Lifschitz celebró la baja de heridos por pirotecnia y siniestros viales durante el fin de semana de Navidad, aunque lamentó la suba de homicidios dolosos. Organizaciones complejas desarticuladas y balaceras a edificios oficiales y domicilios de jueces “esclarecidas”. Una mirada optimista para el balance criminal del año.
El gobernador Miguel Lifschitz calificó como “muy positiva” la evaluación en materia de heridos por pirotecnia y siniestros viales del fin de semana largo de Navidad aunque debió lamentar que “vamos a terminar el año con 30 homicidios más que el año pasado”, crecimiento que explicó por la caída de asesinatos de 2017 cuya cifra “había sido muy baja”. Asoció el aumento del uso de la violencia letal a que “se desarticularon prácticamente todos los grupos delictivos que operaban en la provincia de Santa Fe” y eso produjo un reacomodamiento de sus segundas y terceras líneas. Sobre las balaceras a edificios públicos y domicilios particulares de operadores judiciales que alborotan a la opinión pública, el mandatario afirmó que esos casos “están todos esclarecidos o se están esclareciendo”. En resumen, el que se va es un año con pocos cohetes y muchos cohetazos.
Suben y bajan
Las cifras de homicidios dolosos en el departamento Rosario volvieron a subir luego de un bienio en caída. Cuando faltaban tres días para terminar 2018 se habían reportado 183 asesinatos, por encima de los 162 registrados el año pasado y de los 179 de 2016, según los datos suministrados por el Ministerio de Seguridad santafesino.
Si se toma la serie histórica es posible alegrarse o angustiarse. Los datos de este año permanecen por debajo del pico de muertes violentas ocurridos en 2013 en el departamento Rosario, cuando la cifra trepó a 271 casos y llevó la tasa de asesinatos cada cien mil habitantes a más de 21. Similar a las ciudades más violentas de Latinoamérica.
Ese año estuvo marcado por los asesinatos de Claudio Pájaro Cantero, el jefe cerebral de Los Monos, que desató cuatro crímenes por venganza en pocos días. También por el homicidio a fin de año de Luis Gringo Medina, el empresario narco que había dejado la ciudad para instalarse en un country de Pilar, provincia de Buenos Aires. Junto a él fue acribillada su amiga Justina Pérez Castelli, cuyo padre caería bajo las balas dos años y medio después. Como mensaje mafioso le cortaron una oreja.
Sin embargo, si los números de asesinatos de 2018 se comparan con los de 2006, el contraste es desolador: aquél año los homicidios dolosos fueron 89 en el departamento Rosario.
De acuerdo a las estimaciones del gobernador, este año Santa Fe registrará alrededor de 30 homicidios más que en 2017 en todo el territorio provincial. Para Lifschitz, existe una explicación: “Hay que tener en cuenta que la del año pasado había sido muy baja respecto de 2016”.
Vamos las bandas
“Quiero hacer un especial reconocimiento a las fuerzas policiales, también al trabajo del Ministerio Público de la Acusación (MPA), que en un esfuerzo mancomunado han permitido desarticular prácticamente todos los grupos delictivos que operaban en la provincia de Santa Fe y en la ciudad de Rosario”, sostuvo Lifschitz el miércoles 26 de diciembre, durante una rueda de prensa en la que estuvo acompañado por el titular de Seguridad, Maximiliano Pullaro.
El gobernador dijo en esa ocasión que “en la mayoría están con sus responsables detenidos y condenados, o procesados o en algún caso prófugo, pero todos bajo la persecución de la Justicia”.
Valoró además la actuación de jueces y camaristas de la Justicia ordinaria “que han producido condenas realmente ejemplares, y han confirmado esas condenas a pesar de los actos de amedrentamiento que ha sufrido la Justicia”. La novedad criminal de este año ha sido, sin dudas, las coberturas de municiones sobre fachadas y vidrios.
“También la Justicia Federal –continuó el gobernador– que avanzó en causas importantes vinculadas a las Los Monos con condenas ejemplares”.
Entre abril y noviembre una parte importante de la banda Los Monos –que incluye a sus actuales jefes y al antiguo líder– fue objeto de condenas con altas penas tanto por delitos ordinarios –homicidios, asociación ilícita, amenazas, cohecho, lesiones, portación ilegal de armas– como por otros de índole federal: narcotráfico.
El tiempo que uno de los cabecillas, Ariel Máximo Guille Cantero, estuvo detenido con prisión preventiva fue demostrativo de que la vida intramuros no implica, per sé, el cese de las hostilidades.
Cantero acumuló en ese tiempo un procesamiento por secuestro extorsivo, un proceso como organizador de tráfico de estupefacientes –por el que fue condenado– y siete casos de amenazas mediante tiroteos a edificios públicos y domicilios de jueces en calidad de autor intelectual.
Este año también fue condenado por elaboración y comercio de estupefacientes Delfín Zacarías, su familia y allegados, otro “peso pesado” del submundo narco de la región que operaba en la zona norte, con extensiones hasta San Lorenzo.
Sobre finales de año también cayó detenido el ex promotor pugilístico y empresario Luis Paz, padre del joven asesinado en 2012 Martín Fantasma Paz cuyo crimen –irresuelto- derivó en el juicio a Los Monos-, sindicado como otro jugador relevante, sobre todo en el lavado de activos generados por la venta de drogas.
Restringida la libertad de los líderes de las bandas más significativas –lo que no es equivalente a su capacidad operativa–, el gobierno apunta ahora a interferir en “otros negocios” que continúan funcionando a pesar de la suerte procesal de los cabecillas.
“Estamos avanzando sobre otros negocios de los grupos, negocios semilegales o paralegales, como remiserías truchas, boliches, empresas de transporte, usurpación y venta de viviendas”, enumeró Lifschitz al realizar el balance del año. “Estamos avanzando en la persecución penal”, siguió, a pesar de que esa esfera está limitada a las funciones del Poder Judicial.
Según fuentes oficiales, la balacera al Concejo Municipal de mediados de este mes se explicaría por la decisión del cuerpo de incrementar de 1.500 a 20 mil pesos las multas a los propietarios de remises truchos, sin habilitación.
¿Por qué? “Porque Los Monos manejan los remises truchos del casino”, afirman. Lo mismo habría ocurrido con el último tiroteo al Centro de Justicia Penal y los tribunales provinciales ocurridos el 11 de diciembre, un día después de que el municipio clausurara el boliche Fire –fuego, en inglés– de bulevar Oroño y Uriburu, cuya propiedad se adjudica a la banda del barrio La Granada.
Bang bang, estás tiroteado
Lo distintivo de este año que termina en materia criminal y de seguridad fue, sin duda, las dos decenas de balaceras que desgranaron fachadas de edificios judiciales e inmuebles particulares vinculados –con anterioridad o actualmente– a operadores judiciales que tuvieron alguna participación en el proceso local a Los Monos.
La modalidad de encargar tiroteos como mensaje directo para el cobro de deudas o el reintegro de vueltos que descansan en bolsillos equivocados no es novedosa, por cierto.
Sí, en cambio, que ese mecanismo sea empleado contra domicilios particulares de magistrados y edificios públicos del Poder Judicial, a modo de amedrentamiento.
Lifschitz no se amilanó ante el nuevo fenómeno porque, dijo, la mayoría están esclarecidos o en vías de ser elucidados por la Justicia.
“En relación a las balaceras que fue el hecho más llamativo y atípico, hubo un primer grupo de balaceras que se produjeron allá por el primer semestre que fueron todas ellas esclarecidas”, puntualizó el mandatario.
Dijo que “hay 15 detenidos e imputados, dos prófugos, y una (mujer) que fue detenida recientemente”. Además, completó, “se realizaron más de 200 allanamientos y está probada la autoría intelectual o ideológica de esas amenazas en la figura de Guille Cantero, detenido, condenado y ahora en una cárcel federal en Ezeiza”.
Acerca de la segunda tanda de tiroteos, ocurrida entre noviembre y diciembre, el gobernador se mostró optimista en cuanto a su pronta resolución judicial.
“El resto de las balaceras que se produjeron en estos días más recientes, el primer grupo del Ministerio Público de la Acusación y de los Tribunales, está muy avanzada la investigación, hay una mujer detenida, está imputada por haber sido cómplice de la maniobra con tareas distractivas a la guardia del MPA para permitir la balacera posterior”, dijo, para agregar: “Estamos cerca de encontrar a los responsables”.
En tanto, “la ocurrida en el Concejo Municipal también está avanzada la investigación y esperamos tener novedades en los próximos días”, puntualizó.
Lifschitz dijo que “más allá de la gravedad que estos hechos adquieren y la repercusión que tienen, prácticamente todos los casos están esclarecidos o se están esclareciendo”.
Como hablándole a chicos de mal comportamiento, les advirtió a potenciales autores de balaceras por venir que no les conviene: “Por lo cual, podemos advertirle a los que quieran utilizar estas metodologías en el futuro que más temprano que tarde van a ser descubiertos”. Porque, explicó, “tenemos fiscales e investigadores policiales que están muy preparados”.
Funes vs Caminos, un año después
El año que en estos días concluye se inició con una saga sangrienta de homicidios por interminables venganzas cuyo origen ya se hace engorroso rastrear. El enfrentamiento entre las familias-bandas Caminos y Funes en el barrio Municipal y Tablada, del sur de la ciudad, salpicó sangre y esparció plomo entre enero y febrero. Los protagonistas, incluso, exponían en aquel verano sus instintos tanáticos a través de las redes sociales. En diciembre, algunos de ellos fueron imputados y otros condenados, aunque nada de eso garantice necesariamente la paz social de esas barriadas donde el estrabismo estatal demoró demasiado en enfocarse.
Brisa Belén Amaral, una adolescente de 18 años, fue condenada esta semana a través de un juicio abreviado a tres años de prisión efectiva por integrar una asociación ilícita liderada por la familia Funes.
Su nombre trascendió el 4 de febrero pasado cuando fue testigo del asesinato de diez disparos de su amigo Jonathan Bam Bam Funes, acribillado tras visitar en la cárcel de Piñero a sus hermanos Lautaro y Alan Funes (acusado por homicidio).
Además, Amaral tiene un procesamiento de mayo pasado por comercio de estupefacientes como miembro de una banda conducida desde la cárcel por René Ungaro, condenado por el asesinato en marzo de 2010 del ex jefe de la barrabrava de Newell’s Old Boys Roberto Pimpi Caminos.
Una hermana de Ungaro, Daniela, que fue pareja del empresario narco asesinado en diciembre de 2013 Luis Gringo Medina (42), también fue procesada en la misma causa, al igual que su hija.
El otro condenado en la misma causa que Amaral fue Pablo David Miranda, de 42 años, tío de los hermanos Funes, por los mismos cargos, aunque en su caso la sentencia la cumplirá en libertad.
El clan Funes, liderado por Jorge Gordo Funes, padre de varios varones, emergió a la luz pública los primeros días de este año cuando tras el asesinato de uno de sus miembros, Ulises (28), el 7 de enero, su hermano “Lamparita” (23) escribió desde la cárcel donde estaba detenido que “la guerra no terminó” y prometió: “Va a terminar cuando los mate a todos, hasta la generación más chica o me maten a mí”.
Otro de sus hermanos que en ese momento estaba prófugo, Alan Funes (20), tuvo una reacción similar en Facebook: “Juro por mi hija que los mato a todos. Uno por uno los voy a matar a estos giles hijos de puta sin sangre, que no les da la nafta para pegarme a mí”.
Según los investigadores, las promesas de venganza tenían como destinatarios los miembros de la familia Caminos, que lideró el ex jefe de la barra Leprosa, Pimpi, con quienes los Funes mantienen una disputa territorial por el narcomenudeo.
Alexis Camino, hijo del barra asesinado, está acusado de haber matado en marzo de 2016 a Mariela Miranda, la madre de los hermanos Funes.
También su nombre regresó a los medios de comunicación esta semana cuando fue imputado, junto a otras 22 personas, de lo mismo que sus rivales: liderar una asociación ilícita.
La mayoría de los acusados fueron detenidos la semana pasada durante 27 allanamientos en los que fueron demoradas 44 personas y secuestradas 2.800 dosis de cocaína.
La banda de “El Alexis”, como se lo conoce al joven de 22 años en el Barrio Municipal, está señalada por controlar el territorio de ese Fonavi del sur de la ciudad para la venta de drogas al menudeo mediante usurpaciones y amenazas a los vecinos para que abandonen sus domicilios.
El juez José Luis Suárez aceptó durante una audiencia imputativa las acusaciones de los fiscales Viviana O’Connel y José Luis Caterina contra los veintitrés detenidos.
Los fiscales describieron los roles de cada uno e indicaron que el grupo tenía como fin “cometer delitos indeterminados contra la propiedad, la libertad y la integridad física de las personas”.
Según la acusación, Alexis Caminos “ejerce una jefatura clara y contundente que se evidencia a través de cómo se relaciona con el resto de los miembros de la banda” a quienes “da órdenes precisas y exige que los demás le rindan cuentas”.
Según los investigadores judiciales, el joven tomó unos años después el control de las actividades ilícitas que antes había desarrollado su padre en el mismo barrio, conocido como Pimpilandia.
Alexis está preso en la cárcel santafesina de Coronda desde fines de 2016 cuando fue detenido por Gendarmería, entonces acusado de dos homicidios, uno cuando tenía 16 años y otro que sería el disparador de una ola sangrienta: el asesinato en marzo de 2016 de Mariela Miranda (35), madre de los hermanos Funes.
Junto a Alexis fue imputado su primo, Fernando Andrés Caminos, alias “Andy”, considerado por los fiscales como su “mano derecha” y ejecutor de sus órdenes.
De acuerdo a la acusación, “Andy” Caminos ejercía ese rol desde la cárcel santafesina de Piñero, donde cumple prisión preventiva como presunto autor de un homicidio ocurrido en Navidad de 2016.
También fue imputado como miembro de la asociación ilícita un tío de Alexis, Fidel Antonio “Rengo” Caminos, padre de otros tres acusados, los hermanos Fernando, Antonella, Matías y Caren Caminos.
Un primo del sindicado como organizador de la banda, Emiliano Jesús Sosa, fue señalado por los fiscales como “encargado de los «soldaditos» y distribuidor de drogas” en los puntos de venta de la banda, al igual que su pareja Karen Bruno.
Otra mujer, Mariela Urraca, fue acusada como parte del “círculo de confianza” de los primos Alexis y Andy Caminos y quien supuestamente ejecutaba las órdenes que provenían de la cárcel.
Por su parte, Antonella Fernanda Caminos fue sindicada como quien “organizaba y administraba el capital monetario” de la banda.
