El sindicato de docentes universitarios rechazó la iniciativa de Cambiemos de bajar la edad de punibilidad, y aseguró que “el discurso de mano dura es una herramienta para desplazar de la agenda a los problemas económicos”. También hubo oposición desde la provincia.
“Mientras se profundiza la recesión, el gobierno apuesta a la demagogia punitiva”, aseguraron desde el gremio de docentes de la UNR en un comunicado de prensa, en el que afirmaron que “en los últimos tiempos el gobierno nacional intensificó sus iniciativas punitivistas”.
Coad recordó que “el ataque discursivo a las organizaciones sociales, gremiales y de derechos humanos a la represión de movilizaciones y protestas –que alcanzó un pico máximo en diciembre de 2017– fue acompañado con una escalada de medidas a tono con el discurso de la mano dura».
“La tristemente célebre doctrina Chocobar –que habilita a las fuerzas de seguridad a dar sentencia de muerte– es una de las expresiones más nefastas (e ilegal) de la demagogia punitiva a la que el gobierno, con el apoyo explícito o el silencio cómplice de una parte importante de la dirigencia política, echa mano”, continúa el escrito.
En este marco, los profesores nucleados en Coad afirmaron que “poco importan las estadísticas que enseñan la baja incidencia de adolescentes o extranjeros en la comisión de delitos: el discurso de mano dura es una herramienta para desplazar de la agenda a los problemas económicos y tiene, también, una finalidad electoral”.
“Desde nuestro sindicato repudiamos la agenda punitivista que impulsa el gobierno nacional y queremos llamar la atención ante los discursos de odio que se amplifican en el espacio público”, agrega el comunicado, y concluye: “Consideramos que, a diferencia de la alusión que hiciera el rector Héctor Floriani sobre las y los extranjeros, la Universidad tiene que aportar al debate público desde el polo opuesto a los discursos xenófobos y estigmatizantes que sólo generan más violencia e inseguridad”.
Rechazo de la provincia
El secretario de Juventudes de Santa Fe, Pablo Lamberto, destacó que “no se debe caer en el discurso que pretende instalar el debate de la inseguridad vinculada a los jóvenes estigmatizando” y rechazó la iniciativa oficialista de bajar la edad de imputabilidad. Al mismo tiempo, consideró necesario un nuevo régimen penal juvenil “que respete las garantías constitucionales y en donde las penas privativas sean la excepción y no la regla”.“Como Estado no se puede sancionar con mayor antelación a aquellos sujetos que han visto vulnerados sus derechos desde niños y no visualizan oportunidades concretas para su desarrollo, como pretende hacer el Gobierno nacional. La violencia no se resuelve bajando la edad de imputabilidad, lo que tienen que bajar es la pobreza y la desigualdad social. Los jóvenes no son el problema, ellos están en problemas al ser los más perjudicados dentro de una Argentina que excluye, con números alarmantes en relación al empleo juvenil», aseguró Lamberto.
Asimismo, el secretario de Juventudes de la provincia resaltó que “todos los niveles estatales, los distintos poderes y los actores sociales deben trabajar en conjunto para promover el desarrollo de las condiciones de vida digna y el cumplimiento de los derechos”.
“El eje debe ser garantizar derechos y una igualdad social, con un abordaje preventivo desde las políticas públicas que garanticen el acceso a la salud, educación, una vivienda, alimentos y contención social. Es necesario repensar el rol del Estado, apostando a la educación y la participación ciudadana”, afirmó Lamberto.
En ese sentido, el funcionario provincial instó a “no distraerse de la compleja situación económica del país, atravesada por la exclusión social, con números muy altos en cuanto a la pobreza”. Y coincidió con las declaraciones del ministro de Justicia santafesino, Ricardo Silberstein, al sostener que “a comienzos de 2017 desde la Nación intentaron instalar el mismo tema, también en el inicio de un año electoral, quizá se intenta desviar el foco o les rinde la mano dura para la campaña”.
De igual forma, Lamberto subrayó que “penar una situación de los delitos cometidos por niños menores de 16 años en términos estadísticos resulta irrelevante”, y remarcó que “el Estado debe llevar adelante políticas activas e integrales que intervengan con prevención, contención e inclusión social, brindando soluciones desde una lógica participativa y desestigmatizante”.
Por último, el secretario de Juventudes remarcó “la falta de un código procesal penal juvenil”, ya que “se está generando una situación de injusticia para los menores de edad”, y consideró necesario un nuevo régimen penal juvenil, “que no disminuya la edad de imputabilidad, que respecte las garantías constitucionales y los tratados internacionales de Derechos Humanos y en donde la penas privativas de libertad como sanción sean la excepción y no la regla”.
