El Sindicato de Vialidad denunció que las obras no salen 40% menos, como pregona el presidente Mauricio Macri, sino que se realizan con un sobreprecio nueve veces mayor al del valor original. La “patria contratista” nunca murió.
Según publicó este lunes el diario Página 12, “el tramo más importante de la construcción de la ruta 8, entre Pilar y Pergamino, fue licitado por el kirchnerismo, en 2015, por 285 millones de pesos. Pero ahora se le pretende pagar a Iecsa, la empresa que fuera del primo de Mauricio Macri, nada menos que 2.500 millones de pesos, nueve veces más del valor original”.
El artículo, firmado por Raúl Kollmann, da cuenta de que la Dirección Nacional de Vialidad de Macri “autorizó un rediseño de la obra con el argumento que bajaría los costos”, lo cual estaría en sintonía con la prédica del mandatario, que promueve la austeridad en el manejo de los fondos públicos, y siempre contrasta con el presunto “despilfarro” de los gobiernos kirchneristas.
Pero en realidad –sin tener en cuenta la inflación– la obra mencionada “derivó en un aumento del 120 por ciento a precios constantes. Esto obligaba a una nueva licitación, porque ya no se trataba del proyecto anterior. Sin embargo, el adjudicatario siguió siendo el mismo: Iecsa, que perteneció a Angelo Calcaterra”, reveló el diario porteño.
Kollman indica que “la obra de Pilar a Pergamino está dividida en nueve tramos: a los dos tramos contiguos al de Iecsa se les autorizó un aumento del 35 y el 45 por ciento, mientras que el de Iecsa justito recibió un incremento del 120 por ciento y en total, con la actualización por inflación y costos más altos, el aumento es del 877 por ciento”.
La denuncia que llevó adelante la secretaria general del Sindicato de Trabajadores de Vialidad Graciela Aleña desmiente en forma categórica las aseveraciones de Macri, quien sostiene que las obras que licita Cambiemos son un 40 por ciento más baratas que las del kirchnerismo.
El gremio presentó su contundente denuncia en los tribunales federales de Comodoro Py, y como viene sucediendo en los últimos años, el el sorteo siempre hace caer las causas más incómodas para el macrismo en juzgados “amigos” del Gobierno, en este caso en el que encabeza el juez Julián Ercolini
Lo llamativo es que ese magistrado es el mismo que instruyó la causa de la obra pública contra el kirchnerismo por el desarrollo vial de Santa Cruz, y el que falla invariablemente a favor de Cambiemos.
Ercolini, recuerda Kollman, “elevó la causa a juicio considerando a Cristina Fernández de Kirchner como jefa de una asociación ilícita porque en la provincia de Santa Cruz se permitieron readecuaciones de precios y prórrogas en las obras. Con la misma lógica debería imputar a Mauricio Macri, algo que sería delirante como es delirante la acusación contra CFK por las rutas de Santa Cruz que ni licitó ni adjudicó ni controló”.
La denuncia de los trabajadores de Vialidad es contra el ex titular de esa repartición, Javier Iguacel, el mismo que denunció a CFK y todas las autoridades que lo antecedieron por presuntos aumentos en la obra vial de Santa Cruz, “muy inferiores a los que Iguacel firmó en el tramo Pilar-Pergamino”.
Página 12 destaca que “la maniobra original de Iguacel, al principio del gobierno de Macri, fue grotesca. Asumió como titular de Vialidad el 12 de enero de 2016 y al día siguiente, en su resolución número 1, ordenó una auditoría de las obras viales. Pero no dispuso que fuera a todas las obras viales del país sino a un único distrito: Santa Cruz. O sea, sólo le importó acusar al kirchnerismo”.
Lo más increíble es que de esa auditoría ordenada por Iguacel surgió que la diferencia entre la obra realizada y la obra cobrada era de un irrisorio 0,1 por ciento, pese a lo cual Iguacel hizo la denuncia penal contra viento y marea, el dispositivo de Comodoro Py se encargó de ampliar esos márgenes.
La obra en cuestión
Los contratos del mencionado tramo II B de la ruta Pilar-Pergamino, adjudicado a Iecsa, se firmaron en junio de 2015. El presupuesto contemplaba 315 millones de pesos, pero la adjudicación fue por 285 millones, esto es, no sólo no había sobreprecio, sino que se adjudicó con un 15 por ciento de descuento. La obra debía ser entregada en junio de 2017.
La denuncia de los trabajadores de Vialidad es impiadosa: “Sin razón que lo justifique, el equipo de Iguacel decidió modificar el proyecto que ya estaba contratado y en ejecución”,algo que desde el punto de vista jurídico implica un nuevo llamado a licitación, porque se cambió la obra y se violó el principio de igualdad, al no darle chances a las empresas que se habían presentado.
“Los técnicos de Vialidad –cuenta Aleña– desaconsejaron esas decisiones, pero todo siguió adelante. La ley dice que cuando se alteran los términos de una licitación en un 80 por ciento corresponde hacer una nueva licitación. Aquí el incremento que se otorgó fue del 120 por ciento”, relata Kollman.
Iguacel argumentó, curiosamente, que la nueva traza implicaría “una reducción de costos y una obra más eficiente”, pero –si se toman los valores de origen– a Iecsa, la empresa de Calcaterra, se le autorizó un incremento del presupuesto de los 285 millones originales a 628 millones, todo cuantificado a valores de 2015.
Si se calculan las actualizaciones, “resulta un precio actual y vigente de 2.001 millones de pesos”, indicó Aleña, quien además le confió a Página 12 que, a la fecha, el Estado pagará por la obra 2.500 millones de pesos, o sea un 877 por ciento más que lo establecido originalmente.
Lo peor de todo es que la obra modificada supone, según la denuncia de los trabajadores, evitar “la construcción de un puente… y presenta una menor longitud, de aproximadamente 800 metros”. En síntesis, menos recorrido, menos puentes, pero más caro. Austeridad cero.
Para finalizar, Kollman señala que “en la denuncia del sindicato de Vialidad se consigna que los precios promedio, comparados con las obras que se están haciendo, son un 37 por ciento más altos, evaluación hecha por la Oficina de Costos. Es, de hecho, una denuncia de sobreprecios y lo contrario de lo que dice el Presidente: la obra no sale un 40 por ciento menos que durante el kirchnerismo, sino casi un 40 por ciento más”.
