir en las publicaciones, promover artículos e imágenes que les conviniera y censurar publicaciones que perjudicaran la imagen del mandatario.
Las exigencias de renuncia por parte de la oposición no tardaron en llegar: «¡Soborno! La Policía israelí recomienda presentar una acusación por soborno contra el primer ministro. Netanyahu debe irse antes de que destruya a las agencias que aplican la ley para salvar su propia piel. El pueblo judío merece un liderazgo limpio. Elecciones ahora», exigió Tzipi Livni, dirigente de Campo Sionista, la principal fuerza de oposición en el Parlamento israelí.
Pero sus compañeros del partido gobernante, Likud, salieron a la defensa atacando al comisionado saliente de policía, Roni Alsheikh, por haber hecho la recomendación en su último día en el trabajo. El Gobierno ha decidido retrasar el nombramiento del sucesor de Alsheikh.
Por el momento, las autoridades permanecen a la espera de los lineamientos de la Fiscalía General de Israel, que deberá decidir si presenta o no cargos contra el mandatario y su esposa, Sara Netanyahu, a quien la policía también acusa de “la interrupción de procedimientos de investigación y judiciales”.
La esposa del mandatario fue acusada en reiteradas ocasiones de haber derrochado el dinero de las arcas públicas en compras personales, así como de haber maltratado a personas que trabajaban para ella.
